“Tengo miedo de que me maten”:Yazmín Romo
“Me encarcelaron para despojarme de mi patrimonio”. Sanjuana Martínez tiene la historia.
Con información de la periodista Sanjuana Martínez | La Jornada
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Con información de Sanjuana Martínez | La Jornada
La historia de Yazmín Aziyade Romo Piñera se ha convertido en un caso que pone bajo la lupa el funcionamiento de la justicia en Nayarit y Jalisco, así como los alcances que pueden adquirir los conflictos patrimoniales derivados de un divorcio.
Desde el penal femenil de Tepic, donde permanece recluida desde hace ocho meses, Yazmín sostiene que es víctima de una persecución judicial impulsada por su ex esposo, el empresario Abel Manuel Lanzarín Roldán, a quien acusa de utilizar procesos penales y civiles para despojarla de su patrimonio tras la disolución de su matrimonio.
“Temo que me maten o que me cambien de reclusorio para desaparecerme”, declaró la mujer en entrevista con La Jornada.
Una denuncia que derivó en prisión
El origen inmediato de su encarcelamiento es una acusación por fraude específico presentada por su ex esposo. Según la versión de Yazmín, la imputación está relacionada con un departamento ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, inmueble que formó parte de los acuerdos alcanzados durante el proceso de divorcio.
La interiorista y diseñadora asegura que jamás cometió fraude y sostiene que el conflicto corresponde a una controversia civil derivada de la interpretación y cumplimiento del convenio de divorcio firmado en 2017.
A pesar de ello, fue vinculada a proceso y se le impuso prisión preventiva, decisión judicial que su defensa considera desproporcionada y contraria a criterios emitidos por tribunales superiores.
Una detención que cuestiona
Uno de los aspectos más delicados del caso es la manera en que se ejecutó la orden de aprehensión.
De acuerdo con el testimonio de Yazmín, el 3 de febrero acudió a cumplir con una medida cautelar en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, cuando fue interceptada por hombres encapuchados que la trasladaron entre distintos vehículos antes de llevarla finalmente a Tepic.
La mujer relata que durante varias horas desconoció quiénes la detenían y cuál era su destino. Su percepción fue la de estar siendo víctima de un secuestro.
Según afirma, la orden judicial nunca le fue exhibida en el momento de la captura y únicamente tuvo conocimiento formal del documento una vez que llegó a las instalaciones de la Fiscalía nayarita.
Del patrimonio compartido a la disputa judicial
La relación entre Yazmín Romo y Abel Lanzarín tuvo una duración aproximada de 25 años.
Durante ese tiempo, según su versión, ambos construyeron un patrimonio común que comenzó modestamente y creció con el desarrollo de diversas empresas constructoras y proveedoras vinculadas a proyectos de infraestructura.
Yazmín sostiene que participó activamente en la consolidación familiar y empresarial, incluyendo el cuidado de los hijos del empresario y la administración de recursos destinados al hogar.
Sin embargo, asegura que la relación empezó a deteriorarse conforme crecieron los negocios y las diferencias personales, particularmente a raíz de presuntas infidelidades y desacuerdos sobre el manejo financiero de las empresas.
Finalmente decidió solicitar el divorcio en 2017.
El convenio que hoy divide a las partes
Como parte de la separación, ambas partes firmaron un convenio mediante el cual Yazmín cedió participaciones empresariales, inmuebles y otros activos.
Ella sostiene que aceptó esos términos para concluir el proceso y rehacer su vida.
No obstante, años después se inició una serie de litigios relacionados con la validez y los alcances del propio convenio.
Según la información difundida por La Jornada, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco determinó en al menos dos ocasiones que dicho acuerdo conserva validez jurídica y constituye cosa juzgada.
A pesar de ello, la controversia continuó escalando hasta llegar al ámbito penal.
La denuncia de persecución judicial
Yazmín afirma que durante casi una década ha enfrentado múltiples procedimientos promovidos por su ex esposo.
Asegura que existe una estrategia sistemática para desgastarla económica y emocionalmente con el fin de obligarla a renunciar a los bienes que aún reclama.
Su actual esposo, el médico Ignacio Martínez Hernández, ha encabezado manifestaciones y protestas públicas para exigir su liberación, argumentando que la utilización de la prisión preventiva constituye un mecanismo de presión para obtener ventajas patrimoniales.
La defensa sostiene que el caso debería resolverse exclusivamente en tribunales civiles y no mediante procedimientos penales.
Perspectiva de género y controversia judicial
Otro de los elementos relevantes del expediente es que, según la publicación de La Jornada, tribunales federales ordenaron que el asunto fuera analizado con perspectiva de género.
Asimismo, se señala que Yazmín obtuvo una suspensión definitiva mediante un juicio de amparo.
A pesar de ello, permanece privada de su libertad por decisión judicial, situación que ha generado cuestionamientos por parte de familiares y defensores.
Una espera tras las rejas
Mientras continúa el litigio, Yazmín asegura que ha decidido no negociar su libertad a cambio de bienes materiales.
Dentro del penal participa en actividades educativas y deportivas, además de impartir clases de italiano y yoga a otras internas.
Su objetivo, afirma, es demostrar su inocencia y recuperar su libertad mediante los cauces legales.
El caso se mantiene como un ejemplo de las complejas disputas familiares, patrimoniales y judiciales que pueden surgir tras un divorcio y que, en determinadas circunstancias, terminan trasladándose al terreno penal.
Crédito: Nota elaborada con base en el reportaje de Sanjuana Martínez publicado en La Jornada.
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