Sheinbaum debe gobernar para todos; Rocha Moya vs Maru Campos, Ruffo vs Marina del Pilar -

En México, los recientes episodios que involucran a gobernadores y exgobernadores han abierto nuevamente un debate nacional: ¿la justicia se aplica con el mismo criterio para todos los actores políticos o depende del partido al que pertenecen?

El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se convirtió en un enfrentamiento político después de que surgieran señalamientos relacionados con presuntos vínculos del mandatario sinaloense con grupos del crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Rocha Moya no estaba imputado y que las diligencias formaban parte de investigaciones de la Fiscalía General de la República, sin acusación formal hasta ese momento.

Maru Campos cuestionó públicamente el trato político hacia Rocha Moya y exigió que las autoridades actuaran con mayor firmeza ante los señalamientos. Desde Morena, las críticas contra la gobernadora chihuahuense fueron interpretadas como una estrategia política, mientras que sus simpatizantes argumentaron que se trataba de una exigencia de transparencia.

El segundo episodio ocurre en Baja California con el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, figura histórica del PAN y primer gobernador opositor al PRI en México, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada y presunta participación en una trama de huachicol fiscal relacionada con la empresa Ingemar. Ruffo ha rechazado las acusaciones y sostiene que su participación empresarial no implica responsabilidad en los delitos investigados.

El caso tomó una dimensión política porque ocurre en un contexto donde la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila ha enfrentado cuestionamientos públicos relacionados con investigaciones y señalamientos políticos en Baja California. Sectores de la oposición han argumentado que existe un trato desigual: mientras un exgobernador opositor enfrenta una acción judicial, otros funcionarios vinculados a Morena reciben una defensa política.

Más allá de los nombres y partidos, el verdadero desafío para las instituciones mexicanas es demostrar que la ley no funciona con criterios políticos. Un sistema democrático pierde credibilidad cuando la sociedad percibe que la justicia es implacable con adversarios y tolerante con aliados.

La presidenta de la República tiene la obligación constitucional de gobernar para todos los mexicanos, independientemente de su filiación política. La defensa de la presunción de inocencia debe aplicarse igual para todos, pero también la exigencia de rendición de cuentas.

El problema no es que existan investigaciones contra políticos; el problema aparece cuando la ciudadanía percibe que la justicia se convierte en una herramienta de disputa partidista.

La verdadera prueba de cualquier gobierno no está en proteger a sus aliados ni en perseguir a sus adversarios, sino en demostrar que nadie está por encima de la ley.