Un gobierno con vista, pero sin prioridades: Rodin

Me cuesta entender por qué el gobierno de Samuel García contempla instalar la Secretaría de Turismo en la Torre Rise. Antes de pensar en una oficina con vista privilegiada, tendría que explicar qué necesidad pública justifica esa decisión y por qué no puede atenderse en un inmueble del propio Estado.
Según lo publicado por El Norte, lo que inicialmente se anunció como una contraprestación por el piso 86 pasó a plantearse como un posible arrendamiento. Si la renta queda en 276 mil pesos mensuales, estaríamos hablando de 3 millones 312 mil pesos al año. También habría que aclarar si esa cantidad incluye mantenimiento, impuestos y adecuaciones.
A mí esa suma me hace pensar en medicamentos, material de curación y mejoras en hospitales y clínicas. Desde un escritorio puede parecer una cantidad menor dentro del presupuesto estatal. Para una familia que tiene que conseguir dinero para una receta, cada peso cuenta.
No sostengo que ese ahorro resolvería todas las necesidades de salud. Sí considero que podría ayudar a atender algunas, si se destinara a ellas mediante los ajustes presupuestales correspondientes. Esa comparación merece hacerse antes de comprometer recursos en una nueva sede.
El turismo necesita promoción y trabajo. Pero el gobierno tendría que demostrar qué resultados adicionales conseguiría desde esa torre. ¿Llegarían más visitantes? ¿Mejoraría la atención? ¿Qué beneficio recibiría la ciudadanía que no pudiera obtenerse desde otra oficina?
Recibir inversionistas y mostrarles la ciudad puede formar parte de esa labor. Sin embargo, una buena vista difícilmente basta para justificar un gasto permanente.
También hace falta revisar los inmuebles públicos. ¿Qué espacios tiene el Estado, cómo están ocupados y cuánto costaría habilitar alguno para esta dependencia?Por ejemplo algunos espacios en edificios escolares. Si ninguno resulta adecuado, que se explique con un estudio. La ciudadanía tiene derecho a conocer las alternativas y saber por qué se eligió una sobre las demás.
Además, el cambio en la explicación merece claridad. Una contraprestación y una renta implican obligaciones distintas. Conviene conocer qué se acordó con los desarrolladores, qué aportaría cada parte y cuánto terminaría pagando el erario. Los anuncios del gobernador deben poder sostenerse con documentos.
Por eso considero que, antes de avanzar, deberían hacerse públicos el costo total,la comparación con otras sedes y la justificación del traslado. Si utilizar un espacio propio permite ahorrar sin perjudicar el servicio, esa tendría que ser la primera opción.
Gobernar exige decidir qué puede esperar. Una nueva oficina puede hacerlo; una persona que necesita tratamiento no siempre tiene ese tiempo.
Al gobernador Samuel García le pediría que, antes de mirar la ciudad desde el piso 86, revise qué necesidades siguen pendientes a nivel de calle.
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