Alito Moreno denunciará a la Presidenta por llamarlo «Corrupto»
El dirigente nacional del PRI y actual senador, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó este martes un duro mensaje contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de calumniar y usar “el poder de manera cobarde”. Moreno anunció que procederá legalmente “en México y a nivel internacional” para defender lo que considera un patrimonio “lícito y transparente”.
Sin embargo, los expedientes judiciales y solicitudes de desafuero que pesan sobre él dibujan un panorama más complejo y mantienen abierta la controversia sobre el origen de su riqueza.
Mientras él denuncia una “persecución política” del Gobierno y de Morena, diferentes investigaciones y carpetas de indagación han apuntado desde hace años a operaciones y adquisiciones que alimentan dudas sobre el origen y la magnitud de su fortuna.
¿Qué señalamientos existen sobre su patrimonio?
Investigaciones periodísticas y expedientes públicos han puesto bajo escrutinio el patrimonio de Moreno por varias razones: discrepancias entre el valor declarado de inmuebles y estimaciones de mercado, la compra de numerosos predios y casas en un período relativamente corto, y operaciones financieras vinculadas a personas cercanas al político. Reportes de organizaciones y medios como contralacorrupcion.mx documentaron redes de familiares y allegados que habrían adquirido propiedades y bienes a precios bajos para luego revenderlos, un patrón que las investigaciones califican como parte de un esquema para ocultar la verdadera titularidad o el origen de los recursos.
En 2022 salieron a la luz compras masivas de inmuebles y declaraciones patrimoniales cuyos valores declarados aparentaban estar por debajo de los precios reales: por ejemplo, se documentó que Moreno declaró 5.3 millones de pesos por 15 propiedades cuando el valor real ascendía —según las investigaciones— a más de 100 millones de pesos, una diferencia que despertó sospechas sobre subdeclaraciones y omisiones en sus declaraciones.
Acusaciones penales y solicitudes de desafuero
Las pesquisas no han quedado solo en la prensa: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche presentó solicitudes formales de desafuero en distintos momentos. En una de las más recientes (2025), la Fiscalía solicitó retirar el fuero a Moreno por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración como gobernador (2015–2019). Es la segunda gran solicitud que enfrenta —la primera vinculada a presunto enriquecimiento ilícito en 2022— y, de aprobarse el desafuero, Moreno podría enfrentar proceso penal sin la protección constitucional de la que goza como senador.
Además, se han reportado señalamientos por supuestos desvíos por montos mayores en otras denuncias y acusaciones políticas. Por ejemplo, un diputado morenista lo acusó de desvío por casi 3,942 millones de pesos, denuncia que Moreno ha rechazado públicamente.
Operaciones familiares y vínculos empresariales
Reportes periodísticos recopilaron operaciones entre Moreno, su hermano y empresas vinculadas que despertaron la atención de autoridades financieras y fiscales. Transacciones millonarias, ventas y compras de inmuebles en zonas de alto valor, y movimientos entre compañías relacionadas con personas cercanas a Moreno figuran en las carpetas de investigación que han sido citadas por medios especializados en anticorrupción. Esos movimientos motivaron, en su momento, revisiones por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras instancias. contralacorrupcion.mx+1
Los lujos y la narrativa pública
En las carpetas y en notas periodísticas se ha referido también el señalamiento sobre bienes de alto costo —casas en zonas exclusivas, relojes y automóviles de lujo— que contrastan con los ingresos públicos registrados por el político durante ciertos periodos, lo que ha alimentado la percepción pública de un enriquecimiento inexplicable. Moreno niega tales señalamientos y ha defendido su estilo de vida y sus adquisiciones, atribuyéndolos a recursos lícitos y a rentas o ingresos privados ya acreditados por él. infobae+1
La defensa de Moreno: amparos y denuncia de persecución política
Frente a las acusaciones, Alejandro Moreno ha rechazado categóricamente las imputaciones y ha asegurado que existen amparos y resoluciones que protegen o han sobreseído algunas de las investigaciones previas, además de sostener que las acciones legales en su contra son parte de una “persecución política” orquestada por Morena y el Gobierno federal. En sus mensajes públicos —como el tuit que motivó esta nota— responsabiliza a la dirigencia y al Ejecutivo de instrumentalizar las instituciones para afectar a la oposición. El País+1
Qué sigue: procedimientos, riesgos políticos y repercusiones
Legalmente, la posibilidad de desafuero y el avance de carpetas de investigación marcan el ritmo del riesgo judicial para Moreno; políticamente, las imputaciones erosionan su posición como líder del PRI y alimentan la narrativa de confrontación entre el partido opositor y el Gobierno. Si la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avala el retiro de fuero, el proceso penal podría avanzar de manera más directa. En lo mediático, las carpetas y las investigaciones continuarán siendo materiales sensibles para campañas y debates públicos.
Alejandro Moreno responde con denuncias y autos de protección jurídica, y asegura que su patrimonio es transparente. Las investigaciones periodísticas y las solicitudes formales de diversas fiscalías, en contraste, apuntan a un patrón de adquisiciones y operaciones que no han dejado indiferente a la opinión pública ni a las autoridades. El conflicto entre la denuncia pública de “calumnias” por parte de Moreno y las pesquisas que lo señalan continuará siendo un tema central en la agenda política y judicial del país en los próximos meses.
Línea de tiempo: los expedientes legales de Alejandro Moreno Cárdenas (2019–2025)
2019
- Septiembre: Concluye su mandato como gobernador de Campeche (2015–2019).
- En su declaración patrimonial de salida reporta 15 propiedades con valor total de 5.3 millones de pesos, cifra que posteriormente será cuestionada por peritajes que estiman un valor real de más de 100 millones.
2020
- Primeras investigaciones periodísticas revelan discrepancias patrimoniales y compras de inmuebles en zonas exclusivas de Campeche.
- Se publica que Moreno habría adquirido más de 30 inmuebles a lo largo de su carrera política, muchos de ellos con precios subvaluados.
2021
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inicia indagatorias sobre operaciones bancarias de Moreno y su círculo familiar.
- Informes reservados hablan de “movimientos inusuales e incongruentes con el perfil financiero”, posibles indicios de lavado de dinero.
2022
- Mayo: La Fiscalía Anticorrupción de Campeche presenta la primera solicitud de desafuero contra Moreno, acusándolo de enriquecimiento ilícito.
- La carpeta CI-FEDCAM/CORR/00054/2022 detalla discrepancias por más de 90 millones de pesos entre lo declarado y el valor real de sus bienes.
- Julio: Audios filtrados por la gobernadora Layda Sansores (denominados “Martes del Jaguar”) exhiben presuntas negociaciones ilegales de Moreno con empresarios y contratos inflados. Él denuncia espionaje ilegal y persecución política.
2023
- Enero: Un juez federal concede un amparo a Moreno, señalando que “no se acreditó enriquecimiento ilícito en los términos planteados por la fiscalía”.
- Julio: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admite a trámite controversias relacionadas con la violación a la presunción de inocencia, tras la difusión de audios y filtraciones.
- Moreno se presenta públicamente como “perseguido político” y acusa a Morena de usar las instituciones para debilitar a la oposición.
2024
- Marzo: Se reactiva una investigación de la UIF sobre transferencias bancarias por 12.4 millones de pesos ligadas a su hermano y sociedades inmobiliarias.
- Agosto: Legisladores morenistas en la Cámara de Diputados lo acusan de desvíos de hasta 3,942 millones de pesos, denuncia que él rechaza como “un montaje”.
- Diciembre: La Fiscalía de Campeche anuncia nuevas indagatorias sobre predios adquiridos por personas allegadas a Moreno y revendidos con utilidades millonarias.
2025
- Mayo: La Fiscalía de Campeche presenta una segunda solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, ahora por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
- El escrito oficial afirma que existen “elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad en los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones”.
- Moreno responde denunciando “persecución política” y afirma que el Poder Judicial ya le dio la razón en procesos previos.
- Septiembre–Octubre: En medio de la confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum, anuncia que la denunciará “en México y a nivel internacional” por calumnias y difamación.
Expedientes y solicitudes de desafuero
En mayo de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero a Moreno para procesarlo por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador (2015–2019).
El documento oficial presentado ante la Sección Instructora sostiene:
“Existen elementos suficientes que permiten acreditar la probable responsabilidad de Alejandro Moreno Cárdenas en el desvío de recursos públicos, configurando los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades”.
No es la primera vez que enfrenta un proceso de este tipo. En 2022, la misma fiscalía había promovido otra solicitud de desafuero, argumentando “enriquecimiento ilícito con un incremento patrimonial notoriamente desproporcionado” respecto de los ingresos declarados.
Discrepancias en declaraciones patrimoniales
Las indagatorias se apoyan en documentos presentados por la propia Auditoría Superior del Estado y en sus declaraciones patrimoniales.
Por ejemplo, en una declaración de 2019, Moreno reportó 15 propiedades con un valor de apenas 5.3 millones de pesos. Sin embargo, avalúos independientes y peritajes de la fiscalía estimaron el valor real en más de 103 millones de pesos.
Un fragmento de la carpeta de investigación CI-FEDCAM/CORR/00054/2022 señala:
“El investigado subvaluó sus bienes inmuebles en las declaraciones oficiales, omitiendo el valor comercial real y generando con ello un desfase de más de 90 millones de pesos respecto de los montos declarados”.
Operaciones inmobiliarias y familiares
Los expedientes también documentan operaciones entre familiares de Moreno y terceros allegados. En al menos seis escrituras públicas revisadas por el Registro Público de la Propiedad de Campeche, se registraron compraventas de terrenos a valores simbólicos, que posteriormente se revendieron con utilidades millonarias.
En el caso de su hermano, se detectaron transferencias bancarias por 12.4 millones de pesos relacionadas con sociedades inmobiliarias creadas entre 2016 y 2018.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en informes reservados filtrados a la prensa en 2022, concluyó que:
“Se identifican operaciones inusuales y relevantes que no corresponden al perfil financiero de Alejandro Moreno Cárdenas ni de sus familiares directos, lo que constituye indicio de actividades de blanqueo de capitales”.
La defensa de Moreno
Moreno ha respondido con amparos y resoluciones favorables en instancias federales. En 2023, un juez de distrito en materia administrativa determinó:
“No se acreditó la comisión de enriquecimiento ilícito en los términos planteados por la Fiscalía, en virtud de que los bienes fueron debidamente inscritos a nombre del promovente y cuentan con documentos notariales que respaldan su adquisición”.
Con base en estos fallos, Moreno sostiene que “ya fue absuelto” y que todo nuevo procedimiento es “un montaje político impulsado por Morena”.
En su mensaje más reciente afirmó:
“He demostrado con la ley en la mano que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”.
Conclusión
De 2019 a 2025, Alejandro Moreno ha enfrentado dos solicitudes formales de desafuero, investigaciones de la UIF, audios filtrados que lo comprometen políticamente y resoluciones judiciales que le han otorgado amparos parciales.
Mientras él sostiene que su patrimonio es lícito y transparente, las investigaciones en curso mantienen vivas las sospechas de enriquecimiento inexplicable, operaciones inmobiliarias irregulares y presunto desvío de recursos públicos.
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