Financiamiento ciudadano para los servicios de salud: César Arenas -

Mientras el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria del gobierno federal contempla una inversión de 181 mil millones de pesos para ampliar y modernizar la infraestructura hospitalaria en los próximos años, las protestas por las deficiencias en los servicios de salud continúan en distintas partes del país. El caso más reciente ocurre en el Hospital General del ISSSTE de Hermosillo (El Imparcial, 26 de junio).

A ello se suma el desafortunado “hallazgo” del Hospital Infantil de México, donde las autoridades detectaron alrededor de 18 millones de medicamentos caducados entre 2023 y 2024, lo que significó una pérdida superior a los 120 millones de pesos (La Crónica, 30 de junio). Si bien los problemas del sistema de salud no pueden explicarse únicamente por factores económicos, la insuficiencia de recursos parece estar afectando el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura hospitalaria, el abastecimiento de insumos y medicinas, así como la contratación del personal médico y administrativo necesario para ofrecer servicios de salud con responsabilidad.

Frente a las múltiples carencias del sector público, la ciudadanía ha planteado alternativas para obtener los recursos que contribuyan al sostenimiento de los servicios de salud. Algunas de estas iniciativas pueden encontrarse en las plataformas de activismo digital. En Change.org (2026), por ejemplo, se promueve una petición para que los recursos obtenidos en el Jalo Fest de Michoacán, se destinen a la compra de medicamentos, insumos y equipo médico. Tanto su promovente como quienes respaldan la petición, conocen las consecuencias que provocan la falta de insumos y medicinas en los pacientes.

Aunque la petición sigue siendo una propuesta en discusión, es posible que siga acumulando un mayor respaldo social y replicarse en todo el país debido a las necesidades generalizadas del sistema de salud y al aumento del número de festivales. Sin embargo, en México existe un mecanismo ciudadano funcional para la obtención de recursos. El 2027 no solo será un año electoral. También marcará el 30 aniversario del Teletón en México: el autodenominado, sistema privado de rehabilitación infantil más grande y mejor calificado del mundo (Teletón, 2026). El éxito de este modelo de recaudación de fondos descansa en una transmisión masiva y en la participación de artistas, deportistas, empresarios, políticos y ciudadanos, que apelan a las emociones de los televidentes para superar, año con año, la meta de recaudación.

Aunque las primeras experiencias de teletones surgieron en Estados Unidos durante la década de 1950, Chile fue el primer país en financiar la construcción de centros de rehabilitación médica a través de instituciones de asistencia privada, en 1978. Su éxito se convirtió en un referente internacional que fue replicado en diversos países, entre ellos México.

De acuerdo con su página oficial, el Teletón opera como una fundación sin fines de lucro integrada por empresarios mexicanos y autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos. Actualmente cuenta con 27 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), incluyendo un Hospital de Oncología, un Centro de Autismo y una universidad especializada en la formación de profesionales de la rehabilitación y carreras asociadas.

Durante casi tres décadas, millones de personas hemos participado, en algún momento, con donativos o promoviendo la recaudación, contribuyendo con la ampliación y sostenimiento de los servicios médicos para personas de escasos recursos con discapacidad, cáncer y autismo. Entre 1997 y 2025, la recaudación pasó de 138 a 427 millones de pesos, por lo que puede afirmarse que el Teletón es un mecanismo de fondeo estable y con amplio respaldo social.

Incluso, distintos gobiernos estatales y municipales han participado con donaciones de terrenos y recursos públicos, al grado que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU recomendó al país establecer límites para no trasladar las responsabilidades públicas a organizaciones de carácter privado, ni promover estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad (CRPD/C/MEX/1, Naciones Unidas, 2014).

En este sentido, la discusión sobre el financiamiento ciudadano para los servicios de salud hace evidente la necesidad de replantear la forma como se distribuyen las responsabilidades y los recursos del Estado para garantizar el derecho a la protección de la salud. El fortalecimiento del sistema de salud no puede depender exclusivamente de las decisiones de los gobiernos en turno, sino de una valoración socialmente compartida, transparente y regulada entre la ciudadanía, empresarios, organizaciones y gobierno. Eso sí marcaría una verdadera transformación.