¿Y si hacen su declaración patrimonial los empleados de la UANL? -

La autonomía de la UANL significa que tiene derecho a gobernarse a sí misma, definir sus planes académicos, elegir autoridades conforme a su ley interna y administrar su patrimonio. Pero al ser una universidad pública que recibe recursos públicos, también debe transparentar decisiones, justificar el gasto y responder ante su comunidad.

Tan solo en 2025 la UANL recibió $5,300 millones, de acuerdo con los Presupuestos de Egresos del Estado de Nuevo León y para el 2026 los presupuestos aprobados y proyectados son de $5,500 millones de pesos.

A estos recursos debemos sumar los federales. Según la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) recibió 581,816.8 millones de pesos más una asignación de 9,408 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa y los programas académicos.

Bueno más o menos se estima que entre recursos propios, estatales y federales la UANL ejerció en el 2025 más de 17 mil millones de pesos.

Y una cantidad superior se estima ejercerá en este 2026.

Cuando decimos que es autónoma, estamos de acuerdo en que debe de impedir a toda costa que el gobierno estatal, partidos o grupos externos la controlen; pero por otra parte debe ser clara, brindar información y cuentas claras.

No vaya siendo que hay nuevos ricos …

Nadie pone en tela de duda que la universidad requiere dinero suficiente para operar, crecer, mantener infraestructura, becas, investigación, preparatorias, facultades y hospitales universitarios.

Como institución pública, la UANL debe informar sobre presupuesto, contratos, plazas, salarios, obras, auditorías, becas, cuotas y uso de recursos, o de lo contrario podría perder legitimidad. Para ello la UANL cuenta con órganos internos como Rectoría, Consejo Universitario, juntas directivas, direcciones de facultades y estructuras administrativas.

Pero ¿qué tan democrática, representativa y abierta es esa estructura?

Otro aspecto clave es el de la transparencia. Lo mejor en este sentido, sería que se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios, que presentó la diputada Claudia Caballero Chávez y que consiste en que empleados de la Universidad sean considerados funcionarios públicos, en el cumplimiento de las declaraciones de bienes, cambios de situación patrimonial, conflicto de interés y fiscal.

La idea es que la Junta de Gobierno de la UANL, tenga entre sus responsabilidades, orientar y apoyar a las autoridades en estas declaraciones patrimoniales y transparentar en que se invierte el dinero público.

¿Ustedes que opinan?

Nos seguimos leyendo.