El gobierno de Morena, encabezado por la presidenta Claudia Sheimbaum, en los próximos días enviará al Congreso una reforma electoral que propone reducir gastos en el sistema electoral, modifica la representación proporcional y ajusta la forma en se eligen los representantes plurinominales. Dicha iniciativa busca recortar el financiamiento a los partidos políticos, acotar la propaganda con bots y simplificar el voto de los mexicanos en el extranjero. El objetivo claro es “abaratar la democracia” y hacer más eficientes las elecciones.
En principio, cualquier sociedad que busca mejorar su sistema democrático merece un debate serio y profundo sobre cómo gastar mejor los recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana. Reducir los costos de las elecciones, simplificar procesos y combatir la desinformación son metas entendibles y, en muchos casos, compartidas por la ciudadanía. Sin embargo, la forma en que se ha propuesto alcanzar esos objetivos, despierta serias reservas entre especialistas, organizaciones civiles, partidos políticos e incluso entre los propios aliados de Morena.
Uno de los puntos de discordia, es la modificación en el modelo de representación proporcional. La reforma plantea que los legisladores plurinominales tengan que competir por un voto directo, o incluso reducir su número, lo que, sin duda, reduciría la representación de minorías y partidos pequeños en el Congreso. Estos ajustes, sin duda favorecerían a las fuerzas políticas más grandes, concentrando el poder político en menos manos.
Un aspecto también sensible es el recorte en el financiamiento público a partidos políticos y órganos electorales con el argumento del ahorro de dinero. El riesgo es que los partidos dependan en gran medida del financiamiento privado o de grupos con “intereses especiales”, lo que debilitaría la competencia democrática abriendo la puerta a influencias indebidas.
Diversos sectores de la sociedad y organizaciones empresariales, han cuestionado el momento y la forma de la reforma, señalando que, ante una crisis de seguridad, una economía frágil y profundos retos sociales, poner a discusión cambios estructurales al sistema político sin consensos, podría polarizar aún más al país.
Propuestas anteriores para modificar el sistema electoral y limitar funciones de órganos autónomos como el INE, generaron protestas y rechazo social por el temor de debilitar la independencia de las instituciones que garantizan elecciones libres y justas. Esta nueva propuesta no elimina al INE pero —si no se ejecuta con cautela y amplio acuerdo— da pie a ser interpretada como un intento de disminuir la vigilancia y equilibrio necesarios en una democracia madura.
En resumen, una reforma de este calado puede ser válida cuando fortalece la transparencia, la participación y equilibra la representación, pero corre el grave riesgo de convertirse en una herramienta para concentrar el poder y debilitar la pluralidad. Merecemos un debate abierto, con voces diversas y sin precipitaciones, de esta manera evitaremos que lo que se presenta como un “ahorro” termine siendo un retroceso en la democracia.
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