En una resolución que marca el cierre de uno de los episodios más controvertidos de la política en Nuevo León, este día se llevó a cabo la audiencia conciliatoria entre el senador Waldo Fernández y la exsecretaria Karina Barrón, logrando un acuerdo reparatorio que permitirá a la imputada recuperar su libertad.
Tras permanecer varias semanas en prisión preventiva, Barrón y dos excolaboradores saldrán libres una vez que se formalicen los trámites legales correspondientes. El acuerdo, avalado por el juez tras la mediación entre ambas defensas, contempla diversas medidas.
Entre los puntos principales destaca el pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño, destinados a resarcir las afectaciones derivadas del proceso judicial por presunta extorsión y falsedad de declaraciones. Asimismo, la exfuncionaria aceptó una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, lo que frena de manera inmediata sus aspiraciones políticas.
Como parte del convenio, también deberá cumplir con trabajo comunitario obligatorio como medida de reinserción social, además de emitir una disculpa pública dirigida al senador y su familia, reconociendo el daño causado por las acusaciones realizadas previamente.
Karina deberá cubrir un monto de 3.2 millones de pesos en mensualidades de 142 mil pesos que deberá pagar en un plazo de 18 meses, comenzando a partir de lunes 30 de marzo, ofrecer una disculpa pública y no podrá participar en algún cargo público durante 5 años.
También se estableció que la priista deberá tener una residencia fija, no hablar con la prensa ni en redes sociales sobre el caso, no tener contacto con Waldo Fernández ni testigos, llevar a cabo una campaña de concientización en contra de las denuncias falsas, que consiste en crear cinco spots en plataformas digitales y realizar 30 horas de trabajo comunitario a favor del estado en 30 jornadas de una a dos horas cada una.
La audiencia de revisión, en donde el Juez analizará si los involucrados acataron las indicaciones, se llevará a cabo el próximo 13 de octubre de 2027 a las 10:00 horas, con el fin de que se cumpla con las disposiciones.
Por su parte, el senador Waldo Fernández señaló que su objetivo principal siempre fue la reivindicación de su honor y nombre, más allá de mantener a la exsecretaria en prisión. Con la firma del acuerdo, dio por concluido el conflicto legal, asegurando que se ha hecho justicia.
El legislador subrayó que este caso sienta un precedente importante para evitar el uso de instituciones con fines de confrontación política, en un contexto donde las disputas legales entre actores públicos han generado amplio debate en la entidad.
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