Depredador sexual se hace pasar por psicólogo -

De acuerdo con la investigación realizada por la periodista Sanjuana Martínez y publicada por el periódico La Jornada, el caso de Ulises Portillo Barroso ha reunido múltiples denuncias por presuntos delitos sexuales, abuso infantil, trata de personas, distribución de pornografía infantil y usurpación de profesión, así como los testimonios de diversas víctimas que decidieron romper el silencio para exigir justicia.

Uno de los testimonios más impactantes es el de Perla, hermana del señalado, quien afirma haber sido víctima de abuso sexual desde la infancia y durante la adolescencia. Después de décadas de silencio, decidió presentar una denuncia penal y hacer pública su historia con el propósito de impedir que otras personas resulten afectadas.

Según el reportaje, la mujer asegura que vivió bajo amenazas constantes, manipulación y miedo, circunstancias que le impidieron hablar durante años sobre las agresiones. Explica que las secuelas psicológicas derivaron en ansiedad, depresión e intentos de suicidio.

Denuncias penales y múltiples investigaciones

La investigación periodística refiere que la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta una carpeta de investigación por diversos delitos, entre ellos abuso sexual, trata de personas, distribución de pornografía infantil, usurpación de profesión y uso indebido de uniformes e insignias.

Asimismo, Perla presentó una denuncia específica por los abusos que asegura haber sufrido durante su niñez, por la cual también recibió medidas de protección al considerar las autoridades que existe un riesgo para su seguridad.

De acuerdo con el reportaje de La Jornada, la mujer sostiene que existen más de 170 personas afectadas y alrededor de 20 denuncias penales relacionadas con el caso. Estas cifras corresponden a declaraciones de la denunciante y forman parte de la investigación periodística.

Acusan liberación tras seis días de prisión

La publicación señala que Ulises Portillo fue detenido previamente, aunque recuperó su libertad pocos días después.

Perla manifestó a La Jornada que teme que la liberación haya estado relacionada con actos de corrupción, una afirmación que forma parte de su testimonio y que no ha sido acreditada judicialmente.

Presunto consultorio para captar víctimas

La investigación describe que Portillo presuntamente ofrecía consultas haciéndose pasar por profesional de la salud mental, pese a que enfrenta acusaciones por usurpación de profesión.

Diversas mujeres entrevistadas por Sanjuana Martínez narran que acudieron buscando atención psicológica y afirman haber sido víctimas de abuso sexual dentro del consultorio.

Entre los testimonios aparece el de una enfermera que relata haber asistido por un trastorno obsesivo compulsivo. Según su versión, durante una consulta fue agredida sexualmente y posteriormente amenazada para impedir que denunciara.

Otra mujer aseguró haber conocido al acusado cuando era menor de edad y sostiene que fue drogada y violada, además de ser amenazada con la difusión de fotografías y videos.

Una familia marcada por el silencio

En su testimonio, Perla asegura que durante años los abusos permanecieron ocultos dentro del entorno familiar y que sus intentos por obtener apoyo no prosperaron.

También afirma que en 2008 tuvo conocimiento de un video que, según su relato, documentaba una agresión sexual cometida cuando ella estaba inconsciente, situación que, asegura, fue silenciada dentro de la familia.

Tras conocer las denuncias recientes contra su hermano, decidió romper definitivamente el silencio y colaborar con otras presuntas víctimas para impulsar las investigaciones.

Buscan que más víctimas denuncien

La publicación de La Jornada señala que las denunciantes han comenzado a organizarse para localizar a otras personas que aseguran haber sufrido agresiones similares y brindarles acompañamiento durante los procesos legales.

Perla sostiene que su principal objetivo es evitar que existan nuevas víctimas y que las autoridades investiguen todas las denuncias presentadas.

Hasta el momento, las investigaciones continúan en manos de la Fiscalía de Jalisco, mientras las denunciantes esperan que los procesos judiciales avancen y se determinen las responsabilidades correspondientes.