El partido político que impone un árbitro termina perdiendo con ello la credibilidad en los resultados electorales y, por lo mismo, la legitimidad de los gobiernos que emanan de esos procesos.
Finalmente, salió la convocatoria para la designación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que en los próximos días concluyen las gestiones de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.
De manera tal que la semana que hoy inicia será el periodo durante el cual quien se interese pueda registrarse. Sí, solo una semana.
No se trata de algo menor; quienes ocupen esos lugares tendrán una responsabilidad de Estado; en buena medida, sus decisiones pueden contribuir o no a la paz pública.
Corresponde a la Cámara de Diputados elegir, por dos tercios, a quienes los sustituirán. Morena y sus aliados tienen esa mayoría calificada y podrían imponerla para designar sin tener que discutir con ninguna otra fuerza política.
En la reforma electoral de 1996 se pensó en ese umbral para que ningún partido político o bloque de partidos tuviera esa mayoría y se viera obligado a generar consensos entre todos los actores políticos.
Dada la sobrerrepresentación inconstitucional derivada de las elecciones del 2024, Morena y sus aliados la tienen, y al igual que impusieron reformas unilateralmente, entre otras las del Poder Judicial, podrían nombrar a las tres personas que ocuparán las vacantes por sí solos, violando el propósito expreso de las reformas democratizadoras.
Bien nos recuerda José Woldenberg que, después de 1996, cuando se aprobó en la Constitución que ningún partido podría tener más de 300 diputados y no más del 8% de sobrerrepresentación, se señaló también que esa condición implicaba a una fuerza política, trátese de un partido o una coalición. Con ello se obligaba a buscar el mayor consenso posible entre los diversos actores.
Pero más allá de las reglas que se puedan establecer con el fin de propiciar el consenso, actores políticos democráticos o medianamente respetuosos de su responsabilidad y de la sociedad que dicen representar comprenderán que lo más conveniente para todos es que quien arbitre tenga la mayor neutralidad posible, es decir, sea equidistante de quienes sean sujetos de su arbitraje. De otra manera, siempre habrá dudas sobre la imparcialidad del árbitro y sospecha sobre sus resoluciones.
Dicho de otra manera, en el corto plazo, el partido político que impone un árbitro termina perdiendo con ello la credibilidad en los resultados electorales y, por lo mismo, la legitimidad de los gobiernos que emanan de esos procesos.
De manera tal que se trata de una victoria pírrica y, lo más lamentable, deteriora el ambiente social y mina la confianza en las instituciones. Esa historia siempre termina mal.
En estos últimos días, el bloque dominante no ha logrado acuerdos sobre las propuestas de reforma electoral que ha presentado la Presidencia de la República.
¿Se trata de desavenencias coyunturales, como han dicho, o de una fractura de fondo que se reflejará, entre otras cuestiones, en la designación de consejerías?
Si fuera esto segundo, el INE podría quedarse con ocho miembros en su máximo órgano de decisión en lugar de once.
El actual régimen sabe vivir con eso, incluso lo ha propiciado a su conveniencia. El Tribunal Electoral se quedó con cinco miembros, debiendo tener siete, durante 22 meses y en los momentos más críticos del proceso electoral que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia; finalmente, Morena contaba con la “cercanía” a tres magistraturas, lo cual le garantizó sentencias inclinadas a su favor.
Todo ello a pesar de que el Senado, instancia responsable de dichas designaciones, estuviera en falta constitucional y desacatando sentencias de la SCJN.
Una característica de los regímenes autoritarios es que, en la búsqueda de su perpetuación, no les importa empeñar el futuro y, en su miopía, incluso el propio, con tal de asegurarse su continuidad, anulando u obstaculizando a las oposiciones; lo cual más pronto que tarde terminará minando la confianza social y la paz pública.
Por algo habrá sido que, en el proceso democrático de nuestro país, las dos primeras instituciones que obtuvieron el rango de autónomas e independientes fueron el Banco de México y el IFE, es decir, la estabilidad financiera y la política. ¿Se seguirán minando estas dos anclas de certeza?
POSDATA: Mi reconocimiento a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, con quienes tuve encuentros y desencuentros en materia de criterios electorales, pero en quienes siempre encontré disposición al diálogo, como corresponde a quienes entienden que es en el intercambio entre distintos donde se construyen las mejores soluciones.
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