¿Porqué Al Capone no usaba BlackBerry Messenger? Andrés Amaro
Independientemente de la existencia o no de pruebas, la acusación de EU contra un político de otro país acerca de narcotráfico no es preponderantemente un asunto de justicia, sino de ejercicio de poder en el contexto de las relaciones diplomáticas.
Así ocurre en el caso de la solicitud norteamericana de extradición contra el hoy Gobernador con Licencia de Sinaloa. El evento ha sido precedido por la aguda controversia en torno a la operación ilegal de agentes de la CIA en Chihuahua. La posición de EU en ese debate era evidentemente débil.
Importa entonces preguntarse porqué la solicitud de extradición aparece precisamente ahora. El objetivo inmediato sería cambiar el eje temático de la narrativa. Pero sobre todo pretendería obtener un recurso político para obligar a México a flexibilizar su posición acerca de la presencia aquí de personal extranjero de inteligencia u otras tareas.
La demostración de delitos, o en su defecto la difusión de presunciones acerca de un comportamiento criminal del Gobernador con Licencia de Sinaloa, resultarían estratégicamente idóneas para el interés estadounidense dada la importancia de este actor político en el ámbito del Régimen así como su proximidad con el exPresidente AMLO.
En caso de que se hiciera efectiva su detención y su extradición, se convertiría en una fuente de imputaciones acerca de miembros del Régimen en México. Es inevitable considerar que cualquier individuo procesado y en trance de negociación con autoridades de EU es absolutamente vulnerable a presiones para efectuar señalamientos, verdaderos o falsos, con tal de obtener su libertad.
Las consecuencias de esa dinámica demeritarían al Gobierno Mexicano, un efecto favorable al propósito de EU de fragilizar a autoridades latinoamericanas no alineadas a Washington.
Contribuye a ello la ausencia en México de una política de Estado de amplio consenso acerca del Combate al Narcotráfico. Cuando quien ha sido Titular de Seguridad o Defensa es sujeto a proceso judicial en EU, sustentado o no, se convierte inmediatamente en objeto de desprestigio por parte de los adversarios del Partido responsable de la Administración a la que perteneció.
Ocurrió así cuando el exSecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado por EU en 2019. Ello a pesar de que el fondo político de su procesamiento judicial era la ruptura, por causas desconocidas, de su trato de colaboración de alto nivel, confianza mutua y visión compartida con ese país.
Es difícil pensar que las actividades públicas, personales o en su caso delictivas de un funcionario mexicano con tal proximidad con EU no fueran milimétrica y puntualmente conocidas por las agencias norteamericanas con las que se coordinaba.
En 2020, la detención del General Salvador Cienfuegos en EU mostró de nuevo la inconsistencia de México para afrontar ese tipo de eventos. Inicialmente, el Presidente AMLO (2018-2024) asimiló el caso a la confrontación interpartidista. Lo refirió como muestra de descomposición de Régimen (Cienfuegos había sido el Titular de la Sedena durante una Administración Federal del PRI). Después corrigió.
Es importante recordar el fundamento de la acusación de EU contra el General Cienfuegos: presuntamente comandaba operaciones de narcotráfico coordinándolas a través de mensajes de BlackBerry. Sería inverosímil que un militar de tal trayectoria, capacidad y especialización manejara incluso funciones legales a través de BlackBerry. Mucho más lo sería si las actividades fueran ilícitas.
¿Porqué Al Capone no usaba la mensajería de BlackBerry? En primer lugar, desde luego, porque tal tecnología en su tiempo no se inventaba aún. En segundo término, pero más importante, porque el famoso gángster era delincuente, no bobo.
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