Cuando los cárteles aprenden más rápido que el estado
Tecnología, inteligencia artificial, soberanía y la nueva frontera del crimen organizado
En el siglo XXI, la principal ventaja estratégica ya no será el número de armas que posea una organización, sino la velocidad con la que aprenda.
CRIMEN ORGANIZADO
Durante décadas, cuando escuchábamos la expresión “crimen organizado”, imaginábamos grupos dedicados al narcotráfico, al contrabando, al secuestro o a la extorsión. Pensábamos en armas, vehículos, rutas clandestinas, informantes, funcionarios coludidos y corrupción.
Esa imagen sigue siendo válida, pero ya no es suficiente.
El crimen organizado del siglo XXI se ha transformado en una compleja organización económica, política, financiera y tecnológica. Sus operaciones cruzan fronteras, utilizan sistemas financieros globales y aprovechan tecnologías que hace apenas unos años parecían reservadas para gobiernos, universidades y grandes corporaciones.
Las evidencias son cada vez más numerosas.
En México se ha documentado el uso de drones para vigilancia y ataque. Se han descubierto sistemas de comunicación encriptada, redes de lavado de dinero apoyadas en criptomonedas, plataformas digitales de reclutamiento, sistemas de monitoreo de autoridades mediante redes sociales y herramientas avanzadas de inteligencia digital.
En algunas regiones del país las autoridades han reportado incluso el uso coordinado de drones y sistemas de observación para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad.
Diversos periodistas, especialistas y funcionarios públicos han comenzado a advertir sobre este fenómeno. Recientemente se ha hablado de la “tecnificación” del sicariato y del crimen organizado. Funcionarios como el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, han reconocido públicamente la necesidad de enfrentar esta nueva realidad antes de que se consolide aún más.
Corresponde reconocer a quienes han documentado y denunciado oportunamente esta tendencia. Gracias a esos reportes hoy sabemos que la amenaza ya no es hipotética. Está ocurriendo frente a nosotros.
LA TECNOLOGÍA SIGUE AL PODER
Desde la perspectiva de la Micropolítica existe una observación fundamental:
La tecnología es una forma de poder.
Y el poder posee una característica semejante a la de un imán: atrae más poder.
Por ello, toda innovación tecnológica termina siendo disputada por múltiples actores sociales.
La pólvora dejó de ser exclusiva de los ejércitos. Las telecomunicaciones dejaron de pertenecer únicamente a los gobiernos. El internet abandonó rápidamente los laboratorios universitarios. La inteligencia artificial tampoco permanecerá confinada a las corporaciones tecnológicas.
Toda tecnología útil termina siendo utilizada por quienes buscan incrementar su capacidad de influencia, control o dominación. Los desarrolladores y comercializadores de estas tecnologías suelen tener fuertes incentivos para expandir su uso, mientras que los mecanismos para controlar quién las utiliza y con qué fines resultan mucho más limitados.
Y el crimen organizado no es la excepción.
La verdadera pregunta ya no es si utilizarán inteligencia artificial. La evidencia indica que ya la están utilizando.
La pregunta realmente importante es otra: ¿hasta qué punto podrán seguir ampliando su capacidad tecnológica sin que los gobiernos, las instituciones democráticas y la sociedad desarrollen mecanismos eficaces para limitar, supervisar y contrarrestar ese poder?
LA PRÓXIMA AMENAZA: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CRIMINAL
Hasta ahora hemos observado drones, criptomonedas y comunicaciones encriptadas.
Sin embargo, el siguiente salto puede ser mucho más preocupante.
La inteligencia artificial permite generar voces falsas, videos falsos, documentos falsificados y campañas masivas de manipulación digital.
Los llamados deepfakes ya permiten imitar la voz de familiares, funcionarios o empresarios para realizar fraudes y extorsiones.
Los sistemas de IA pueden analizar enormes volúmenes de información pública para identificar víctimas potenciales, estudiar hábitos de personas específicas o diseñar campañas de reclutamiento altamente personalizadas.
Lo que antes requería equipos completos de inteligencia podría realizarse en el futuro mediante sistemas automatizados.
La inteligencia artificial no crea criminales.
Pero multiplica exponencialmente las capacidades de quienes ya lo son.
EL ANALFABETISMO DIGITAL: EL GRAN PROBLEMA INVISIBLE
Existe otro fenómeno que pocas veces discutimos.
Vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica y simultáneamente más ignorante sobre la tecnología.
Millones de personas utilizan teléfonos inteligentes, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial sin comprender cómo funcionan.
Muchos ciudadanos participan diariamente en ecosistemas tecnológicos que no entienden, dependen de algoritmos que desconocen y entregan información que no saben cómo será utilizada.
Desconocen conceptos básicos de algoritmos, ciberseguridad, privacidad digital, criptografía o manipulación informativa.
Este analfabetismo digital tiene consecuencias políticas.
Una población que no entiende la tecnología difícilmente puede participar en debates sobre regulación tecnológica, inteligencia artificial o seguridad nacional.
Y cuando la ciudadanía no comprende un problema, tampoco ejerce presión política suficiente para exigir soluciones.
La brecha tecnológica se convierte así en una nueva forma de desigualdad democrática.
EL ESTADO FRENTE A UNA CARRERA QUE VA PERDIENDO
La respuesta parece obvia.
Si el crimen organizado utiliza tecnología avanzada, el Estado debería poseer tecnología superior.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.
La tecnología avanzada es costosa.
Los gobiernos enfrentan crisis fiscales recurrentes.
Las burocracias suelen moverse con lentitud.
Los ciclos políticos duran pocos años.
La innovación tecnológica ocurre a velocidades mucho mayores.
Además, las universidades tradicionales ya no monopolizan el conocimiento de frontera.
Hoy gran parte de los avances más importantes en inteligencia artificial, robótica, computación avanzada y análisis masivo de datos se generan en centros de investigación corporativos.
OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Microsoft, NVIDIA, Meta, Amazon, Tesla, SpaceX y otras organizaciones concentran algunos de los recursos científicos más avanzados del planeta.
Muchos gobiernos simplemente no pueden competir con esa capacidad de inversión.
EL PROBLEMA MICROPOLÍTICO DEL TALENTO
Existe además un problema profundamente micropolítico.
Con frecuencia los gobiernos privilegian la lealtad sobre la capacidad.
Se nombran funcionarios por razones políticas cuando deberían seleccionarse por mérito técnico.
La consecuencia es predecible.
Las instituciones encargadas de enfrentar amenazas tecnológicas complejas terminan careciendo de los especialistas necesarios.
Recuerdo una experiencia particularmente ilustrativa.
Durante una etapa de trabajo en Tamaulipas enviamos a Washington un grupo de especialistas para capacitarse con agencias estadounidenses en temas relacionados con explosivos.
El objetivo era fortalecer capacidades gubernamentales.
Sin embargo, poco tiempo después varios de esos especialistas habían sido reclutados por organizaciones criminales.
El Estado había financiado la formación de expertos que terminaron fortaleciendo a quienes debía combatir.
La anécdota ilustra una realidad incómoda.
Los cárteles también compiten por talento.
Buscan ingenieros, programadores, operadores de drones, especialistas en telecomunicaciones, expertos en ciberseguridad y analistas de inteligencia.
Y muchas veces poseen recursos suficientes para atraerlos.
LA REGULACIÓN: UNA RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL ESTADO
Frente a esta realidad, la regulación tecnológica deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
El Estado debe encontrar mecanismos para supervisar tecnologías emergentes sin destruir la innovación.
Esto incluye marcos regulatorios para drones, inteligencia artificial, criptomonedas, plataformas digitales, ciberseguridad e infraestructura crítica.
No se trata de controlar la tecnología.
Se trata de evitar que vacíos regulatorios permitan que actores criminales aprovechen herramientas cada vez más poderosas.
La regulación inteligente es una de las pocas formas mediante las cuales el Estado puede equilibrar parcialmente una competencia tecnológica que de otro modo estaría condenado a perder.
Sin embargo, la regulación por sí sola no basta.
LA CORRUPCIÓN COMO MULTIPLICADOR DEL PROBLEMA
Toda estrategia tecnológica enfrenta un obstáculo adicional: la corrupción.
Los recursos destinados a la modernización tecnológica pueden perderse en contratos deficientes, compras infladas, programas mal diseñados o proyectos que generan titulares, pero no capacidades reales. A la hora de evaluar, hay gastos, pero no resultados.
Peor aún, información estratégica puede terminar filtrándose hacia organizaciones criminales.
La corrupción convierte inversiones legítimas en ventajas para el adversario.
Y por ello cualquier política tecnológica seria debe incluir mecanismos rigurosos de transparencia y rendición de cuentas.
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: NECESIDAD, NO OPCIÓN
Ninguna nación puede enfrentar sola este desafío.
Las armas cruzan fronteras.
Las criptomonedas operan globalmente.
Los servidores digitales pueden encontrarse en cualquier continente.
Los precursores químicos provienen de distintos países.
Los recursos financieros circulan simultáneamente por múltiples jurisdicciones.
La cooperación internacional ya no es una opción diplomática.
Es una necesidad estratégica.
Por ello resulta llamativo observar la contradicción frecuente entre los discursos de soberanía absoluta y las demandas simultáneas de colaboración internacional.
México tiene razones legítimas para defender su soberanía.
Pero también necesita colaborar estrechamente con Estados Unidos y otros países para enfrentar organizaciones criminales cuya naturaleza es, precisamente, transnacional.
La cooperación eficaz exige confianza mutua, intercambio de inteligencia, capacitación conjunta y objetivos compartidos.
Sin ella, la ventaja tecnológica seguirá favoreciendo a las organizaciones criminales.
La cuestión central no es quién posee inicialmente una tecnología de poder.
La cuestión central es quién desarrolla la capacidad de regularla, limitarla y contrapesarla.
RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO
Si aceptamos que la tecnología se ha convertido en una nueva fuente de poder, las implicaciones para la política pública son inevitables.
La lucha contra el crimen organizado tecnológico requiere una estrategia integral.
Primero, invertir sostenidamente en inteligencia tecnológica.
Segundo, desarrollar programas masivos de alfabetización digital.
Tercero, fortalecer la regulación de tecnologías emergentes.
Cuarto, profesionalizar el servicio público privilegiando capacidad sobre lealtad política.
Quinto, construir alianzas permanentes entre gobiernos, universidades y empresas tecnológicas.
Sexto, proteger y retener talento especializado dentro de las instituciones públicas.
Séptimo, combatir la corrupción con mecanismos estrictos de supervisión.
Octavo, fortalecer la cooperación internacional en inteligencia, capacitación y tecnología.
Finalmente, debemos comprender una realidad fundamental.
La batalla contra el crimen organizado ya no se libra únicamente en carreteras, puertos o laboratorios clandestinos.
También se libra en centros de datos, sistemas de inteligencia artificial, redes digitales, plataformas tecnológicas y laboratorios de innovación.
La nueva frontera del poder no es únicamente territorial.
Es tecnológica.
En el siglo XXI, la soberanía también será una capacidad tecnológica.
Y quien domine esa frontera tendrá una ventaja decisiva en los conflictos del siglo XXI.
Dr. Alfredo Cuéllar es profesor retirado de California State University, Fresno; consultor internacional; primer mexicano en enseñar en la Escuela de Educación de Harvard University; creador de la disciplina de la Micropolítica y del Modelo Internacional del Método de Caso (MIMC).
El presente texto utilizó herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo de investigación, organización y edición. La interpretación, criterio y responsabilidad intelectual final pertenecen exclusivamente al autor.
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