¿Y si hacen su declaración patrimonial los empleados de la UANL? -

La autonomía de la UANL significa que tiene derecho a gobernarse a sí misma, definir sus planes académicos, elegir autoridades conforme a su ley interna y administrar su patrimonio. Pero al ser una universidad pública que recibe recursos públicos, también debe transparentar decisiones, justificar el gasto y responder ante su comunidad.

Tan solo en 2025 la UANL recibió $5,300 millones, de acuerdo con los Presupuestos de Egresos del Estado de Nuevo León y para el 2026 los presupuestos aprobados y proyectados son de $5,500 millones de pesos.

A estos recursos debemos sumar los federales que en el 2025 fueron de $6,800 millones y 7,200 en el 2026.

Cuando decimos que es autónoma, estamos de acuerdo en que debe de impedir a toda costa que el gobierno estatal, partidos o grupos externos la controlen; pero por otra parte debe ser clara, brindar información y cuentas claras.

Nadie pone en tela de duda que la universidad requiere dinero suficiente para operar, crecer, mantener infraestructura, becas, investigación, preparatorias, facultades y hospitales universitarios.

Lamentablemente enfrenta el reto constante de protegerse de quienes aprueban su presupuesto, pues nadie la brinca sin guarache y quieren tener influencia.

Es así como todo se vuelve una estira y afloja para limitar esa capacidad de presión que obtienen quienes aprueban el presupuesto.

No es una casualidad que los diputados en el Congreso de Nuevo León ofrezcan las becas de la UANL cada año, y hasta se anuncien en sus redes sociales ofertándolas, de tal suerte que el presupuesto fácilmente pasa a ser un instrumento político.

Como institución pública, la UANL debe informar sobre presupuesto, contratos, plazas, salarios, obras, auditorías, becas, cuotas y uso de recursos, o de lo contrario podría perder legitimidad. Para ello la UANL cuenta con órganos internos como Rectoría, Consejo Universitario, juntas directivas, direcciones de facultades y estructuras administrativas.

Pero ¿qué tan democrática, representativa y abierta es esa estructura?

Otro aspecto clave es el de la transparencia y lo mejor en este sentido, sería que se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios, que presentó la diputada Claudia Caballero Chávez y que consiste en que empleados de la Universidad sean considerados funcionarios públicos, en el cumplimiento de las declaraciones de bienes, cambios de situación patrimonial, conflicto de interés y fiscal.

La idea es que la Junta de Gobierno de la UANL, tenga entre sus responsabilidades, orientar y apoyar a las autoridades en estas declaraciones patrimoniales y transparentar en que se invierte el dinero público.

¿Ustedes que opinan?

Nos seguimos leyendo.