Circe contra el Derecho de las Audiencias: Andrés Amaro
Para los concesionarios de Radio y TV en México, la propuesta del Gobierno Federal“Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias” significa haber perdido una oportunidad. Desde 2014 pudieron haber impulsado el debate en torno a sus propias sugerencias de regulación, mostrando así sentido de responsabilidad social y vocación democrática.
Suponiendo que las tuvieran.
El asunto de fondo es la Libertad de Expresión. Comúnmente ésta se mide determinando si existe una suficiente distancia entre Medios de Comunicación y Estado. Sin embargo, esa independencia precisa demostrarse también respecto al Poder Económico. El problema, en el caso de los grandes Medios, entre ellos los electrónicos, es que sus propietarios forman parte del Poder Económico.
¿Cómo asegurar que el mensaje de un comunicador no ha sido condicionado por las necesidades de negocios o los requerimientos de juegos de poder político de los propietarios del Medio al que pertenece?
Por esa y otras razones, importa que Radio y TV acrediten contar con normas, procedimientos e instancias para asegurar que las audiencias reciben contenidos veraces y observantes de los derechos de los demás. Siendo ambas industrias beneficiarias de concesiones, asegurar la legalidad de su conducción y contenidos es una obligación del Estado.
Desde hace décadas son cuestionadas la aportación cultural y social de los medios electrónicos. Su objetividad, en materia política, es crecientemente objeto de duda.
Al igual que Circe, la hechicera de la Isla de Ea en la épica de “La Odisea” (Sólo en Cines), los grandes Medios tienen poderes para convertir a las personas en cerdos. Después de invitarlos a una comilona acompañada con vino y miel.
En los grandes medios de comunicación, es frecuente que las estrategias de denostación que no son orgánicas tengan como objetivo ampliar el margen de actuación o negociaciónpropio o de grupos de interés.
Por estos días ha sido evocado el exPresidente José López Portillo (1976-1982), bajo cuya gestión el trato entre Gobierno y Medios fue conflictivo. Su figura como exMandatario resultó agudamente desprestigiada. Sería interesante analizar hoy qué tanto del cuestionamiento mediático de entonces era consonante con un legítimo descontento social y cuánto fue deliberadamente estimulado por núcleos de Poder agraviados por sus decisiones. Por ejemplo, la nacionalización de la banca.
Es útil recordar que ese desgaste de la institución presidencial formó un clima de Opinión Pública favorable al posterior desmantelamiento del Estado de Bienestar, que había sidolegado por la Revolución Mexicana (1910-1917).
Hoy, a propósito de la réplica de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anteplanteamientos de periodistas, surgen críticas que alegan una desproporción entre el peso institucional de la Mandataria y la figura de los Comunicadores aludidos. A pesar de que éstos en general representan a corporativos de Medios.
Bajo esta lógica, es justo observar la desproporción entre Medios Corporativos y los consumidores de sus contenidos o los particulares referidos en sus mensajes. Forma parte de la cultura de las grandes empresas de información en México no rectificar de iniciativa propia sus publicaciones falsas, sean accidentales o deliberadas.
Para la propuesta de regulación hoy en debate, es clave que la conceptualización de los lineamientos tenga la solidez necesaria para evitar una presunción de censura, pero también para contemplar con suficiencia la diversidad de procedimientos de manipulación informativa efectuada por los medios concesionados.
En la historia contemporánea del país, dichos concesionarios han empleado su capacidad de sesgar el debate público para ahogar los proyectos de regulación.
Si ocurriera así ahora, a diferencia de Odiseo (Ulises para los amigos), nunca vamos a llegar a Ítaca. Ni a ninguna parte.
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