septiembre 19, 2026

La responsabilidad histórica del PAN: Gustavo Vicencio

“La actividad política es como un puente que se tiende entre 

el ideal que tiene uno de la Patria y lo que ésta es en realidad”

María Elena Álvarez Bernal

      Manuel Gómez Morín fundó el Partido Acción Nacional en septiembre de 1939 desde un lugar poco común en la historia política mexicana: no desde el poder, sino desde la ciudadanía organizada, con una doctrina —dignidad de la persona, municipio libre, subsidiariedad, bien común— que antecedió a cualquier ambición electoral. A 87 años de distancia, ese origen sigue siendo relevante, aunque su relevancia no está en que el PAN sea inmune a los vicios del poder, sino en que tiene, al menos, un referente doctrinario contra el cual medirse y ser exigido.

      El PRI construyó buena parte del andamiaje institucional moderno de México: educación pública masiva, infraestructura, el IMSS, décadas de estabilidad política que evitaron ciclos de violencia que sufrieron otros países de la región. Pero se construyó bajo un modelo de partido de Estado, corporativismo y hegemonía que hizo de la corrupción no un desvío ocasional, sino una condición estructural del sistema: no había mecanismo de alternancia que la corrigiera desde dentro, y por eso la alternancia tuvo que llegar desde fuera, primero con un rompimiento interno y luego empujada por la sociedad civil.

      Morena, por su parte, ha capitalizado un reclamo legítimo: la percepción de que las instituciones construidas en las últimas décadas —incluidas las de la transición democrática— habían sido capturadas por minorías privilegiadas, y que la desigualdad social exigía una respuesta más contundente que la alternancia formal. El problema no es la demanda de justicia social, sino el vehículo: un movimiento nacido del carisma de un solo hombre, sin doctrina previa que lo ancle, ha luchado por desmantelar contrapesos institucionales —Poder Judicial, órganos autónomos, el INE— y enfrenta señalamientos sólidos y documentados sobre vínculos con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico.

      El PAN en gobierno descentralizó el poder. Ya no todo dependía de la decisión del presidente. Los gobernadores tomaron fuerza. La alternancia política, en los ámbitos locales fruto de las elecciones tuvo un gran auge. Los resultados electorales dejaron de ser predecibles. Se crearon programas sociales como 70 y más (para adultos mayores), Estancias Infantiles, Oportunidades, Hábitat, Microregiones. Hubo una construcción institucional que fortaleció los contrapesos frente al Ejecutivo. Durante el gobierno de Vicente Fox, por ejemplo, se otorgó autonomía constitucional al INEGI y se creó el IFAI, antecedente del INAI. Posteriormente, durante el gobierno de Peña Nieto, continuó la construcción de organismos autónomos como la COFECE, el IFT, el CONEVAL, el INEE y la transformación de la PGR en Fiscalía General. Todos con el apoyo panista ya en la oposición. Sin embargo, Acción Nacional falló muchas veces en estar a la altura de su propia doctrina. Alianzas electorales que priorizaron ganar sobre la coherencia ideológica son parte innegable de su historia. También la corrupción se hizo presente, con lo que perdió mucha credibilidad ante la ciudadanía.  

      Por todo ello, la diferencia con el PRI y Morena no está en la pureza de resultados —ninguno de los tres puede reclamarla— sino en la existencia de un parámetro doctrinario explícito frente al cual esas fallas pueden tomarse como falta de observancia a los principios. Un partido con doctrina articulada tiene, al menos en teoría, más resortes internos para la autocorrección que uno que no la tiene. De ahí la doble tarea que 2026-27 le impone al panismo. La primera es de honestidad interna: reconocer sin ambigüedad sus propios desvíos, no como anécdotas aisladas sino como fracasos reales en materializar su doctrina, y construir mecanismos verificables de transparencia y renovación de liderazgos que lo demuestren. Si quiere cuestionar los excesos de otros, primero debe tener el valor de revisar los propios.  La segunda es estratégica: ninguna superioridad doctrinaria sirve de nada si no se traduce en la capacidad de competir y ganar frente a un movimiento con enorme arraigo popular. Eso exige comunicación eficaz en el terreno digital, candidaturas seleccionadas por mérito y cercanía territorial —no por cuotas internas—, y alianzas amplias que no diluyan la identidad del partido.

El PAN no parte con una ventaja moral automática por su origen fundacional. Parte con una responsabilidad mayor, porque su propia doctrina lo hace más exigible. Cumplir sus principios de doctrina en la práctica es lo que en 2027 podría convertirlo en una alternativa creíble frente al desgaste institucional del país.

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