Fraude millonario vs. Grupo Herdez -

Irene León Escamilla lleva 22 meses presa en el penal de Santa Martha Acatitla sin sentencia, acusada de fraude procesal en un juicio interpuesto por Grupo Herdez, que denunció ante la Fiscalía General de la República la existencia de una red de abogados mexicanos que interponen demandas bajo un esquema de laudos laborales apócrifos millonarios.

Según la investigación realizada por la periodista Sanjuana Martínez para el periódico La Jornada, el proceso iniciado en 2007, se ha convertido en el paradigma de un esquema de abogados que utilizan al Poder Judicial con fines ilícitos para montar juicios laborales contra grandes empresas y lograr acuerdos extrajudiciales bajo la amenaza del embargo de sus cuentas bancarias.

“Mi hermana es una víctima. Irene es una profesionista subordinada a la que han convertido en rehén y chivo expiatorio de un conflicto de intereses multimillonario entre consorcios y despachos que gozan de absoluta impunidad”, dice Aurora Léon Escamilla a La Jornada.

Irene se ha convertido en el eslabón más débil de esta cadena de irregularidades procesales. Es la única privada de su libertad. Su antiguo jefe, Humberto Cavazos Chena, del despacho Cavazos Flores, hijo del abogado Baltasar Cavazos Flores, fue quien dice que le ordenó llevar el expediente judicial 578/2007 de Alfredo Jorge Colín Huerta, supuesto ex trabajador de Herdez, que en realidad trabaja como chofer y nada tiene que ver con dicha empresa.

Esta semana fue filtrada la declaración judicial que Irene rindió el 11 de septiembre de 2025 en el penal de Santa Martha Acatitla. Según la investigación de la periodista, ahí menciona que junto con el despacho Cavazos Flores, operaba también presuntamente en el fraude procesal el bufete penalista de los abogados Xavier Oléa Trueheart, Javier Oléa Vorhauer, Miguel Montes de Oca Graue y José Antonio Bonilla Uribe.

En la carpeta de investigación se menciona la existencia de una “red de abogados” que interponía demandas contra empresas sustentadas en documentos apócrifos y así simular que una persona trabajó ahí, a pesar de que no existieran pruebas del vínculo laboral.

Las complicidades de trabajadores de los juzgados laborales y de algunos jueces también han quedado al descubierto porque los despachos que cometían los fraudes procesales ganaban los juicios. Después, los litigantes presionaban a las empresas para llegar a acuerdos extrajudiciales millonarios o bien embargar las cuentas bancarias de las empresas que finalmente perdían los procesos.

El abogado Cavazos Chena, señalado como el supuesto principal responsable, es hijo de Cavazos Flores, uno de los autores de la Ley Federal de Trabajo, quien además fue magistrado del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor jurídico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En su página se anuncian como “pilares de la justicia laboral”.

Fue Cavazos Chena quien redactó la demanda en su totalidad contra 20 empresas, entre las cuales se encuentran Mexicana de Aviación, Barcel, Jugos del Valle, Grupo Modelo y Grupo Herdez, según consta en la declaración de Irene, quien dijo además que su jefe fue quien construyó la estrategia jurídica de este asunto, expresó.

Cuando Irene se entrevistó con el supuesto “trabajador” Colín Huerta, éste le explicó que él nunca había trabajado para ninguna de las 20 empresas demandadas en las que supuestamente había empezado a trabajar el 26 de agosto de 2022 con un sueldo de 90 mil pesos. Fue ahí cuando se enteró de que en realidad este señor trabajaba de chofer y, por tanto, le externó a su jefe Cavazos Chena su preocupación por incurrir en un fraude.

Asimismo, su hermana Aurora advierte: “Cualquier documento, texto o declaración extrajudicial atribuida a mi hermana es legal y éticamente nula de pleno derecho”.

También sostiene que su hermana hizo esta declaración bajo presión: “Redactar o firmar textos en aislamiento, sin la debida asistencia técnica de su defensa y bajo la constante presión y promesas manipuladas de quienes operan la acusación, no constituye una confesión ni un testimonio válido; constituye un acto de extorsión y tortura institucional”.

Afirma que la filtración de la declaración de su hermana Irene ha sido una herramienta de linchamiento:

“Filtrar documentos no ratificados ante un juez es un delito procesal diseñado para linchar públicamente al eslabón más débil antes de que los tribunales resuelvan”, expresó.

La investigación de este caso la hacía la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó en su informe mensual que no había elementos suficientes para continuar. Por tanto, solicitó la libertad de Irene León y el cierre del caso.

La fiscal calificó como una sorpresa la intervención del juez federal Luis Benítez Alcántara, que dejó sin efectos el desistimiento de la fiscalía y ordenó la reactivación de la prisión preventiva, con el argumento de que había una “clara incongruencia de desistirse de la acción penal cuando la propia autoridad ministerial había sostenido su pretensión punitiva hasta esa etapa”.

Para Aurora, esta última intervención judicial está llena de sospechas por la supuesta parcialidad del juez a favor de Grupo Herdez: “Con un juez de control como Luis Benítez Alcántara –a quien se han negado sistemáticamente a apartar del caso pese a los evidentes conflictos de intereses–, no enfrentamos un juicio apegado a la Constitución, sino una consigna corporativa donde los dados están cargados desde el primer día”.

La orden de aprehensión contra Irene se emitió el 30 de octubre de 2024. Luego fue vinculada a proceso el 11 de diciembre. Posteriormente, la audiencia intermedia se difirió en seis ocasiones entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Finalmente, fue Grupo Herdez el que promovió el amparo 517/2026 contra la liberación de Irene.

A partir de las filtraciones sobre el actuar del abogado Cavazos Chena surgen otros casos como el que llevó el abogado José Francisco Zavala Castillo, quien defendió a Mayela Sanjurjo Juárez, despedida de los Laboratorios Senosiain SA de CV, compañía farmacéutica mexicana con 98 años de existencia.

“Cuando litigué este asunto me di cuenta de que los abogados de Cavazos Chena son chicaneros, marranos. A mi clienta la hicieron firmar la renuncia, pese a haber sido despedida. Finalmente les gané y obtuve sentencia”, dice Zavala Castillo en entrevista con La Jornada.

Sin embargo, explica que después, en venganza, lo denunciaron penalmente por la comisión del delito de fraude procesal: “Lo que hace el despacho Cavazos Chena es, mediante las denuncias de fraude procesal, obtener condenas, y pretenden que me desista de mi demanda”.

Comenta que su clienta ganaba 117 mil pesos como directora regional de ventas. Y en 2023 quedó embarazada, pero cargando cosas en la empresa, perdió al bebé. A continuación, le dieron una incapacidad, pero cuando regresó intentaron despedirla: “La encerraron en una habitación desde las 6:40 de la mañana hasta las 14:40 de la tarde con la renuncia, y la obligaban a firmar”.

Añade: “Al demandar a Senosiain entró el despacho Cavazos Chena a defender a la empresa. Defiendo a mi clienta. Les gané. Quedó firme la sentencia laboral y mi clienta recibió casi 4 millones de pesos. Luego los demandé en la vía civil por daño moral en el juzgado 40 civil porque perdió a su bebé en el trabajo y por la discriminación que sufrió”.

En ese momento, empieza la batalla legal civil contra el abogado de la empresa, Salvador Ochoa Olvera: “Me avientan como litigante a quien fue mi maestro en la facultad y escribió el libro Daño moral, con el que yo aprendí desde los 90. Ese abogado luego nos denunció a mí y a mi clienta por fraude procesal diciendo que mentimos, que a mi clienta no se le despidió y que no estaba embarazada. Para defendernos, ofrecí como prueba su mismo libro. El libro me da la razón, y el autor no”.

Relata que en el área laboral hay muchos “abogados mercenarios” que se dedican a interponer demandas de trabajadores que nunca han laborado en las empresas en litigio: “Muchas veces, las empresas prefieren dialogar y llegar a un mal acuerdo que pelear dos o tres años. Cavazos Chena es un tipo poderoso. Son mentirosos, chicaneros. Ellos no respetan el derecho. Están dispuestos a mentir por ganar dinero”.

Para Aurora, su hermana es inocente y urge a liberarla lo antes posible debido al deterioro de su salud: “Hacemos responsable a Grupo Herdez y a los operadores judiciales y mediáticos de este montaje por cualquier afectación adicional a la integridad física, sicológica y emocional de mi hermana Irene al interior del centro penitenciario, así como por la seguridad de nuestra familia. Compraron jueces, alinearon a medios de comunicación y han pretendido doblar la voluntad de una mujer mediante el encierro prolongado”.

Créditos: Sanjuana Martínez/ Periódico La Jornada
Domingo 11 de octubre de 2026, p. 10