Crecen causales de prisión y exclusión
Su pensamiento parece suscribir la idea de que, si el gobierno regala dinero a 43 millones de personas entonces puede, a cambio, no ser molestado cuando toma las decisiones
El país vive un festín de crecientes restricciones legales que limitan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Inesperadamente, el reinado de Claudia Sheinbaum ha traído al ejercicio gubernamental un pensamiento centrado en limitar derechos y libertades para disminuir la participación ciudadana en la vida política.
Su pensamiento parece suscribir la idea de que, si el gobierno regala dinero a 43 millones de personas entonces puede, a cambio, no ser molestado cuando toma las decisiones que cree convenientes para la colectividad y para asegurar la continuidad de su poder.
Si lo que se está diseñando en México es una tiranía benevolente o una autocracia represiva está por verse. La moneda está en el aire. Por lo pronto, cada iniciativa presidencial entregada al Congreso nacional tiene como intención la supresión de algún derecho o la amenaza de castigo ejemplar por alguna conducta que el poder considere amenazante para sí. Los espacios de participación ciudadana se comprimen y se vuelven menos tolerantes a las opiniones contrarias. A la casta gobernante no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
AMLO gobernaba igual, pero era más caótico y menos enfocado en el control político-administrativo. Él quería el control político a secas: “lo que diga mi dedo” era su frase y su pensamiento. Sheinbaum es diferente. Como no tiene el control político que tenía AMLO, ella necesita fortalecer el aparato político-administrativo para lograr sus objetivos.
AMLO podía ordenar a alguien que hiciera algo diferente o que renunciara, y sucedía. Ella no tiene ese poder. Ella requiere poder burocrático de coerción. La transformación de los instrumentos de coerción del Estado mexicano ha dado un salto cuántico con el advenimiento de la presidencia de Sheinbaum. Solamente así se puede entender la lluvia de medidas coercitivas y de exclusión que este periodo legislativo ha aprobado.
También hay una realidad que diferencia la gestión de Sheinbaum a la de AMLO. Mientras la administración anterior pactaba secretamente sus acuerdos económico-electorales con el narcotráfico, y que se sospechaban pero no se confirmaban, con Sheinbaum la situación es completamente diferente. Hoy se ha confirmado la existencia de esos acuerdos criminales y son parte del estigma que enfrenta México con la comunidad internacional.
Pero, además, Sheinbaum está obligada a justificar y defender públicamente esos pactos y cuidar a los operadores político-criminales del pacto porque son “camaradas de partido”. Y son desde gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales e hijos del ex presidente: a todos les toca algo del cada día más frágil manto protector del Estado mexicano y su partido.
Y, ¿por qué no?, la lista incluye al ex presidente mismo.
Pero, ¿cuáles son todos esos instrumentos de coerción que, día con día, la presidenta envía al Congreso y que el Congreso sumisamente aprueba?
El gobierno modificó, con un argumento eficientista, la aplicación del criterio de la prisión preventiva oficiosa, obligando a los juzgadores a asumir su aplicación como rutina diaria. El Poder Judicial respondió al criterio del poder Ejecutivo y aplica el criterio preferencial de la prisión preventiva oficiosa en el 90% de los casos.
Se complementó el criterio de la prisión preventiva oficiosa con cambios en la Ley de Amparos, abriendo la puerta a la negación del derecho cuando el juzgador considera pertinente suspender el acto reclamado, colocando a los ciudadanos en una posición de indefensión ante el Estado y el poder. Este criterio anuló por completo el sentido de la justicia reparadora al eliminar la defensa de acto reclamado y posibles afectaciones irreparables a personas y comunidades.
El gobierno impuso el criterio, adoptado por el INE, para frenar expresiones de los partidos sobre “narcoterrorismo”, “narcopartido” y “narcopresidente”, con la insólita idea de poder castigar con multas económicas por emplear esos conceptos en sus campañas.
Es decir, el órgano electoral considera que tiene la facultad de decidir qué palabras, diseños y conceptos los partidos pueden emplear en sus campañas.
Para adicionar a la censura, el Congreso avanza la idea de que imágenes, conceptos, palabras y alusiones burlonas o sarcásticas sobre el gobierno y todas sus dependencias pueden ser censuradas y castigadas con multas económicas y tiempo en prisión. El sarcasmo, instrumento por excelencia de los mexicanos, es ahora un acto criminal.
Los ataques y la intimidación a los periodistas es, ya, rutina diaria en México. Numerosos periodistas hombres y mujeres han pagado con su vida la falta de protección ante actores estatales y extra estatales en su contra. El hecho de que Sheinbaum haya presentado en una mañanera la lista de “enemigos del Estado”, reporteros, periodistas y editorialistas, legaliza que criminales actúen en su contra. Y así ha sucedido en múltiples ocasiones, con la anuencia siempre implícita de actores estatales.
En un arrebato personalísimo, la presidenta exige una legislación contra candidaturas con doble nacionalidad. ¿De dónde viene este asunto, porque no es tema en las elecciones del 2027? Es parte de la campaña xenofóbica e híper nacionalista que promueve el gobierno, incitando al fanatismo y rencor contra “todo lo extranjero”.
Le sirve al gobierno cuando justifica que la violencia en México es por culpa del intervencionismo extranjero. Hoy, lo mexicano es, aparentemente, odiar al extranjero. El gobierno aviva las llamas xenófobas, pero también aviva miedos irracionales: ¿estamos ante el fin del mundo? Corran todos, a protegerse, que vienen los marcianos. La campaña anti extranjera sulfura un tufo protofascista.
En este mismo canal de la aversión a lo extranjero y el avivamiento del nacionalismo común de todos los fascismos, México se ha puesto del lado de las dictaduras rancias del mundo. Estuvo con Maduro, hasta que cayó. Defiende apasionadamente a las dictaduras de Cuba y Nicaragua, considerándolas naciones amigas y aliadas.
Defiende la invasión rusa a Ucrania porque cree en Putin y su modelo de gobierno. Con estos tres ejemplos de “solidaridad internacionalista”, Sheinbaum nos muestra el ejemplo o prototipo de gobierno que ella quiere encabezar.
En esos modelos de dictadura, el Poder Judicial está completamente subordinado al Poder Ejecutivo. Igual la Fiscalía de la nación. La cooptación de todo el sistema judicial es consustancial al modelo de gobernanza absolutista a la que aspira y por la que trabaja todos los días la presidenta. La colonización de los órganos electorales por parte de intereses gubernamentales es simplemente la cereza del pastel.
Contrario a lo que pudiera pensarse, todos estos actos de control absoluto del poder político sobre la sociedad representan, en realidad, un acto de debilidad de Morena y su temor a la reacción de la sociedad. México nunca había estado tan cerca de su punto de quiebre, tanto económicamente como políticamente. Los meses previos a las elecciones del 2027 son de incertidumbre e imprevisibilidad por los peligros que acechan.
Este muro de contención que construye Morena alrededor de si es frágil y sin cimientos sólidos. Y como no confía en nada ni en nadie, ni siquiera en sus aliados, su irritabilidad promete crecer conforme avanza el tiempo. Y todo ello, a pesar de haber aprobado más causales de prisión y exclusión de derechos sociales que nunca en la historia previa de México.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
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