El discurso que no responde la pregunta: Vito Saint Germain -

Sheinbaum y el peligro de llevar el caso Sinaloa al terreno del combate ideológico
El discurso que pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, tiene dos problemas que, de no corregirse, pueden resultar políticamente costosos: uno retórico y otro estratégico. El primero es que es un discurso que nunca responde la pregunta central del momento. El segundo es que sienta las bases para cometer el mismo error que cometió Nicolás Maduro cuando convirtió la presión internacional sobre su gobierno en un combate ideológico que terminó por aislar a Venezuela de sus propios aliados potenciales.

La pregunta que nadie en Morena quiere contestar

La pregunta es simple y está en el centro de todo: ¿participaron los diez funcionarios de Sinaloa, encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya, en una alianza operativa con el crimen organizado? Esa pregunta no la formuló el Partido Republicano, no la fabricó la ultraderecha española, no la inventó ninguna operación de desinformación. La formuló la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York —la misma que procesó a El Chapo y al general Cienfuegos—, con base en una investigación que lleva al menos tres años de fraguándose y con lo que la jueza del caso describe como “pruebas abundantes y voluminosas”.

Nadie en el gabinete de Sheinbaum ha respondido eso. No la presidenta, no Citlali Hernández —encargada de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien se apresuró a declarar que «si cometieron delitos aquí, que se castiguen aquí»—, no ninguno de los voceros que en las últimas 48 horas han poblado los noticiarios con la bandera de la soberanía nacional. Esa evasión no es un detalle menor: es el corazón del problema.

Porque los fiscales de Nueva York no fueron detrás de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios por delitos locales, como podrían ser haberse pasado un alto en Culiacán, o salirse sin pagar un six de cerveza de un Oxxo de Badiraguato. Se les acusa de haber conspirado con grupos tipificados como organizaciones terroristas transnacionales, cuya actividad en suelo norteamericano causó la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses. Ese es el delito. Esa es la magnitud de lo que está sobre la mesa. Eso —y no otra cosa— es lo que motiva al Departamento de Justicia.

El argumento de la injerencia: legítimo pero insuficiente

El discurso soberanista de Sheinbaum tiene una parte legítima. Tiene razón en señalar que la cooperación bilateral no puede significar subordinación, que ningún país puede aceptar que otro determine desde el exterior quién gobierna y quién no, y que el principio constitucional de no intervención es parte de la identidad histórica del Estado mexicano. Hasta ahí el argumento se sostiene.

El problema es que el gobierno lo usa como sustituto, no como complemento. En lugar de afirmar la soberanía nacional presentando una postura institucional sobre el fondo de las acusaciones, la usa como coartada para no hablar del fondo. La narrativa oficial convierte al Departamento de Justicia en sospechoso y tramposo, un instrumento de la ultraderecha, allá, aquí y hasta en España, con apuestas electorales bajo el brazo, más interesado en las elecciones intermedias del Congreso estadounidense que en aplicar la ley.

Ese argumento tiene un talón de Aquiles evidente: la causa en Nueva York tiene al menos tres años construyéndose. No es un producto de coyuntura electoral. Y el Departamento de Justicia no es un organismo autónomo de la Casa Blanca: es un pilar central del poder ejecutivo que encabeza Donald Trump, el mismo Trump que hace menos de dos meses declaró sin ambages que «en México gobierna el narco, nadie más». Esa no es retórica de campaña: es la descripción que el principal inquilino de la Casa Blanca hace de su vecino del sur. Quien quiera tomarse en serio la relación bilateral tiene que tomarse en serio esa frase, con carácter de urgente.

Los pelos de la burra en la mano: lo que dicen los fiscales de Nueva York

Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York tienen una reputación bien ganada: no abren un caso sin tener lo que en el argot jurídico anglosajón se llama a solid case. No van por su cuenta, no improvisan, no lanzan acusaciones para ganar titulares. Los que conocen esa corte -que Sheinbaum minimiza al nivel de “oficina”- saben que cuando sus fiscales dicen que las pruebas son «abundantes y voluminosas», están describiendo un hecho, no haciendo adjetivaciones narrativas. Los jueces federales estadounidenses evitan las metáforas y los adornos precisamente porque cada palabra que pronuncian en una sede jurisdiccional tiene consecuencias procesales. La jueza que advirtió sobre la solidez del expediente en el caso del general Mérida no estaba siendo elocuente: estaba siendo precisa.

El gobierno mexicano puede —y debe— hacer valer sus derechos soberanos en materia de extradición. Puede —y debe— exigir que cualquier proceso se conduzca conforme a los tratados bilaterales y al derecho internacional. Pero una cosa es ejercer derechos procesales y otra muy distinta es convertir a los fiscales en actores de un complot y presentar al Departamento de Justicia como el brazo armado de la ultraderecha con fines electorales. Eso no es ejercicio de soberanía: es un error estratégico de proporciones mayores.

El espejo venezolano: a dónde conduce este camino

Aquí es donde la dimensión estratégica prende alarmas. Nicolás Maduro también convirtió la presión internacional —inicialmente justificada en términos soberanos— en un combate ideológico permanente contra el imperialismo, la ultraderecha y los poderes fácticos internacionales. El resultado no fue la defensa de Venezuela: fue su aislamiento. Un aislamiento que terminó por afectar a los propios aliados regionales que al principio simpatizaban con el argumento soberanista.

México no es Venezuela. Tiene una economía completamente distinta, un nivel de integración con Estados Unidos sin parangón en el hemisferio —casi el 80% de sus exportaciones van al mercado norteamericano—, y una historia diplomática que ha sabido navegar tensiones con Washington sin romper la relación. Pero ese capital diplomático se erosiona exactamente cuando un gobierno decide que la narrativa de confrontación ideológica es más rentable a corto plazo que la construcción de una postura jurídica e institucional sólida.

Lo que tanto republicanos como demócratas en el Congreso de Washington quieren de México no es capitulación ni subordinación: es que México se comporte como un aliado en la aplicación de la ley. Esa es la expectativa bipartidista que cruza la frontera ideológica en el Capitolio. Un México que convierte cada acusación judicial en un episodio del combate entre el pueblo y el Imperio no está respondiendo a esa expectativa: está confirmando la tesis de Trump de que el narco es quien manda.

Lo que un informe de gobierno debió decir

Un informe de gobierno de altura, ante una crisis de esta naturaleza, hubiera combinado tres elementos: primero, la reivindicación legítima del principio de soberanía y los derechos procesales de México en materia de extradición. Segundo, un anuncio claro de que las instituciones mexicanas —la FGR, el Poder Judicial— iniciarán o intensificarán sus propias investigaciones sobre los hechos imputados. Tercero, un mensaje inequívoco a Washington de que México es un socio dispuesto a cooperar en el combate al crimen organizado transnacional, desde una posición de igualdad y respeto mutuo.

Nada de eso ocurrió el 31 de mayo en el Monumento a la Revolución. Lo que ocurrió fue un acto de movilización política exitoso —decenas de miles en la plaza, transmisión simultánea en 31 estados, gobernadores morenistas en sus propias plazas— al servicio de una narrativa que convierte una crisis institucional de primer orden en munición para el combate político interno.

El problema no es que Sheinbaum haya decidido hablar, sino lo que dejó fuera de su mensaje. Omitió responder la cuestión central y, con ello, debilitó el alcance político de su intervención. En política, como en derecho, tanto el exceso como la omisión tienen sus costos.