«Clasificar con honestidad es el primer paso para corregir el rumbo«
México está en un momento decisivo. O convertimos la innovación en salud en una verdadera
política de Estado, o nos quedamos rezagados mientras otros países logran más salud por
cada peso que invierten.
De acuerdo con el marco desarrollado por Economist Impact, México se ubica en el grupo
de países “Momentum needed”, lo que significa que producimos poca innovación en salud y
que, además, lo poco que se genera casi no se integra de forma ordenada al sistema. En
contraste, países como Japón y Suiza aparecen como “Trailblazers” porque combinan alta
innovación con alta capacidad para incorporarla a sus sistemas. Canadá y Reino Unido
figuran como “Value seekers”, es decir, países que quizá no inventan todo, pero que adoptan
bien aquello que sirve y logran que llegue a su población.
En la vida diaria, en México, esto se traduce en tres hechos que rayan en lo inaceptable para
un país del G20 y resultan difíciles de justificar ante cualquier mexicano informado. Hacemos
menos investigación aplicada, menos desarrollo tecnológico y menos modelos de atención
innovadores de lo que podríamos. Las innovaciones que sí existen se quedan en “islas” de
alta especialización o en el sector privado. Además, todavía no contamos con una estructura
sólida que decida, con evidencia, qué innovaciones valen la pena, cómo financiarlas y cómo
integrarlas en la práctica cotidiana.
El análisis de Economist Impact insiste en un punto clave. La innovación en salud ya no
puede verse como un accesorio, sino como un componente que debe medirse y compararse
con la calidad, la equidad o la eficiencia. No basta con contar camas, consultas o recetas.
También debemos preguntarnos si el sistema es capaz de probar, adoptar y escalar soluciones
que mejoran los resultados sin disparar el gasto.
En este contexto surge una interrogante sobre qué ha hecho este gobierno morenista para
mover a México de ese cuadrante de países que “necesitan impulso”. El documento, conocido
como “Plan México 2030: retos que demandan pronta solución para fortalecer el desarrollo
a través de la salud”, impulsado por la industria farmacéutica innovadora y presentado con
el respaldo del gobierno federal, plantea metas ambiciosas. Entre ellas se encuentran la
atracción de alrededor de 2 mil millones de dólares anuales en investigación clínica, la
modernización de COFEPRIS, la reducción de los tiempos de autorización de protocolos a
40 días y el reconocimiento de la agencia como autoridad reguladora de referencia por la
OMS. La apuesta se centra en utilizar la investigación clínica y la modernización regulatoria
como motores del desarrollo económico y del acceso temprano a innovaciones terapéuticas.
El Programa Sectorial de Salud 2025–2030 también aporta elementos relevantes. El
documento reconoce con honestidad los rezagos en el acceso, la calidad y la infraestructura,
y plantea el fortalecimiento de la atención primaria, la modernización del sistema nacional
de información en salud y la consolidación del expediente clínico electrónico. Además,
propone impulsar redes integradas de servicios y avanzar en la estandarización de protocolos
clínicos. Todo esto guarda coherencia con las recomendaciones de Economist Impact, que
subrayan la importancia de fortalecer tanto la producción como la integración de
innovaciones y de mejorar el uso de datos para un sistema más digital, coordinado y basado
en evidencia.
Sobre el papel, el Plan México 2030 y el Programa Sectorial de Salud apuntan en la dirección
correcta. Ambos hablan de más investigación, mejor regulación, más datos y procesos
digitalizados. Sin embargo, la situación cambia cuando se aplica el principio de “México,
sigue el dinero (no la tinta vertida)”. El gasto público en salud se mantiene entre 2,5 y 2,6%
del PIB, muy por debajo del 6% recomendado internacionalmente. El margen para realizar
inversiones estratégicas en infraestructura digital, evaluación de tecnologías o investigación
traslacional continúa siendo reducido. A la par, el presupuesto de instituciones clave como
COFEPRIS enfrenta restricciones, justo en el momento en que se les demanda mayor
agilidad, modernización y digitalización. En términos llanos, los planes se parecen al perfil
de un país “Trailblazer”, pero la asignación real de recursos sigue describiendo a un país
“Momentum needed”.
La federalización del sistema, mediante el IMSS-Bienestar, se presentó como una apuesta
para garantizar una atención gratuita y universal a la población sin seguridad social, bajo un
modelo más centralizado. Desde la perspectiva de la innovación, la centralización podría
convertirse en una oportunidad para estandarizar procesos, datos y decisiones de compra. En
la práctica, el esfuerzo se ha concentrado, sobre todo, en la reorganización institucional, sin
una agenda explícita de innovación evaluada, acompañada de indicadores y metas claras.
Algo similar ocurre con la agenda de digitalización. El Programa Sectorial menciona la
intención de consolidar un expediente clínico único nacional, y varios programas operativos
la reflejan. A pesar de ello, la implementación sigue fragmentada entre instituciones y
entidades federativas, con sistemas que no siempre se comunican entre sí. Mientras no existan
datos interoperables, no será posible evaluar de manera sistemática qué innovaciones
funcionan y merecen ser escaladas.
Si aceptamos el diagnóstico que sitúa a México como un país que “necesita impulso” en
innovación en salud, la tarea principal no consiste en producir más documentos, sino en
modificar la manera en que se deciden las políticas y se asignan los recursos. La verdadera
innovación política llegará cuando cada reforma y cada peso se sometan a una pregunta
simple. La pregunta es si esa decisión ayuda a cambiar de cuadrante o únicamente maquilla
la fotografía del sistema.
A partir de ese criterio, resultan indispensables tres decisiones de fondo. Una primera
decisión consiste en reservar una proporción del presupuesto de salud para la innovación
evaluada, mediante proyectos seleccionados con criterios claros, medidos y sujetos a ajustes
o a la cancelación si no funcionan. Una segunda decisión requiere crear o fortalecer una
agencia nacional de evaluación de tecnologías y modelos de atención, con independencia
técnica y capacidad real para incidir en lo que se compra y en lo que se cubre con recursos
públicos. Una tercera decisión exige una apuesta seria por la infraestructura de información
interoperable, de modo que las instituciones se comuniquen entre sí y los datos se utilicen
para mejorar la clínica, la gestión y la rendición de cuentas.
Solo al tomar este tipo de decisiones, México podrá abandonar el grupo de países que
“necesitan impulso” y empezar a utilizar la innovación para lo que realmente importa. El
objetivo final consiste en mejorar la salud de las personas y obtener el máximo beneficio
social por cada peso destinado al sector salud.
Referencias:
[1] From discovery to delivery: examining US health innovation and performance in a global context. En:
[2] Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad
Compartida. En: https://www.planmexico.gob.mx/
[3] AMIIF. Plan México 2030: Retos que demandan una solución pronta para fortalecer el desarrollo a través
de la salud. En: https://amiif.org/plan-mexico-2030-retos-que-demandan-pronta-solucion-para-fortalecer-el-
desarrollo-a-traves-de-la-salud/
[4]. Programa Sectorial de Salud 2025-2030. En:
Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía
general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en
administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado
reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo
de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

