¿Combatir al crimen o controlar al ciudadano? Gustavo Vicencio

“Nadie puede aterrorizar a toda una nación,

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a menos que todos nosotros seamos sus cómplices”

Edward R. Murrow

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas bancarias sin orden judicial no puede analizarse en el vacío. No en un país donde el poder político ha sido señalado, una y otra vez, por su cercanía, tolerancia o franca colusión con el crimen organizado. Porque entonces la pregunta cambia por completo: ¿esta herramienta es para combatir a los delincuentes… o para controlar a los ciudadanos? El discurso oficial insiste en que se trata de una medida necesaria para frenar el lavado de dinero. Pero ese argumento se desmorona frente a una realidad incómoda: si realmente existiera voluntad para combatir al narcotráfico y a las redes criminales, ya habríamos visto acciones mucho más contundentes, profundas y sistemáticas. No las hemos visto. Ni se ve que las veremos.

Lo que sí hemos visto es selectividad. Omisiones. Negaciones constantes frente a evidencia incómoda. Un patrón donde el poder evita confrontar de fondo a las estructuras criminales mientras endurece su capacidad de acción frente a otros actores. En ese contexto, otorgarle a la UIF la facultad de congelar cuentas con base en “sospechas” y sin control judicial previo no es un avance en seguridad. Es un instrumento de poder. Voces como la de Sergio Sarmiento han señalado el problema desde el ángulo jurídico: se vulnera el derecho de propiedad y se elimina el debido proceso. Pero el problema va más allá. Es político. Es estructural. Es, en el fondo, una señal más de las verdaderas intenciones del régimen.

Nuestra Constitución Mexicana está para proteger, entre otras cosas, al ciudadano frente al poderoso. ¿Qué dice el Artículo 16 constitucional al respecto?: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…” Para un ciudadano de a pie, como yo, me queda claro que la medida adoptada por la SCJN viola flagrantemente dicha disposición. Seguramente habrá abogados que le encontrarán la interpretación adecuada para afirmar que lo que dice no lo dice. Igualito como los delitos que cometen integrantes del morenismo, que salen en videos, que están bien documentados, pero que el oficialismo niega porque puede hacerlo. No tiene contrapesos que lo obliguen a rendir cuentas y terminar con la impunidad.

Porque en un entorno donde el gobierno estuviera genuinamente comprometido con combatir al crimen organizado, esta herramienta sería una pieza dentro de una estrategia integral: investigaciones sólidas, persecución penal efectiva, desmantelamiento de redes de complicidad. Pero aquí no hay estrategia. Hay narrativa. Y en ausencia de resultados reales contra el crimen, lo que emerge es otra lógica: la del control. La del uso de las instituciones para vigilar, presionar o castigar a quienes resulten incómodos. Congelar una cuenta no es un acto menor. Es paralizar una vida económica. Es dejar a una persona, una empresa o una familia sin acceso a sus recursos. Es imponer una sanción sin juicio. Y ahora, además, sin juez. La sospecha se convierte en castigo. Y cuando ese poder recae en un aparato estatal cuya imparcialidad es, como mínimo, cuestionable, el riesgo deja de ser teórico. Se vuelve tangible.

El oficialismo podrá argumentar que esta medida responde a estándares internacionales o a la necesidad de actuar con rapidez. Pero ese argumento pierde credibilidad cuando, al mismo tiempo, se evade enfrentar las estructuras criminales que operan con impunidad en amplias regiones del país. No es falta de herramientas. Es falta de voluntad. O peor aún: es una decisión deliberada de no tocar ciertos intereses. Por ello, este no es solo un debate legal. Es una advertencia. Cuando un gobierno que no combate eficazmente al crimen adquiere más poder discrecional sobre los ciudadanos, el problema deja de ser la inseguridad. El problema es el propio poder. Porque entonces la ley deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en un arma selectiva. Hoy se justifica en nombre del combate al dinero ilícito. Pero en la práctica, puede terminar siendo un mecanismo más de control político. Y en un país donde el crimen organizado sigue operando con fuerza, la pregunta es inevitable: ¿a quién se está combatiendo realmente?

Ojo, tanto la oposición partidista como la sociedad organizada no pueden pasar por alto una medida así. Habrá que crear conciencia de su gravedad e iniciar acciones concretas para que a la ciudadanía le quede claro las verdaderas intenciones del morenismo y contar con el poder necesario para revertirlas. ¡A darle¡