El espejo roto de la “nueva política” y la prueba de fuego ante la ASF
Por Jessica Herrera
Hay discursos políticos que suenan muy bien hasta que llega la hora de revisar las cuentas. El gobierno de Samuel García ha hecho de la modernidad, la transparencia y la ruptura con la “vieja política” sus principales banderas. Hoy, los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ponen esa promesa frente a una prueba que no se resuelve con publicidad ni con confrontación política.
De acuerdo con la información publicada sobre la denuncia presentada por la ASF ante la Fiscalía General de la República (FGR), se investiga una presunta triangulación de más de 7,200 millones de pesos mediante operaciones que involucran a empresas y a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre. Los reportes señalan que 928.13 millones de pesos habrían llegado a ese despacho. La denuncia no acredita por sí misma un delito, pero la magnitud de los señalamientos exige explicaciones y una investigación a fondo.
Del erario al despacho seguir la ruta del dinero
El punto central está en el recorrido de los recursos. Según los reportes sobre la información de la ASF, dinero transferido por la administración estatal a empresas habría seguido distintas rutas hasta llegar al despacho señalado. La investigación debe establecer qué servicios respaldaron esas operaciones, quiénes participaron y si existieron responsabilidades.
Ante señalamientos de esta naturaleza, una respuesta política no basta. El gobierno estatal debe explicar las operaciones cuestionadas con contratos, comprobantes y evidencia verificable. La transparencia no consiste en pedir confianza, sino en ofrecer elementos para que la ciudadanía pueda evaluar lo ocurrido.
Tampoco corresponde dar por probada una responsabilidad antes de que las autoridades la determinen. Pero respetar la presunción de inocencia no obliga a minimizar la gravedad del caso. Una denuncia de esta magnitud exige esclarecer el destino de los recursos, no desviar la conversación hacia la disputa entre partidos.
La misma vara, sin justicia selectiva
El caso rebasa a Nuevo León porque cuestiona una promesa política: gobernar de manera distinta. Cuando una administración se presenta como alternativa a las prácticas del pasado, debe estar dispuesta a someterse al escrutinio que exige a sus adversarios. La diferencia no se demuestra con una marca ni con un discurso, sino con decisiones que puedan revisarse y cuentas que puedan explicarse.
También pone a prueba la congruencia de las instituciones federales. La administración de Claudia Sheinbaum debe respetar las investigaciones y evitar cualquier interferencia. A las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia les corresponde actuar conforme a sus atribuciones, sin convertir los expedientes en herramientas de presión ni ofrecer protección por conveniencia política.
La exigencia debe sostenerse frente a los señalamientos en otras administraciones y organismos, incluidos los relacionados con Rubén Rocha Moya en Sinaloa y con la gestión de Guadalupe Taddei en el INE. No porque sean expedientes equivalentes, sino porque ninguno debe quedar fuera del escrutinio por afinidades partidistas. Cada caso requiere pruebas propias, investigación y determinación de responsabilidades.
Aplicar la misma vara no significa anticipar la misma conclusión. Significa investigar con el mismo rigor y actuar conforme a lo que se acredite. La justicia selectiva no combate la corrupción: administra sus costos políticos.
La hora de la verdad institucional
Nuevo León necesita que las instituciones funcionen, no que la rendición de cuentas se convierta en otro frente de confrontación. El esclarecimiento de los hechos no debe quedar atrapado entre las descalificaciones del gobierno y el aprovechamiento político de sus adversarios. La ciudadanía merece información verificable y respuestas sobre el uso de los recursos públicos.
La prueba para la llamada “nueva política” no consiste en defender su imagen a cualquier costo, sino en demostrar que puede responder al escrutinio sin recurrir a los vicios que prometió dejar atrás. Si el gobierno estatal quiere sostener su credibilidad, debe facilitar las investigaciones, transparentar las operaciones señaladas y responder con documentos.
El desenlace corresponde a las autoridades competentes. La obligación política, en cambio, ya está sobre la mesa: rendir cuentas. Si se acreditan responsabilidades, deben aplicarse las sanciones y recuperarse los recursos que correspondan. Si los señalamientos se desvirtúan, debe explicarse con la misma claridad.
La “nueva política” no se acredita en un eslogan. Se demuestra cuando el poder acepta ser investigado y responde por sus actos. Sin eso, el espejo de la renovación solo devuelve la imagen de los vicios de siempre.
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