Al despertar, el pacto-narco seguía ahí
La segunda parte de la narrativa las deslinda de toda relación pasado y presente con Rubén Rocha Moya e, incluso, hace que hablen mal de él y del senador Inzunza
Morena ha puesto en operación un intento desesperado por deslindarse de la alianza del ex gobernador Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa. El nombramiento de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina pretende llevar a su conclusión la administración sinaloense hasta las elecciones de junio de 2027. El partido Morena también nombró a la senadora Imelda Castro Castro como precandidata a la gubernatura de Sinaloa para las elecciones de 2027.
Los dos nombramientos fueron anunciados como bolas rápidas para no dejar vacíos en la política. Ambos nombramientos fueron acompañados con una narrativa precisa, compuesta de dos partes.
Primero se asegura que ambas son personas honestas y que no han tenido ninguna actividad relacionada con el Cártel de Sinaloa, a pesar de haber sido funcionarias de confianza de primer nivel en el gobierno de Rocha y, en el caso de Imelda, de ser senadora de Morena por Sinaloa, junto con el senador Inzunza.
La segunda parte de la narrativa las deslinda de toda relación pasado y presente con Rubén Rocha Moya e, incluso, hace que hablen mal de él y del senador Inzunza, públicamente. Su ex jefe político ahora resulta un personaje reprobable que cometió delitos que pueden ameritar una acción judicial.
Los dos nombramientos y las dos narrativas exigen, para ser creíbles, la benevolencia e ignorancia del público. Porque la ciudadanía sinaloense y nacional deben aceptar la insólita noción de que ambas funcionarias nacieron la semana pasada. Según la versión oficialista, ambas carecen de pasado y su mega ceguera hizo que no se percataron de las andanzas criminales del gobierno al que servían con ahínco y gran entusiasmo.
El indictment de Estados Unidos en contra de Rocha y nueve funcionarios describe con detalle novelesco el funcionamiento del acuerdo. Es importante recordarlo porque no es un pacto teórico o declarativo. Es todo lo contrario. Es un acuerdo donde el narco aporta a Morena dinero, armas y votos a cambio de colocar “sus” funcionarios encabezando la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público, la policía estatal, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaria de Obras.
Un negocio redondo para el Cártel de Sinaloa. Nunca hubiera imaginado que tendrían ese nivel de acceso y control sobre la administración pública del Estado.
Lo que subyace detrás del fracaso de los miles de efectivos federales en su esfuerzo por controlar la violencia en el estado es el hecho que el crimen organizado administra franjas importantes de la propia estructura gubernamental. Su arraigo dentro de las estructuras de gobierno y de la gestión públicas y privadas es de tal magnitud que solamente un “maxi proceso” al estilo italiano sería capaz de limpiar el estado de los dominios criminales que lo infestan.
Circulan en redes sociales datos que desmienten el deslinde que pretende la presidenta y Morena del pacto narco. Hay fotografías y videos que muestran, por ejemplo, a René Bejarano y Dolores Padierna con la famosa tía de los Chapitos, hermana del Chapo Guzmán, departiendo en una asamblea con sus partidarios.
En otro video se les observa escuchando atentamente a la tía quien arenga a militantes del PT, donde agradece al jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa por proteger a los ciudadanos del municipio donde realizan el evento. Así, las redes sociales confirman que continúa la relación de destacados militantes de Morena con los activos del Cártel de Sinaloa.
Ni Graciela Domínguez ni Imelda Castro tienen la fuerza política ni la impronta o necesidad de cambiar el sistema político impuesto por Rocha, con el apoyo del ex presidente López Obrador. El pacto sigue, desmejorado seguramente, pero sus signos vitales ahí están, como lo prueba la presencia militante de Bejarano y Padierna arropados por el Cártel.
La supuesta honestidad de la gobernadora impuesta y de la “candidata del pueblo” es un dato que se sumerge, inútil y cuestionado, en el fango del pacto Morena-narco que no cesa. Y no cesa porque también tiene vida en otros estados donde, al igual que Sinaloa en 2021, eligieron a sus gobiernos con el mismo método del pacto Morena-narco, con la consabida bendición presidencial.
Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Nayarit, Colima, Sonora, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Campeche y San Luis Potosí fueron tocados, en mayor o menor grado, con ese “manto protector” del narcotráfico. El virus criminal tomó fuerza y quiere continuar con el acuerdo tan fructífero para sus intereses pues fortalece su arraigo y consolidación. Además, no está de acuerdo en cancelar el pacto ante las elecciones del 2027. ¡Qué siga el acuerdo! clama el crimen.
La baja de los homicidios dolosos en el país es producto de un acuerdo temporal y negociado, entre gobierno y crimen organizado, con vigencia hasta en tanto culmine la negociación entre Morena y cárteles sobre el nombramiento de las candidaturas a las gubernaturas que falten. Después de esas fechas, las hostilidades comenzarán de nuevo.
La realidad nos remite a un problema más profundo y preocupante. Lo que quiere el gobierno federal y Morena que creamos es que la gobernadora y la candidata estén libres de toda asociación con Rocha y sus pactos. Los sinaloenses saben perfectamente que esa narrativa es una mentira del gobierno federal y de Morena para encubrir sus yerros, porque ven que sigue operando el pacto Morena-narco que impulsó AMLO en el 2021.
La abierta penetración del narcotráfico en las esferas de gestión pública ha cambiado la historia contemporánea de México. Para tratar de encubrir su pacto faustiano con el diablo, Morena se abocó a eliminar todos los cimientos institucionales del Estado democrático. Corrompió el sistema judicial, especialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no cuestione la influencia del narcotráfico en los asuntos del Estado mexicano.
Pretende eliminar la alternancia electoral del poder, al colonizar y corromper al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La eliminación de los órganos autónomos que protegían el derecho ciudadano a la información y la rendición de cuentas, le permite imponer instrumentos de censura a la prensa y a la disidencia en general en el país.
Cada ley y cada norma que imponga Morena de ahora y hasta las elecciones del 2027 le servirán para limitar y mermar la capacidad de la oposición y de los ciudadanos por avanzar sus alternativas al modelo de gobernanza morenista.
Todo ello cimentado en el pacto faustiano de Morena con el narcotráfico. Al despertar, el pacto seguía ahí.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
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