Desde noviembre pasado, cuando Estados Unidos reavivó su discusión arancelaria -esos impuestos que, aunque se presenten como medidas proteccionistas, terminan pagándolos los propios ciudadanos y empresas-, se abrió un debate más profundo sobre la relación entre política y economía. La pregunta es inevitable: ¿puede existir una economía sin política o, mejor dicho, una economía a pesar de la política?
La economía no es una ciencia exacta, sino social. Está sujeta a reglas que han demostrado ser duras y consistentes, pero también vulnerables cuando la política las manipula. Cuando la política interviene mal, los resultados no solo se distorsionan: se agravan.
Tomemos el crecimiento económico. Ninguna economía crece sostenidamente sin inversión. Ni el talento, ni la productividad ni los discursos bastan sin confianza para invertir. Los países que atraen inversión -como China, India o los escandinavos- lo hacen con reglas claras, certidumbre jurídica y respeto institucional que trasciende los ciclos políticos. Separan la economía de los caprichos del poder.
Por el contrario, cuando la política decide quién debe invertir, cómo o en qué sectores, el resultado suele ser estancamiento. México es un ejemplo doloroso: más de siete años con bajo crecimiento, atrapados en una dinámica donde la culpa se reparte, pero la causa se evade. La causa es la intromisión de la política en la economía.
El fenómeno no es exclusivo de México. En EU, las políticas arancelarias encarecen bienes y reducen competitividad. En Rusia, la guerra ha devastado sectores productivos y aislado al país. Y en México, se ha privilegiado el gasto social inmediato sobre la inversión de largo plazo, apostando por un asistencialismo electoralmente rentable pero económicamente estéril.
Nuevo León es ilustrativo. Su economía representa poco menos del 9 por ciento del PIB nacional, pero su dinamismo ha sostenido parte del crecimiento del resto del País. Sin embargo, hay señales de alerta: obras sin planeación, decisiones improvisadas y proyectos sin transparencia que erosionan el entorno de certidumbre. La economía, aunque resistente, siempre cobra factura a la política.
Como advierte el economista Daron Acemoglu, autor de «Why Nations Fail», las naciones prosperan cuando las instituciones políticas limitan el poder y protegen la libertad económica. Cuando los Gobiernos utilizan la economía como instrumento de control político -ya sea mediante subsidios, restricciones o favoritismos-, terminan creando instituciones extractivas que sofocan la innovación, la inversión y la productividad. México no necesita más programas de gasto; necesita instituciones que liberen el potencial productivo de su gente.
La historia económica moderna muestra que los países que han crecido sostenidamente son aquellos donde la política entiende su papel: crear condiciones, no imponer decisiones. Las políticas públicas deben acompañar, no sustituir, a las fuerzas del mercado. Regular con inteligencia, no con ideología.
Una economía sin política no existe, pero sí puede existir una economía sin politización. Esa es la diferencia fundamental. La política debe reconocer que su poder de decisión no la autoriza a ignorar las leyes básicas de la economía: la confianza, la inversión, la productividad, la competencia y la estabilidad macroeconómica. Cuando un Gobierno socava esos pilares en nombre de una causa ideológica o de un interés electoral, destruye los incentivos para crear riqueza y condena al país al estancamiento.
México necesita reconciliar la política con la economía, no divorciarlas, pero sí redefinir los límites. Que la política trace rumbo, y la economía ejecute con libertad y reglas claras.
Que el Estado sea árbitro, no jugador. Que los proyectos públicos se sometan a la razón técnica, no al cálculo político. Solo así dejaremos de discutir quién tiene la culpa del bajo crecimiento y empezaremos a construir un país donde la economía crezca porque la política, por fin, aprendió a no estorbar.
vidalgarza@yahoo.com
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