En Sinaloa, como en todo México, la sociedad prácticamente solo ha esgrimido los
actos públicos de protesta como las marchas, los mítines de grupos como el de las
madres con hijos desaparecidos, o las denuncias por los asesinatos de familiares
muertos que no han sido investigados y mucho menos aclarados, en cuanto a quién
realizó el asesinato y el motivo del mismo; todavía esta semana, en un importante
acto realizado en el Campus Culiacán del TEC de Monterrey, se exigía: …”la
pacificación debe convertirse en prioridad… para la recuperación de la economía
del Estado”, más aún, el empresario Alberto Coppel Luken señaló que “la
colaboración entre la ciudadanía y las autoridades es necesaria para enfrentar la
crisis de seguridad en Sinaloa” e igualmente, en Mazatlán, el Presidente del Consejo
Sinaloense de Empresarios hizo un “llamado urgente a reforzar las estrategias de
seguridad y a blindar destinos clave como Mazatlán… para el futuro económico de
Sinaloa”.
Hay que agregar que diversos grupos ciudadanos, políticos, religiosos y de víctimas
de los actos delictivos, exigen en términos generales justicia, que “la autoridad
actúe”, que se aprehenda a los delincuentes, etc., pero todas esas exigencias como
que se quedan en la generalidad y los absorbe la “normalidad” y pronto se olvidan
o pasan a un segundo o tercer término ante los nuevos actos, a veces más
dramáticos que los anteriores, por lo que las autoridades responsables acaban por
“guardar” los expedientes de denuncias o simplemente no hay denuncias qué
documentar y sólo queda, cuando mucho, el registro de un muerto más, un
desaparecido más o un cuerpo más encontrado en las múltiples fosas clandestinas.
Esto ocurre no sólo en Sinaloa, sino prácticamente en todo México, en donde el
fenómeno de “la impunidad” es el común denominador, reforzado por la falta de
transparencia “por seguridad nacional”, con los que la autoridad se oculta y se
refugia en el “olvido social”, como ha sucedido en diversos actos delictivos, pero si
algunos de esos actos involucran a políticos o personajes importantes, entonces si
gozan de la correspondiente investigación y aclaración, sí conviene a los
responsables de aplicar la ley.
Urge entonces que se ordene, priorice y acumulen las exigencias en un
planteamiento de “exigencia total”, a las autoridades obligadas por la ley:
- Claro que urge que la sociedad coopere con la autoridad, pero esto sólo será
posible sí se confía en la autoridad, la cual debe dar muestras claras de que desea
esa cooperación social, que termine con la práctica de ocultar información y que se
compromete a llevar un buen registro de los actos delictivos y de la forma en que
se están atendiendo. - Urge también que la autoridad pase ya de las acciones punitivas, a crear un
verdadero sistema de inteligencia, a través del cual no sólo las policías y el ejército
actúen, sino que también la sociedad confíe y pueda colaborar; ¿dónde quedó el
sistema digital de seguimiento y vigilancia, la “Plataforma México”, instalado en
tiempos del presidente Calderón?, mismo que si no era perfecto, por lo menos era
una herramienta inteligente para el seguimiento de los delincuentes. - No sólo se trata de involucrar al sector empresarial, sino también a los sindicatos,
las universidades, las iglesias, las organizaciones ciudadanas, los partidos políticos,
a los padres de familia, para la concientización de niños, jóvenes, trabajadores,
profesionistas y los mismos funcionarios públicos, sobre las consecuencias de
tolerar o ser parte de los grupos delictivos, del consumo y tráfico de drogas, pero
sobre todo de inculcar el sagrado respeto a la vida, a la educación, a la salud, a la
propiedad y al trabajo, etc. - La sociedad debe confiar que, si colabora con la autoridad, esta se compromete
a proteger a quienes denuncian o rechazan a los grupos criminales y hacerlo en
forma constante y contundente. - Exigir también que haya más y mejores policías, con mejores sistemas de
actuación, con mejor equipamiento y capacitación, no sólo para disparar, sino para
saber cuándo, dónde y por qué disparar. - Exigir más presupuesto y mejor trato y aceptación de las fuerzas policiacas y,
sobre todo, mejor coordinación entre elementos municipales, estatales y federales,
así como en cuanto a cómo responder a las exigencias de EU.
En fin, la idea es que se consideren las diferentes exigencias sociales en un
planteamiento que conjunte los enunciados casuísticos, para que la sociedad y las
autoridades actúen coordinadamente.
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