Carla Castillo Camarillo es articulista invitada de Plumas Azules
Es marzo de nuevo, y con ello nos llenamos de activismo, de consignas y de sentimientos encontrados rumbo al 8M. Es un mes que invita a revisar lo que hemos avanzado y lo que aun duele. Y en este contexto quiero hablar de un tema que muchas veces se toma con cautela, pero que merece decirse con claridad: la violencia política no está bien.
Primero vamos a reconocer lo evidente: la violencia política contra las mujeres en razón de género existe. Está documentada, está tipificada y la viven muchas mujeres que participan en la vida pública (Muchas lo hemos vivido en carne propia). Negarlo es irresponsable.
Pero también es cierto que la violencia política no siempre tiene una motivación de género. Hay mujeres -y hombres- que enfrentan descalificaciones, limitaciones, agresiones, ataques y muchas cosas más por el simple hecho de participar, opinar o tomar decisiones en el espacio público. Y eso tampoco está bien.
La política implica debate, contraste, competencia. Quienes estamos dentro de la vida pública lo sabemos, sabemos que hay resistencias, oposición, cuestionamientos. Todo esto es parte de la democracia y está bien, es sano.
Pero una cosa es debatir… y otra muy distinta es obstaculizar.
No es debate cuando te bajan tu publicidad o te bloquean tu propaganda como forma de intimidación o presión.
No es competencia que impidan el dialogo con la ciudadanía, que existan amenazas.
No es diferencia política que se prohíba a funcionarios atender gestiones por filias o fobias personales.
No es normal que alguien no pueda tener espacios dignos de trabajo simplemente porque “no cae bien” a quien tiene el poder.
Y mucho menos es aceptable condicionar la nómina o el sustento por caprichos. Esto NO es estrategia política, es abuso de poder. Es violencia.
Cuando se utilizan herramientas administrativas, recursos públicos o estructuras institucionales para castigar, aislar o debilitar a alguien por razones políticas, ya no estamos frente a una competencia democrática. Estamos frente a prácticas que lastiman a la democracia, no importan los colores, ni los cargos.
La política no puede convertirse en un sistema de premios y castigos personales.
Porque cuando se normaliza que el acceso a espacios, a información, a recursos, a gestiones, etc., dependa de simpatías, dejamos de hablar de instituciones y empezamos a hablar de feudos. Los feudos no construyen democracia.
Estas prácticas no solo afectan a quien las vive, afectan también a la ciudadanía. Cada obstáculo impuesto por rencor, por presión, por “calculo político” retrasa soluciones, bloquea gestiones y frena proyectos que podrían beneficiar a la comunidad.
La violencia política también es calladita, también opera en silencio. En la llamada que cancela un apoyo, en la llamada que vacía un evento, en la instrucción informal que cierra puertas, en el “no le ayuden” que circula en los pasillos. Esto debe de señalarse también.
Si queremos una política más ética, tenemos que empezar por rechazar estas prácticas, sin importar de donde vengan. Porque la democracia no se defiende solo en los discursos o solo señalando a otros, sino en la forma en que ejercemos el poder todos los días.
Podemos competir, podemos disentir, podemos ganar y perder. No podemos usar las instituciones para ajustar cuentas personales. Cruzar esa línea nos debilita a todxs.
La democracia no es un favor que alguien concede, es un derecho que se ejerce.
Quien usa el poder para callar, bloquear o castigar, no está haciendo política: está debilitando las instituciones que juró respetar.
NO importan los colores, no importan los cargos.
Marzo nos recuerda la lucha por la igualdad y la dignidad. Pero la dignidad no es selectiva, o defendemos la democracia para todxs, o la estamos debilitando para todxs.
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