Hoy el sector salud no tiene un registro nominal completo que le diga, con nombre y apellido, quién está vacunado,

Un Sistema de Salud que no sabe quién está vacunado

Hoy el sector salud no tiene un registro nominal completo que le diga, con nombre y apellido, quién está vacunado, con qué biológico (vacuna), cuántas dosis le faltan y dónde vive. La herramienta principal sigue siendo la cartilla en papel, muchas veces perdida, incompleta o guardada en un cajón, y en no pocos casos se recurre a la memoria de la madre para reconstruir el esquema de vacunación.

Eso impide planear con precisión, dirigir campañas a las colonias o comunidades con más rezago, y reaccionar a tiempo ante un brote como el de sarampión que hoy nos golpea. Sin información nominal, el Estado camina a ciegas: no sabe cuántos niños faltan por vacunar, ni en qué localidades urge reforzar, ni dónde están las brechas más profundas.

Por eso, desde la Cámara de Diputados presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y dejar plasmado en la ley algo muy sencillo y poderoso, que el sistema de información en vacunación se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, con plena protección de sus datos personales. Es decir, que cada dosis, cada aplicación y cada refuerzo queden registrados en un sistema digital que permita saber, en tiempo real, quién está protegido y quién no.

Junto con ello, proponemos que exista una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual, que sea obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos y privados. La versión digital permitiría a madres y padres consultar el esquema de sus hijas e hijos desde una aplicación en el celular, recibir recordatorios cuando toque una nueva dosis y contar con un respaldo de la información si se pierde la cartilla en papel.

Esta cartilla electrónica no es ciencia ficción: ya existe experiencia en México con proyectos como la Cartilla Electrónica de Vacunación desarrollada con apoyo de la Fundación Slim y operada en varios estados, y la propia pandemia de Covid-19 demostró que es posible emitir certificados electrónicos y códigos QR para millones de personas. Lo que hace falta es voluntad política para convertir este avance en una política de Estado, universal y permanente.

Una cartilla electrónica no es solo comodidad digital; es, sobre todo, un instrumento de justicia en salud. Un registro nominal permite construir un verdadero censo de vacunación por persona, por colonia, por municipio y por estado, de tal manera que las autoridades puedan identificar con precisión dónde está la población sin esquema completo.

Con esa información, la Secretaría de Salud y las entidades federativas pueden organizar brigadas específicas para ir a los barrios, comunidades rurales y zonas marginadas donde la cobertura es más baja; pueden calcular con exactitud cuántas dosis se necesitan; y pueden monitorear semana a semana si el rezago se está cerrando o ampliando. En un brote como el actual, contar con un censo nominal de vacunación significa poder actuar a tiempo y salvar vidas que hoy estamos perdiendo.

La otra pieza clave de la iniciativa es el dinero. Proponemos que la Cámara de Diputados esté obligada a asignar cada año recursos suficientes y etiquetados exclusivamente para vacunación, de manera que no puedan desviarse a otros fines ni dejarse sin ejercer por decisiones políticas o administrativas. Además, se establece el deber del Estado de garantizar el abasto y la distribución oportuna de vacunas e insumos, incluso en contexto de crisis sanitarias, y de contar con personal y recursos materiales adecuados para las campañas.

La vacunación no puede depender del humor de un funcionario ni de ocurrencias sexenales; debe estar protegida por la ley y respaldada por un presupuesto estable y transparente, con cuentas claras ante la ciudadanía. Cada peso no ejercido en vacunas se traduce en más gasto de bolsillo, más hospitalizaciones evitables y más desigualdad entre  quienes pueden pagar un consultorio privado y quienes dependen del sistema público.

México necesita dar un salto decidido a la salud digital, y la vacunación es el terreno perfecto para demostrar que la tecnología puede salvar vidas y hacer más justo el sistema. Un registro nominal interoperable, conectado con una cartilla electrónica, permitiría que cualquier institución pública —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios estatales— consulte el historial de vacunación de una persona y continúe su esquema sin duplicidades ni lagunas.

Nuestra agenda en salud no solo busca más recursos, sino usarlos mejor. Por eso, hemos presentado reformas para ordenar el intercambio de servicios entre instituciones, con reglas claras de financiamiento, expedientes digitales que acompañen al paciente y prohibiciones expresas para no tocar las reservas financieras del IMSS y del ISSSTE. Un sistema que comparte información, respeta la privacidad y pone al paciente en el centro es un sistema que avanza hacia la universalidad real.

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