Gobiernos inservibles
Publicado en EL NORTE el sábado 10 de octubre de 2026
Confundir la política con la administración pública es un error costoso. Son actividades distintas, con propósitos diferentes, y cuando la primera invade a la segunda, los ciudadanos terminan pagando las consecuencias.
La discusión no es nueva. En 1887, Woodrow Wilson, considerado el padre de la administración pública, planteó una de las ideas fundacionales: separar la política de la administración. Su tesis era sencilla, pero profundamente revolucionaria: la política debía definir los objetivos generales del Estado, mientras la administración debía encargarse, con profesionalismo, neutralidad y eficiencia, de ejecutarlos.
Años después, como Presidente, Wilson impulsó reformas para reducir el patronazgo político y fortalecer un servicio público basado en capacidades y méritos. La lógica era simple: sin una administración competente, ninguna visión política se traduce en resultados. Hoy deberíamos volver a esa premisa.
La política es indispensable para una democracia. Define prioridades, representa intereses, construye acuerdos y obtiene legitimidad en las urnas. Pero la administración pública no debe servir a esos intereses. Cuando los criterios técnicos se subordinan a objetivos partidistas, electorales o ideológicos, el Gobierno deja de administrar para la sociedad y comienza a hacerlo para conservar el poder.
El problema se agrava en un mundo cada vez más polarizado entre izquierda y derecha. Con frecuencia, las etiquetas ideológicas terminan justificando decisiones alejadas de la eficacia gubernamental. Se promete transformar la realidad, pero se descuida lo esencial: recaudar, gastar, regular e invertir bien, y evaluar si las políticas públicas funcionan.
México conoce estas consecuencias. Durante décadas, el presidencialismo y el partido hegemónico hicieron que la lealtad política pesara más que la capacidad. Eso no ha cambiado hoy y por eso no tenemos buenos Gobiernos. La alternancia democrática cambió el contexto, pero no eliminó la tentación de usar la administración pública como extensión del proyecto político. El problema no tiene color partidista. Cada Gobierno enfrenta la misma tentación: subordinar la administración pública a los intereses de la política.
En Nuevo León hemos visto cómo la confrontación política puede contaminar decisiones que deberían regirse por criterios técnicos y presupuestales. Cuando la lógica política domina la gestión pública, los ciudadanos terminan esperando servicios, obras y soluciones mientras los actores políticos negocian cuotas de poder, como en el reciente transfuguismo de algunos Diputados locales en Nuevo León.
Esto no implica eliminar la política, sino darle su lugar. La política debe definir el rumbo y permitir que la administración haga aquello para lo que fue diseñada.
Un buen Gobierno necesita políticos con visión y administradores con capacidad. Hoy escasean ambos. Necesita funcionarios seleccionados por mérito, objetivos medibles, presupuestos vinculados a resultados, evaluación permanente y rendición de cuentas. Necesita instituciones que sobrevivan a los Gobiernos y políticas públicas que puedan corregirse cuando no funcionan.
La profesionalización no es un lujo burocrático; es la condición para que la democracia entregue resultados.
La política busca el poder para transformar la realidad; la administración pública debe transformar esa voluntad en resultados concretos. Cuando la primera sustituye a la segunda, el Gobierno se vuelve propaganda, reparto y confrontación. Cuando ambas cumplen su función, la política establece el rumbo y la administración construye el camino.
Quizá una de las grandes reformas pendientes de México no sea elegir entre izquierda o derecha, sino aprender a gobernar bien. Porque al final, al ciudadano no le importa qué ideología inspiró una política pública si el hospital no funciona, la calle no se repara, el trámite no se resuelve o el dinero público se desperdicia o se lo roban.
La buena administración pública no tiene ideología. Tiene resultados.
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