Somos México denuncia detención arbitraria de Ernesto Ruffo y acusa cortina de humo -

Ciudad de México, 16 de julio de 2026. El movimiento político Somos México exigió la liberación inmediata e incondicional de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La organización calificó el hecho como un “atropello inaudito” y acusó al gobierno federal de utilizar el caso como una cortina de humo para desviar la atención de escándalos de corrupción que involucran a gobernadores y funcionarios vinculados con el crimen organizado.

Acusaciones contra la FGR y autoridades federales

En sus comunicados, Somos México señaló directamente a la fiscal Ernestina Godoy y a la Secretaría de Marina, a quienes responsabilizó de solapar el fraude fiscal más grande de la historia del país, relacionado con el tráfico ilegal de combustibles. La agrupación sostuvo que mientras se arremete contra Ruffo, se ignoran las evidencias que apuntan a gobernadores morenistas en funciones.

Contexto en Baja California

La organización también recordó las grabaciones que involucran a la gobernadora Marina del Pilar en negociaciones con agentes extranjeros, lo que calificó como un atentado contra la soberanía nacional. Además, mencionó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado públicamente de vínculos con el crimen organizado y protegido desde el más alto nivel del gobierno federal.

Defensa de Ruffo Appel

Somos México subrayó que las acusaciones contra Ruffo carecen de sustento, pues sus operaciones con hidrocarburos han sido avaladas por el SAT y la Secretaría de Energía. El exgobernador ha señalado que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es la instancia responsable de certificar los productos que ingresan al país y de impedir el tráfico de huachicol.

Señalamientos de corrupción

La agrupación concluyó que los verdaderos responsables del desfalco de más de 600 mil millones de pesos siguen operando y financiando campañas ilegales de Morena y sus aliados, mientras se criminaliza a la oposición y al sector empresarial.