Dos investigaciones; Ruffo la armaron, los marinos sigue navegando -

Uno de los principios esenciales del Estado de derecho es que la ley debe aplicarse con el mismo rigor a cualquier persona. Sin embargo, cuando dos investigaciones federales muestran ritmos tan distintos, la percepción de igualdad comienza a resquebrajarse.

El caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel avanzó con notable rapidez. En pocos días, la Fiscalía General de la República reunió elementos para judicializar el asunto y solicitar la intervención de un juez. La velocidad con la que actuó la autoridad demostró que, cuando existe decisión institucional, las investigaciones pueden desarrollarse con celeridad.

El contraste con el expediente relacionado con la presunta red de huachicol fiscal atribuida a mandos de la Secretaría de Marina resulta inevitable. Después de aproximadamente un año de investigación, la propia Fiscalía continúa desahogando pruebas. La reciente comparecencia de siete marinos, promovida por la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, confirma que el expediente aún no ha concluido su integración.

La pregunta surge por sí sola: ¿cómo puede sostenerse una acusación robusta cuando todavía siguen apareciendo diligencias que la propia autoridad considera procedentes?

Más inquietante aún resulta la ausencia del principal testimonio institucional: el del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el periodo en que ocurrieron los hechos investigados. La defensa ha solicitado en diversas ocasiones que rinda declaración para esclarecer la cadena de mando, pero esa diligencia no se ha concretado.

Escuchar al entonces titular de la Marina no significa convertirlo en responsable. Tampoco implica prejuzgar su actuación. Significa, simplemente, que una investigación seria debe escuchar a quien ocupaba el más alto nivel de mando. Si su actuación fue correcta, su declaración podría fortalecer la investigación. Si existieran elementos relevantes, corresponderá exclusivamente a la Fiscalía y, en su caso, a los tribunales valorarlos.

La demora también tiene consecuencias jurídicas y sociales. Una investigación prolongada puede debilitar pruebas, afectar el derecho de defensa, prolongar la incertidumbre de los imputados y deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia.

El verdadero problema ya no es únicamente cuánto tiempo ha transcurrido. Lo preocupante es la percepción de que existen investigaciones que avanzan con extraordinaria rapidez y otras que parecen caminar con una cautela difícil de explicar. La justicia debe ser imparcial, pero también debe parecerlo.

Hoy la Fiscalía tiene la oportunidad de disipar esas dudas. Si considera que el almirante Rafael Ojeda Durán no tiene información relevante, debería explicar públicamente las razones jurídicas de esa decisión. Si, por el contrario, su testimonio puede contribuir a reconstruir los hechos, no existe justificación para seguir postergándolo.

La justicia no se mide por el número de expedientes abiertos ni por la cantidad de personas investigadas. Se mide por su capacidad para llegar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones, sin privilegios y sin importar el rango de quienes deban comparecer.

Irá viniendo, iremos viendo porque, al final, la pregunta que permanece en el ambiente no es si habrá responsables. La verdadera pregunta es si todos los que puedan aportar información relevante serán llamados a rendir cuentas bajo el mismo estándar de justicia.