La concentración de funciones, la neutralización de la justicia independiente y la subordinación de los órganos electorales, es lo que conforma un modelo de gobierno autoritario que debilita gravemente la democracia.

Desde los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se ha venido consolidando un ambicioso proyecto de reconfiguración del Estado mexicano, impulsado desde el Poder Ejecutivo y aprobado con celeridad por una mayoría legislativa que no se construyó desde el voto ciudadano.

Este proyecto, articulado a través de una serie de reformas constitucionales y legales, tiene como eje central la concentración del poder, con consecuencias profundas para el equilibrio de poderes, la vigencia del Estado de derecho y la calidad de la democracia en México.

Se trata en parte del legado de López Obrador, pero que cuenta ya con el sello de la actual presidenta, quien no solo siguió el guion del Plan C, sino que lo acrecentó y profundizó en un sentido más autoritario. Tal vez con esto pretenda una mayor “eficiencia gubernamental”, pero quien la quiere lograr sin contrapesos y sin consideración a la diversidad social termina por imponerse sin más y generando más problemas que los que pretendió resolver; la historia está llena de hechos al respecto.

Entre las reformas que me llevan a sostener lo anterior se encuentran la del Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, la ampliación de facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la creación de una cédula de identidad digital centralizada, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y la anunciada reforma electoral, entre otras.

En este contexto, la reciente reforma a la Ley de Amparo no es un hecho aislado, sino una pieza clave de un engranaje legal diseñado para debilitar los contrapesos institucionales que pueden limitar los excesos del poder.

La Ley de Amparo ha sido uno de los instrumentos más importantes para la defensa de los derechos individuales frente a actos arbitrarios de autoridad. Su utilidad se ha demostrado particularmente en los últimos años, cuando diversos colectivos ciudadanos y organismos han logrado suspensiones judiciales contra leyes o actos gubernamentales que vulneran derechos humanos o el marco constitucional.

Sin embargo, la reforma aprobada limita de manera significativa la capacidad del Poder Judicial para emitir suspensiones con efectos generales. Ahora, los jueces federales no podrán otorgar amparos que frenen la aplicación general de leyes, aun cuando estas sean manifiestamente inconstitucionales. Se diluye así la función preventiva del amparo como mecanismo de control frente al abuso de poder.

Esta reforma responde directamente a la estrategia del Ejecutivo de blindar sus iniciativas contra la oposición legal de ciudadanos, organizaciones y jueces independientes. En combinación con otras reformas, construye un entramado jurídico que elimina las barreras que antes impedían la imposición unilateral de políticas gubernamentales.

Otro frente de esta reconfiguración del Estado es la eliminación o absorción de órganos constitucionalmente autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Estas instituciones, diseñadas para limitar el poder del Ejecutivo y garantizar la transparencia, la competencia y los derechos digitales, están siendo desmanteladas o subordinadas a secretarías de Estado. Esto erosiona aún más los equilibrios institucionales y elimina espacios de vigilancia ciudadana.

Paralelamente, la creación de una cédula de identidad que sustituya la credencial del INE y que quede a cargo de una agencia gubernamental levanta preocupaciones legítimas sobre el uso de esa información con fines políticos o represivos.

Si a lo anterior sumamos que a la SSPC se le han dado nuevas facultades que profundizan sus tareas de investigación, coordinación e inteligencia, concentrando para ello datos y facultades operativas, la convierten en una supersecretaría con capacidades de vigilancia y control poblacional sin precedentes.

El fin, combatir la inseguridad, lo compartimos; el problema es que los medios, como concentración del poder sin contrapesos y mecanismos efectivos de defensa ante abusos, pueden desvirtuar ese fin.

El paso de la Guardia Nacional a la Sedena es quizás la expresión más clara de la militarización del orden público en México. La promesa de un cuerpo civil de seguridad parece abandonarse o está en predicamento. Esta decisión profundiza la opacidad y limita la rendición de cuentas, dado que el Ejército no está sujeto a los mismos mecanismos de fiscalización que las instituciones civiles.

Finalmente, en este breve recuento, la anunciada reforma electoral busca reducir las facultades del INE, desdibujar la representación social imponiendo lo que llaman la “nueva mayoría” y, entre otras cuestiones, reducir la equidad de la contienda electoral, echando por la borda décadas de avances democráticos.

Todas estas reformas tienen un hilo conductor, el fortalecimiento del Ejecutivo federal como el centro indiscutible del poder en México. La concentración de funciones, la reducción de contrapesos, la neutralización de la justicia independiente y la subordinación de los órganos electorales, lo que conforma un modelo de gobierno autoritario que, aunque formalmente constitucional, debilita gravemente la democracia sustantiva.

La reforma a la Ley de Amparo juega un papel clave al eliminar la posibilidad de frenar este proceso por la vía judicial. Sin amparos con efectos generales, las políticas del Ejecutivo avanzan sin obstáculos, incluso si son ilegales o inconstitucionales. El mensaje es claro: ya no hay frenos institucionales efectivos.

Frente a esto, la única vía posible es la construcción de un frente amplio de oposición. No se trata solo de alianzas entre partidos (y menos cuando estas están marcadas por el pragmatismo sin agenda, propuestas y principios comunes), sino de una coalición social que reúna a ciudadanos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y movimientos sociales comprometidos con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Este frente debe asumir una agenda mínima común: la restauración de la división de poderes, la recuperación de los órganos autónomos, la independencia judicial, la desmilitarización de la seguridad pública y la garantía de elecciones libres y equitativas.

Solo con una ciudadanía movilizada y organizada será posible revertir el proyecto autoritario que se está consolidando desde el poder.

About The Author