Y el oficialismo sigue abriendo frentes: Gustavo A Vicencio -

“Si le mientes al gobierno es un crimen,

Si el gobierno te miente a ti es política”

Bill Murray

La presidente Sheinbaum puso a consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto, los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El discurso oficial suena impecable: los espectadores merecen información veraz, oportuna y distinguible de la opinión. Pero detrás del envoltorio supuestamente bien intencionado hay una pregunta que el gobierno prefiere no responder de frente: ¿quién decidirá qué es verdad y qué es mentira cuando el árbitro es una comisión que depende, en los hechos, del propio poder que se quiere fiscalizar?

La respuesta, lamentablemente, es previsible. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podrá imponer multas de hasta el 1% de los ingresos anuales de un concesionario. Para una estación grande eso es una cifra que puede quebrar una operación entera. Y esa capacidad de sanción no recaerá sobre un tribunal autónomo, sino sobre un órgano regulador cuya «autorregulación» depende de defensorías designadas por los propios medios y de una comisión que, hasta ahora, no ha mostrado ninguna independencia real frente al oficialismo. No hace falta demasiada imaginación para anticipar el patrón: la crítica incómoda se calificará de «desinformación»; la propaganda oficialista, por más que descanse en datos falsos o descontextualizados, pasará como «información veraz». Todo esto ocurre en un país donde, según el informe de Artículo 19, hubo 451 agresiones a periodistas en 2025 —una cada 19 horas— y donde el abuso del poder público como forma de amedrentamiento contra la prensa creció 7.3% respecto al año anterior. Entregarle a ese mismo aparato de poder una herramienta legal para sancionar económicamente al disenso no es proteger audiencias: es institucionalizar el amedrentamiento.

El calendario tampoco es inocente. Esta consulta avanza mientras la opinión pública debe atender otras causas en curso: la detención de Ernesto Ruffo, primer gobernador panista de Baja California, “coincidió” con la filtración de audios que vinculan a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila con presuntas negociaciones con autoridades estadounidenses sobre su visa cancelada y el manejo de información sensible de seguridad. La propia oposición ha llamado «cortina de humo» al arresto de Ruffo y lo ha calificado a él como “preso político”. El gobierno insiste en que son investigaciones independientes. Pero mientras al opositor se le abre juicio inmediatamente retorciendo los hechos, a la larga fila de morenistas involucrados con el narcotráfico, ni una invitación siquiera a declarar como testigos.

El gobierno sigue abriendo frentes con tal de desviar la atención de las acusaciones que caen sobre un buen número de sus líderes. No quitemos el dedo del renglón. Ni hablar, tendremos que concentrarnos en cada asunto a fin de presionar para que el autoritarismo no nos aplaste sin encontrar resistencia.

Insistiendo en que el tema central es que Marina del Pilar, Rocha Moya, Américo Villareal, Alfonso Durazo y demás lideres morenistas tienen cuentas pendientes con la justicia. En México hay infinidad de pruebas que el gobierno no quiere ver. Pero en Estados Unidos están siendo investigados y lo más seguro es que procedan en su contra ya que aquí no se les tocará. Morena es un narcogobierno. Recalquémoslo.
Seguir en defensa de Ernesto Ruffo, claramente preso político de este régimen protector de delincuentes y acusador de opositores. Habrá que sumarnos a cuanta causa ciudadana se levante y exigir a los partidos opositores mayor contundencia en su defensa.
Participar en todo el proceso de consulta pública de la iniciativa de derecho a las audiencias. Hasta el 21 de agosto cualquier persona puede presentar comentarios en portal.crt.gob.mx/consultapublica. El silencio ciudadano es, precisamente, lo que necesita este tipo de iniciativas para pasar sin resistencia.
Presionar a diputados y senadores —vía redes, cartas, organizaciones civiles— para que la ley defina con precisión qué es «desinformación» y no deje ese concepto a la discrecionalidad de la autoridad en turno.
Apoyar y difundir el trabajo de organizaciones de defensa de la libertad de prensa como Artículo 19, que documentan agresiones y pueden dar seguimiento legal a sanciones arbitrarias.
Documentar y denunciar públicamente cualquier aplicación desigual de la norma —sanciones a medios críticos, impunidad para voceros oficialistas— en cuanto ocurra, para que quede registro antes de que se normalice.

El trabajo de la Resistencia se acumula. Elijamos nuestras batallas a fin de seguir encontrando causas en común y lograr cada vez más cohesión ciudadana. Todavía tenemos espacios. No los dejemos perder.