¿Por qué la presidente Sheinbaum insiste en impulsar una reforma electoral que pocos
consideran como necesaria? Interpreto, porque la única persona que la ha solicitado de
manera reiterada es el expresidente López Obrador.
Veamos, el 28 de abril de 2022, AMLO, siendo presidente de la República, anunció y
envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia
electoral, a la que se le denominó el “Plan A”.
Después de las elecciones intermedias de 2022, cuando morena y sus aliados
perdieron la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales, el 5
de febrero de 2024, AMLO presentó una nueva propuesta de reforma electoral,
conocida como el “Plan B”.
La reforma que hoy se impulsa —que más que electoral es política, ya que pretende
reconfigurar las instituciones que, con gran esfuerzo, los mexicanos hemos construido
para contar con elecciones confiables y una representación adecuada de la pluralidad
política del país— tiene como fin satisfacer el apetito de AMLO y de Sheinbaum por
lograr que su movimiento permanezca en el poder, sin estar sujeto a los vaivenes de la
alternancia en el poder, siempre posible, como lo hemos visto en las pasadas
elecciones, que, como consecuencia, pudiere sacar a morena del poder. Considero que
ese escenario es intolerable tanto para AMLO como para la presidente.
La reforma pretende, en esencia, lo siguiente:
- Debilitar a los organismos electorales, quitándoles su autonomía, para
someterlos a las manipulaciones de morena, con el fin de contar con personas
incondicionales al régimen que sigan los lineamientos del Ejecutivo en la
administración y el arbitraje de las elecciones. - Reducirle el presupuesto al INE, así como recortar sus estructuras
administrativas que son clave para el control de los procesos electorales (cabe
mencionar que una estrategia similar ya se materializó con la colonización del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). - Debilitar a las minorías políticas, eliminando los mecanismos que les permiten
acceder a cargos de elección popular y garantizar su representación política. - Retirar recursos públicos a los partidos políticos, lo que le da gran ventaja a
morena para operar con mayor discrecionalidad en el acceso ilegal a recursos
públicos, actuando con impunidad gracias al control que se ejerce sobre los
organismos electorales y el Tribunal Electoral.
Al hacer esto, nuestra República queda destruida, regresando al esquema de tener un
“partido de Estado”, que sea amo y señor de la política en México.
Sí, en efecto, vivimos en ese sistema con el PRI por más de 70 años en México, pero
hay que considerar que, ahora, las circunstancias son distintas a las existentes cuando
el PRI gobernaba.
En primer lugar, el grado de capacidad para gobernar de este movimiento destructor
deja mucho que desear. Nada más veamos las estadísticas de los mejores gobiernos
existentes a nivel estatal y municipal, y casi todos los de morena y aliados salen
reprobados. En segundo lugar, hay que considerar la alianza del régimen con el crimen
organizado, que da un control político inusitado al tener la capacidad de matar, lesionar,
extorsionar y amenazar, que los gobiernos del PRI no tuvieron.
Debemos de considerar que el proceso de conformación de la reforma electoral ha sido
sin consideración alguna de la oposición. Esto rompe con la tradición política mexicana
conforme a la cual toda reforma política o electoral se consensuaba con la oposición. El
principal beneficiario de ello fue el propio AMLO en las reformas posteriores al 2006.
Además, debemos de tomar en cuenta que morena actúa siempre bajo la directriz
presidencial al legislar, prevaleciendo la consigna de “no le cambien ni una coma” a las
propuestas que vienen de Palacio Nacional.
Por todo ello, lo peor que puede pasar es que los partidos de oposición entren en la
danza de esta farsa y legitimen el teatro que el gobierno pretende montar para imponer
esta reforma, formando parte del proceso legislativo. Su ausencia dejaría claro que
esta reforma es una imposición sin legitimidad alguna.
Si se hace la reforma electoral con la asistencia de la oposición ello implicaría un grave
retroceso para la República, nos conduciría nuevamente al oscurantismo del
autoritarismo sentando las bases de una dictadura, impidiendo todo camino para el
crecimiento de México al erosionar la confianza en el gobierno ante la destrucción de
nuestras instituciones.
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