Ciudad de México. — La administración federal alista una propuesta de reforma electoral que será enviada al Congreso en el próximo periodo legislativo, con el objetivo de modificar la estructura del sistema político-electoral y reducir costos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el proyecto no contempla la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) ni un retroceso en la representación de fuerzas políticas minoritarias. Por el contrario —dijo—, la iniciativa buscará “fortalecer la democracia con instituciones más eficientes y menos onerosas”.
“La reforma electoral que presentaremos va a mantener la autonomía del INE, como es y cómo debe ser. También se mantendrá la representación de las minorías en el Congreso. No se trata de excluir ni de imponer mayorías monolíticas”, afirmó.
La propuesta retomará puntos planteados en la administración anterior, entre ellos la reducción del financiamiento a partidos, la disminución del número de legisladores de representación proporcional, y la eventual redefinición del sistema de elección de consejeros electorales, según legisladores de Morena consultados por medios.
Debate legislativo anticipado
Opositores en el Congreso han advertido que analizarán con detalle la iniciativa para evitar que se vulneren contrapesos democráticos. Dirigentes de PAN, PRI y PRD señalaron que cualquier reforma debe garantizar “piso parejo” en elecciones federales y locales.
En tanto, especialistas en derecho electoral han señalado que los puntos más sensibles estarán en la reconfiguración del Congreso y en la forma de designación de consejeros, pues de ello depende el equilibrio entre mayorías y minorías parlamentarias.
Calendario y contexto
La presidenta confirmó que la propuesta será discutida antes del inicio del proceso electoral de 2027, lo que permitiría —en caso de ser aprobada— su aplicación en la siguiente elección intermedia.
El tema ha cobrado relevancia debido a la reciente composición político-electoral y a la intención del Ejecutivo de reducir costos en el aparato público. El INE, por su parte, ha señalado que está dispuesto a participar en el análisis técnico de la reforma siempre y cuando se respete su función constitucional.
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