Defender la libertad de expresión es defender la democracia -

Sorprendió y provoco polémica la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al PRI dejar de utilizar la expresión «Morena es un narcopartido» ha reabierto un debate que trasciende la competencia electoral: ¿hasta dónde puede llegar una autoridad administrativa para limitar el lenguaje utilizado en el debate politico?

En México, los debates públicos a la Presidencia de la República han tenido múltiples episodios donde los candidatos han intercambiado ofensas, apodos y descalificaciones personales notables:

Debates del año 2000: Francisco Labastida (PRI) se quejó públicamente en el debate de que Vicente Fox (PAN) lo había ofendido previamente llamándolo «La vestida» y «mariquita».
Debate de 2018 (Segundo Debate): Considerado uno de los más agresivos. Andrés Manuel López Obrador apodó a Ricardo Anaya como «Ricky Riquín Canallín» y amagó con esconder su cartera cuando Anaya se le acercó. En esa misma edición proliferaron palabras como «canalla, cínico, mentiroso, hipócrita, demagogo y farsante» entre los aspirantes.
Debate de 2018 (Tercer Debate): López Obrador se refirió a sus contrincantes como la «tercia maldita».
Debates de 2024: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum intercambiaron fuertes ofensas personales. Gálvez llamó a Sheinbaum «dama de hielo» y «falsa», mientras que Sheinbaum la calificó de «corrupta», «mentirosa» y vinculada al «Cártel Inmobiliario»

Quise compartir esos eventos, en los cuales el INE nunca se manifestó y tampoco hubo queja de los participantes.

A que se debió el cambio?. Morena es muy sensible a que lo ataquen? cuando hace solo 12 años su candidato Lopez Obrador insultó a sus contrincantes, lo mismo sucedió hace 3 años cuando Sheinbaum y Xochilt se trenzaron en una serie de descalificaciones y agresiones. Qué le paso a Morena? Ahora que están en el gobierno, no van a permitir el lenguaje político en su contra, cuando ellos si lo hace. Esta raro

No está en discusión que las autoridades electorales deban garantizar la equidad en las contiendas. Lo que sí merece un análisis profundo es si esa atribución puede extenderse al punto de restringir expresiones políticas, especialmente cuando la Constitución protege de manera amplia la libertad de expresión.

Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus ideas, prohibiendo la censura previa. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen la libertad de pensamiento y de expresión como pilares de toda sociedad democrática.

La crítica política, incluso cuando resulta dura, incómoda o exagerada, forma parte del debate democrático. En toda democracia consolidada, quienes ejercen el poder y los partidos políticos deben soportar un mayor nivel de escrutinio por parte de la ciudadanía, los periodistas y los medios de comunicación.

La resolución del INE obliga directamente a un partido político dentro del ámbito de la propaganda electoral. Sin embargo, el debate público no termina ahí. Es legítimo preguntarse si este tipo de criterios podrían generar un efecto inhibidor en ciudadanos, comunicadores y analistas que participan diariamente en la discusión de los asuntos públicos.

Los ciudadanos no son voceros del Estado ni de los partidos políticos. Su derecho a opinar nace de la Constitución, no de la autorización de una autoridad administrativa. De igual forma, los periodistas y medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar con rigor, distinguir entre hechos y opiniones y sustentar sus afirmaciones, pero también tienen el derecho de cuestionar al poder sin presiones ni censura.

La democracia no se fortalece limitando las palabras; se fortalece respondiendo a las críticas con argumentos, información y transparencia. Cuando una autoridad comienza a definir qué expresiones son aceptables en el debate político, inevitablemente surge la preocupación por la protección efectiva de uno de los derechos fundamentales más importantes de una sociedad libre.

En Arjé Noticias México sostenemos que la libertad de expresión constituye la primera línea de defensa de la democracia. Defenderla no implica respaldar una determinada frase, partido o ideología; significa proteger el derecho de todos los mexicanos a expresar sus opiniones, fiscalizar a quienes gobiernan y participar sin miedo en el debate público.

Porque cuando la libertad de expresión comienza a limitarse, la democracia también empieza a perder espacio.

Irá viniendo, iremos viendo que resuelve el TEPJF cuando el PRI presente su demanda. Será interesante conocer la decisión y sus argumentos.