En un video reciente, en la Universidad de Oxford, el actor Kevin Spacey plantea una idea inquietante: la verdad, en nuestro tiempo, ha dejado de ser el árbitro del debate público.
Su escepticismo no surge en el vacío. Tras años de acusaciones que derivaron en procesos judiciales y posteriores absoluciones o desestimaciones por falta de pruebas concluyentes, Spacey ha vivido en carne propia cómo la narrativa puede imponerse sobre los hechos. Su lectura es polémica, porque quizás muchos lo juzgaron culpable, pero tenemos que aceptar que es muy reveladora. Y es que, una vez instalada una historia en la opinión pública, en la narrativa de los medios y redes sociales, revertirla con evidencia es extraordinariamente difícil.
Este fenómeno no es aislado. Como advierte Yuval Noah Harari, las sociedades contemporáneas operan sobre relatos compartidos; el problema emerge cuando esos relatos se desligan de la evidencia verificable. En ese punto, la verdad deja de ser un punto de encuentro y se convierte en un campo de batalla. Desde la óptica de Singularity University, el riesgo es aún mayor: en un mundo gobernado por datos, ignorarlos no solo es un error intelectual, sino una desventaja competitiva.
Sin embargo, la historia también ofrece esperanza. Estados Unidos atravesó una etapa de profunda corrupción a finales del siglo 19, donde las redes de poder político y económico operaban con escasa rendición de cuentas. ¿Cómo logró superarla? No fue mediante discursos moralistas, sino mediante la institucionalización de la verdad: leyes antimonopolio, agencias reguladoras independientes y un periodismo que documentaba con rigor. La clave no fue eliminar la retórica, sino someterla a prueba constante frente a los hechos.
Esa lección resulta crucial para México hoy. La corrupción, el tráfico de influencias y la extorsión no persisten por falta de leyes, sino por la debilidad en su aplicación y, sobre todo, por una tolerancia cultural a narrativas que justifican o minimizan estos fenómenos. En Nuevo León, donde conviven dinamismo económico y retos institucionales, el momento es particularmente decisivo.
Rumbo a 2027, la pregunta no es solo qué candidatos competirán, sino qué tipo de ciudadanía emergerá. Porque si algo demuestra la experiencia internacional es que la verdad no sobrevive sola: necesita defensores activos.
El papel del ciudadano en Nuevo León será determinante en tres frentes.
Primero, exigir evidencia. Cada promesa de campaña debe venir acompañada de métricas claras: ¿cómo se medirá el éxito?, ¿en qué plazos?, ¿con qué indicadores comparables? La política sin datos es solo narrativa.
Segundo, castigar la opacidad. Hoy, la tecnología permite rastrear contratos, presupuestos y decisiones públicas. Un ciudadano informado ya no tiene excusa para la indiferencia. La transparencia no es un favor del Gobierno; es una obligación que debe ser vigilada.
Tercero, reconstruir comunidad. La defensa de la verdad no es un acto individual, sino colectivo. Implica conversaciones incómodas, contrastar información y resistir la tentación de compartir aquello que confirma prejuicios sin verificarlo.
Aquí radica la gran paradoja: en una era con más información que nunca, la verdad es más frágil que antes. Y, sin embargo, también es más defendible.
El caso de Spacey, más allá de juicios personales, ilustra un punto estructural: la reputación puede ser moldeada por narrativas antes de que los hechos tengan oportunidad de consolidarse. Pero también recuerda algo fundamental: las sociedades que progresan son aquellas que construyen mecanismos para corregir, verificar y, cuando es necesario, rectificar.
La elección de 2027 en Nuevo León puede ser ese momento de inflexión. No solo para cambiar Gobiernos, sino para redefinir la relación entre verdad y poder.
Porque al final, la pregunta no es si la verdad está en crisis. La pregunta es quién está dispuesto a defenderla.
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