La asociación económica de Morena con los cárteles de la droga: Armando de la Fuente -

Hay acusaciones que no pueden resolverse con consignas políticas. Una de ellas es la presunta existencia de vínculos económicos entre integrantes de Morena y organizaciones del crimen organizado.

Afirmar que Morena, como partido, mantiene una asociación económica con los cárteles de la droga sería una acusación de enorme gravedad que exige pruebas contundentes. Pero tampoco sería responsable descalificar automáticamente cualquier señalamiento como una simple “campaña de los adversarios”.

El problema comienza precisamente cuando las preguntas legítimas son sustituidas por respuestas políticas.

Durante los últimos años han aparecido investigaciones, testimonios, acusaciones y procesos judiciales en Estados Unidos que han colocado bajo escrutinio la posible relación entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos. El caso de Sinaloa y los señalamientos alrededor del gobernador Rubén Rocha Moya han elevado todavía más la temperatura del debate. Estados Unidos ha formulado acusaciones contra Rocha y otros funcionarios, mientras el gobierno mexicano ha exigido pruebas y ha rechazado convertir acusaciones en condenas anticipadas.

Y aquí está el punto fundamental: ni la acusación demuestra culpabilidad, ni la negación demuestra inocencia.

En una democracia, corresponde investigar.

La pregunta que debe hacerse el ciudadano es mucho más profunda: ¿existen mecanismos suficientes para impedir que el dinero del narcotráfico penetre campañas electorales, estructuras partidistas o gobiernos?

México no puede darse el lujo de responder que todo es una conspiración extranjera. Tampoco puede aceptar que cualquier acusación proveniente de Estados Unidos sea automáticamente considerada verdadera.

El dinero del crimen organizado tiene capacidad para corromper policías, empresarios, funcionarios y políticos de cualquier partido. Por eso, la discusión no debería convertirse en una guerra entre Morena y sus adversarios, sino en una exigencia nacional de transparencia.

Si existen pruebas de financiamiento criminal, deben presentarse y judicializarse.

Si no existen, también debe demostrarse.

Lo verdaderamente peligroso sería que la política mexicana terminara atrapada entre dos extremos igualmente dañinos: la acusación sin pruebas y la defensa sin investigación.

El narcotráfico no necesita pertenecer a un partido para amenazar a la democracia. Le basta con comprar voluntades.

Y frente a esa amenaza, ningún gobierno debería pedir confianza ciega.

Debe ofrecer evidencia.