Ortega cierra la puerta a las elecciones en Nicaragua -

La declaración del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua «no habrá más elecciones» no solo confirma lo que la oposición y diversos organismos internacionales venían denunciando desde hace años; también representa el reconocimiento público de que el país ha dejado atrás cualquier apariencia de competencia democrática. Con esa afirmación, el régimen encabezado por Ortega y Rosario Murillo institucionaliza un modelo de poder sin contrapesos, donde la permanencia en el gobierno depende del control del Estado y no de las urnas.

A casi dos décadas de su regreso al poder, Ortega concentra el dominio sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de las fuerzas de seguridad. Los principales líderes opositores han sido encarcelados, desterrados o privados de su nacionalidad; medios de comunicación independientes fueron clausurados o forzados al exilio, mientras que universidades, organizaciones civiles y agrupaciones religiosas han enfrentado cierres, confiscaciones y persecución.

Para millones de nicaragüenses, la vida cotidiana transcurre bajo un ambiente de temor. La crítica al gobierno puede traducirse en vigilancia, detenciones o represalias. La autocensura se ha convertido en un mecanismo de supervivencia, mientras miles de familias viven separadas por el exilio de hijos, padres o hermanos que abandonaron el país para evitar la cárcel o buscar oportunidades que Nicaragua ya no les ofrece.

Aunque la economía ha mostrado estabilidad en algunos indicadores macroeconómicos gracias a las remesas enviadas por quienes emigraron, las exportaciones y el turismo, esa estabilidad contrasta con la realidad de una población que enfrenta bajos salarios, empleo informal y escasas oportunidades de desarrollo. Paradójicamente, buena parte del dinero que sostiene el consumo interno proviene de los mismos ciudadanos que tuvieron que abandonar su país.

En materia de seguridad, Nicaragua mantiene uno de los menores índices de delincuencia común de Centroamérica. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que esa aparente tranquilidad convive con un amplio aparato de vigilancia política, donde la presencia de policías y estructuras afines al gobierno inhibe las protestas y limita el ejercicio de libertades fundamentales.

La decisión de eliminar las elecciones competitivas podría aumentar el aislamiento internacional de Nicaragua y abrir la puerta a nuevas sanciones económicas y diplomáticas. Analistas consideran que el país enfrenta el riesgo de profundizar su dependencia de un reducido grupo de aliados internacionales, mientras continúa perdiendo inversión, talento y capital humano.

Para una generación de jóvenes nicaragüenses, la democracia ha dejado de ser una experiencia vivida para convertirse en un recuerdo contado por sus padres. El anuncio de Ortega simboliza el cierre definitivo de una etapa política y abre otra en la que el desafío ya no es ganar una elección, sino recuperar algún día las condiciones para poder celebrarla.