Políticos de morena en la mira de los gringos: Carlos Angulo Parra

Ante el mar de críticas del régimen a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia
Campos, por el incidente acaecido en la sierra de Chihuahua donde, supuestamente,
intervinieron agentes de la CIA en un operativo en donde se desmanteló un
narcolaboratorio por el Ejército mexicano y la policía ministerial de Chihuahua, sin que
hubiera habido autorización ni información a las autoridades federales mexicanas,
tenemos otro evento en donde Estados Unidos interviene en asuntos relacionados con
el narcotráfico.

A ese respecto, durante un evento de inversión industrial en Los Mochis, Sinaloa, en
donde el embajador Ronald Johnson, junto con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya,
iban a una ceremonia para poner la primera piedra de una megainversión
estadounidense industrial de mil millones de dólares, para el establecimiento de una
fábrica de metanol, que fue interrumpida por comunidades indígenas que protestaban
que no habían sido notificadas sobre dicha inversión, que corresponde a la llamada
“consulta indígena”, necesaria conforma al Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), vigente en México, ratificado por el Senado desde 1991.

En el desarrollo de dicha protesta los indígenas inconformes arrojaron la “primera
piedra” de su lugar e impidieron la realización de la ceremonia. El gobernador Rocha
Moya se quedó en el lugar para dialogar con los que protestaban, mientras el
embajador Johnson se retiró a los Mochis a un hotel en donde tuvo una rueda de
prensa.

Ahí el embajador afirmó, según la cobertura y el análisis publicados por Los Angeles
Times y reproducidos por medios mexicanos, que la corrupción es un obstáculo directo para la inversión y el crecimiento de México, haciendo hincapié en que el TMEC incluye compromisos para combatirla.

En ese contexto, Johnson advirtió que Washington sometería a juicio en Estados
Unidos a funcionarios mexicanos sospechosos de vínculos con el crimen organizado.
Johnson no anunció casos concretos ni presentó cargos, pero su mensaje fue leído
como un endurecimiento del tono de la diplomacia estadounidense.

Mi comentario al respecto es que ahora, por un lado, tenemos a la presidente
Shainbaum rasgándose las vestiduras por una supuesta intervención en campo de
gringos de la CIA en donde se desmanteló un narco laboratorio, y por el otro, el
embajador de Estados Unidos advirtiendo que su país iba a procesar a políticos
mexicanos involucrados en el narcotráfico o en actividades del crimen organizado.

Realmente estas situaciones son muy delicadas en nuestra relación bilateral con
nuestro principal socio comercial, en el cual también ellos tienen a México como su
principal socio comercial.

Estimo que si nuestra presidente no está involucrada, ya sea activa o pasivamente, en
estas actividades criminales, lo mejor que puede hacer es llevar a cabo actividades
conjuntas con los Estados Unidos para el combate al crimen organizado, quizás
haciendo un anexo al T-MEC, en donde ambos países contraigan obligaciones mutuas
en resolver esta complicada situación, dejando a un lado los complejos y oportunidades
políticas de perjudicar a un partido de oposición ante el advenimiento de las elecciones
de medio término que involucra a 17 gubernaturas, y tomar al toro por los cuernos,
caiga quien caiga.

Si nuestra presidente tiene cola que le pisen, se vendrán para ella y el régimen
acontecimientos de suma gravedad de resultados reservados.