noviembre 20, 2026

Presidenta del INE; o consenso o deslegitimación Gustavo A Vicencio

“La luz del sol es el mejor de los desinfectantes”

Louis Brandeis

      La anterior presidente del INE, Guadalupe Taddei, renunció hace casi un mes, señalada por evidentes actos de corrupción en la asignación de contratos de material electoral, incluso videograbados y difundidos profusamente. Desde entonces Blanca Cruz encabeza el INE de manera provisional y la Cámara de Diputados ni siquiera ha aprobado la convocatoria para sustituirla. El calendario que Monreal presentó a principios de mes, con registro del 9 al 13 de noviembre, comité instalado a más tardar el 12 y quinteta entregada a la Jucopo el 7 de diciembre, ya quedó rebasado. El asunto para nada es menor, no puede considerarse solo un trámite más. Se dice que le están dando largas para lograr los mayores consensos posibles. La convocatoria exige mayoría calificada, 334 votos si asisten 500 diputados. Morena y sus aliados suman 365, es decir, pueden hacerlo solos. Monreal afirma que busca consenso para que la nueva presidenta no cargue con descalificaciones permanentes y que la aprobación por mayoría es el último recurso. Hay que tomarle la palabra y exigirle que el consenso sea de fondo, no una foto

      Los aspirantes que sean seleccionados pasarán por un Comité Técnico de Evaluación de cinco personas: tres designadas por la Jucopo y dos por la CNDH. Los mismos partidos que nombran a la mayoría del comité votarán después la quinteta. Por eso importan las propuestas del PAN: un legislador por grupo parlamentario y seis observadores de organizaciones civiles en el comité, además de consultar a la sociedad civil antes de designar a sus integrantes. La oposición pide más candados para que quien llegue no tenga vínculos con algún partido. Morena afirma que hay disposición para incorporar propuestas de PAN y MC, pero una disposición no es un texto aprobado. El INE llega a 2027 golpeado: al menos 60 funcionarios han renunciado. El llamado que hicieron José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, junto con exconsejeros electorales, merece atención. Su planteamiento es claro: la nueva presidenta debe surgir de un proceso de consenso, con criterios de conocimiento, capacidad, competencia e independencia. También han advertido sobre la necesidad de recomponer los equilibrios del Consejo General. No es una petición para entregar el INE a la oposición. Es una exigencia para que ninguna fuerza política pueda considerarlo suyo. Y no hay presión legal que obligue a decidir, porque la ley solo dice que la designación debe hacerse en un breve plazo, y el periodo ordinario termina el 15 de diciembre. Si nadie empuja lo suficiente, el asunto puede dormir hasta febrero con una presidencia provisional

      La oposición partidista y la sociedad civil organizada tienen mucho que decir y hacer. PAN, PRI y MC deben dejar de negociar por separado. Con una postura común, deben condicionar su voto a garantías verificables: observadores ciudadanos en el comité, expedientes públicos, entrevistas transmitidas y criterios claros de no militancia ni cercanía con partidos, gobiernos o proveedores del instituto. Deben proponer perfiles idóneos, sin sesgo partidista. Quejarse del proceso sin presentar alternativas es renunciar a la discusión. La ciudadanía también debe involucrarse de lleno. Universidades, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, organizaciones civiles y exfuncionarios electorales deben exigir audiencias públicas, vigilar cada etapa y publicar su propia evaluación de las aspirantes. También deberían escribir y llamar a sus diputados, porque son ellos quienes votan. Una presidenta de consenso no es la que pactan seis coordinadores a puerta cerrada, sino la que resiste el escrutinio público. Sin embargo, consenso no puede ser sinónimo de reparto de cuotas, donde cada bancada coloca a su gente y todos se felicitan. Consenso significa un método limpio y una persona sin deudas con nadie, aceptable incluso para quienes no la votaron.

      Hay una fecha, el 15 de diciembre, y un criterio: la confianza en el árbitro se construye antes de que empiece la contienda, no después. Si la oposición y la sociedad esperan a que haya nombres para opinar, ya será demasiado tarde.

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