Son muchos los riesgos de una reforma electoral regresiva, que limite derechos, formalice la intervención de los funcionarios públicos en los procesos electorales.
Lo he señalado en varias ocasiones e insisto por la gravedad del alcance. Lo que podría proponerse en los próximos días no es solamente una reforma electoral; por sus implicaciones, se trata de algo de mayor alcance, ya que tiene que ver con la política toda y puede culminar con la reforma del Estado que la 4T, desde el 2018, ha venido impulsando.
Lo anterior tiene muchas aristas; abordaré aquí una sobre la cual se ha hecho poca referencia y, por lo que señalaron la presidenta de la República y el diputado Monreal, podría estar en el paquete de la reforma electoral.
Me refiero en particular a lo que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación con fines político-electorales, cuestiones muy sensibles, ya que se trata de la comunicación y la equidad en las contiendas políticas.
En 2007 se hizo una reforma constitucional de gran calado que concentró en el INE el acceso a radio y televisión para la promoción política. En ese momento, hace escasos 18 años, esos medios eran los que dominaban la difusión masiva de mensajes comerciales y políticos.
De entonces a la fecha, el mundo ha cambiado y la población ya no se entera predominantemente de lo que acontece por aquellos difusores, sino que las redes sociales han venido a desplazarlos y han modificado las prácticas y estrategias de comunicación.
Sin embargo, aún siguen teniendo, sobre todo en sectores populares y en población adulta, una penetración importante.
El diputado Ricardo Monreal señaló, después de la reciente reunión de la Comisión responsable de redactar la propuesta de reforma con la presidenta de la República, que en sus consideraciones estaba también lo que tiene que ver con acceso a radio y televisión, y dejó ver que podría disminuirse el tiempo con el que hoy cuentan autoridades electorales, partidos y candidatos para sus fines.
Adicionalmente, la semana que acaba de concluir, Claudia Sheinbaum señaló que podría regularse también el uso de la inteligencia artificial. Sin duda se trata de temas de la mayor relevancia que merecerían una amplia y fundada deliberación, pero vayamos por partes.
Con los pocos elementos con los que contamos —como ha sido la tónica de este proceso que simula ser abierto—, al parecer se pretende reducir el tiempo del que disponen los actores políticos para exponer sus propuestas ante la ciudadanía y además abrir nuevos formatos para ello.
Sin duda, lo anterior merece ser discutido, siempre y cuando se tenga en el centro lo que se quería resolver hace tres lustros y que sigue vigente, la equidad de la competencia política.
La reforma de 2007 buscó evitar que la sobreexposición mediática, en la mayoría de los casos con la clara intención de beneficiar a alguna de las partes —en particular al PRI en el gobierno—, fuera lo que determinara su presencia ante la ciudadanía, así como impedir que las empresas de comunicación, mediante tarifas diferenciadas o el acceso de los candidatos a entrevistas a modo, ofrecidas a unos y negadas a otros, definieran la mayor o menor difusión de las campañas.
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