“Tengo miedo de que me maten”:Yazmín Aziyade -

“Me encarcelaron para despojarme de mi patrimonio”: la batalla judicial de Yazmín Lanzarín

Con información de la periodista Sanjuana Martínez | La Jornada

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Con información de Sanjuana Martínez | La Jornada

La historia de Yazmín Lanzarín Roldán pasó de un largo litigio familiar a un caso que hoy enfrenta acusaciones de persecución judicial, violencia patrimonial y presuntas irregularidades en la impartición de justicia. Desde un penal en Nayarit, donde permanece bajo prisión preventiva, asegura que su encarcelamiento forma parte de una estrategia para obligarla a renunciar a los bienes que aún reclama tras su divorcio del empresario Abel Lanzarín Roldán.

La diseñadora e interiorista sostiene que durante 25 años construyó junto a su entonces esposo un patrimonio familiar y empresarial que creció de manera importante con el desarrollo de diversas constructoras y compañías vinculadas al sector ferroviario. Sin embargo, afirma que la relación se deterioró conforme aumentó la fortuna familiar, hasta derivar en una separación definitiva en 2017.

Según su versión, el divorcio se formalizó mediante un convenio en el que cedió acciones empresariales, inmuebles, terrenos y otros activos a cambio de conservar algunos bienes específicos, entre ellos la casa familiar y un departamento. Asegura que aceptó las condiciones para terminar el conflicto de manera pacífica.

No obstante, sostiene que poco después su exesposo intentó desconocer el acuerdo firmado e inició una serie de procedimientos judiciales para revertirlo, lo que dio origen a años de litigios en distintas instancias.

La disputa, originalmente de carácter familiar y civil, terminó escalando al ámbito penal. El proceso que actualmente la mantiene en prisión deriva de una denuncia por fraude relacionada con un departamento ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit.

Yazmín rechaza haber cometido algún delito y sostiene que la acusación forma parte de una estrategia para despojarla de los bienes contemplados en el convenio de divorcio. Afirma que incluso perdió la posesión de algunas propiedades y pertenencias que consideraba parte de su patrimonio.

Uno de los momentos más delicados del caso ocurrió el pasado 3 de febrero, cuando acudió a cumplir con una obligación procesal en los juzgados de Puente Grande, Jalisco. De acuerdo con su testimonio, fue detenida por agentes que la trasladaron entre varios vehículos antes de ingresarla al sistema penitenciario.

La mujer relata que durante el operativo vivió momentos de incertidumbre y temor, al desconocer el destino al que era trasladada. Posteriormente fue presentada ante las autoridades correspondientes y enviada a prisión.

Además, asegura que la audiencia que originó la orden de aprehensión nunca le fue notificada de manera adecuada, por lo que considera que el procedimiento estuvo marcado por irregularidades desde su origen.

Mientras permanece privada de la libertad, Lanzarín afirma que ha decidido enfocar su tiempo en actividades de apoyo a otras mujeres internas, impartiendo clases de idiomas, yoga y actividades deportivas. También asegura que no aceptará acuerdos que impliquen declararse culpable o renunciar a su patrimonio.

Su actual esposo, el médico Ignacio Martínez Hernández, ha encabezado diversas manifestaciones públicas para exigir la revisión del expediente y denunciar lo que considera una injusticia. Desde su perspectiva, el conflicto tiene origen en una disputa patrimonial derivada del divorcio y no debería haberse convertido en un asunto penal.

Los defensores de Yazmín sostienen además que existen resoluciones favorables emitidas por tribunales superiores y recursos de amparo que obligan a revisar el caso con perspectiva de género. Sin embargo, afirman que tales determinaciones no han modificado su situación jurídica.

Por su parte, Lanzarín insiste en que su lucha ya no sólo busca recuperar la libertad, sino también limpiar su nombre después de años de litigios. Considera que ha sido víctima de una utilización indebida del sistema judicial para presionarla en una disputa económica.

El caso continúa abierto y enfrenta dos versiones opuestas. Mientras la acusación sostiene que existieron conductas que justifican el proceso penal, Yazmín mantiene que es inocente y que todo responde a una estrategia de presión derivada del conflicto por bienes y propiedades.

A la espera de nuevas resoluciones judiciales, el expediente sigue generando cuestionamientos sobre el uso de la prisión preventiva, los límites entre los conflictos patrimoniales y el derecho penal, así como el acceso efectivo a la justicia en casos de alta confrontación familiar.

Crédito: Nota elaborada con base en el reportaje de Sanjuana Martínez publicado en La Jornada.