México está sufriendo una severa crisis de inseguridad que el régimen de Claudia
Sheinbaum procura atenuar o disminuir de diferentes maneras y momentos, pero que
no puede ocultar ante los múltiples actos de terror de los ciudadanos por las
balaceras, asesinatos y desapariciones, delitos que ni se investigan ni se castigan, es
decir, quedan impunes, máxime cuando los delitos los realizan personajes cercanos al
gobierno, como el caso más reciente, el del llamado “huachicol fiscal”, en el que han
quedado involucrados altos oficiales de la marina de México, una institución con una
bien ganada fama de rectitud y cumplimiento del deber, que al ser relevada de sus
labores constitucionales y encomendarle actividades de carácter civil, manejando
recursos políticos sin obligación de rendir cuentas, tenía que conducir a actos de
corrupción.
Ya el fisco reconoce que busca “recuperar” más de 16 mil millones de
pesos de ese fraude fiscal, pero el daño al erario debe haber sido mucho mayor, pues
se ha determinado que se trata de 30 buques cargados con 10 millones de litros en
cada uno de ellos y lo que es más grave aún es que este ilícito parece ser que se llevó
a cabo en contubernio con el CJNG. Según Manuel J. Jáuregui en su columna en
Reforma este lunes, señala que “las denuncias de tomas clandestinas de huachicol
pasaron de un promedio mensual de 151.5 en 2024, a un récord de 376 en 2025, dos
casos más de corrupción que dañan seriamente las finanzas nacionales.
A esta crisis de corrupción en las finanzas públicas y en el desperdicio de energéticos,
habría que agregar el creciente agravamiento de las finanzas de Pemex, que arrastra
también las finanzas del gobierno pues, como indica el Coordinador del Programa de
Gasto Público de “México Evalúa”, Jorge Cano, “Pemex tiene una plataforma petrolera
en declive, no sólo por el ‘agotamiento de los pozos petroleros’, sino por la menor
inversión en exploración, por lo que la producción de crudo no ha dejado de caer desde
2021”; actualmente produce un millón 366 mil barriles diarios, la cantidad más baja en
los últimos 35 años.
Jorge Cano explica que dentro de los impuestos que paga Pemex, está el llamado
Derecho de Utilidad Compartida que “se redujo de 65% en 2019 a 30% en 2024 y por el
Derecho Petrolero para el Bienestar (?) se pagará menos del 30% si el precio del
petróleo es menor a 57.8 dls. por barril y cuando ese valor sea superior, se pagaría
más”; según el Paquete Económico para 2026, Hacienda estima que el precio por barril
será de apenas 54.9 dls., o sea menos del límite inferior de 57.8 dls., por lo que Pemex
pagará menos al fisco.
“Entre 2019 y 2024, Pemex recibió del gobierno 1.24 billones de
pesos”, esto es, más de 200 mil millones de pesos al año en el sexenio de AMLO,
recursos que la empresa utilizó principalmente “para el pago de deuda” y muy poco
para inversión; “para 2026 se propone transferir 263 mil millones de pesos, que son
más que el presupuesto de todo el Seguro Social para el Bienestar (172.4 mil millones
de pesos)”.
Así como el problema de inseguridad nada más “se está administrando”, igualmente la
crisis perenne en que está la empresa estatal Pemex, sólo se medio atiende con
recursos federales, es decir, también “se administra”, pero no se le busca una real
solución, porque el remedio para Pemex está en el control de la corrupción interna y
abrirse a la inversión privada en la exploración, explotación y exportación de petróleo,
descubrir nuevos yacimientos y en la reapertura de los yacimientos marginales que a
Pemex no le interesa explotar por falta de recursos; pero esa solución para este
régimen “es tabú”, porque se trata de recurrir al empresariado nacional y extranjero, lo
que va contra la ideología estatista del régimen.
Cuando se presentan crisis tan graves como las inundaciones que durante este mes
ocurrieron en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, que también se
pretendió minimizar por las autoridades locales, se puso en evidencia la falta de planes
de emergencia y la falta de recursos suficientes para una rápida y eficaz atención de
los afectados; la sola presencia de la Presidente Sheinbaum nada satisface, más bien
aumenta el enojo ciudadano.
Aquí se manifiesta la necesidad de los fideicomisos
como el Fonden, pero también de los planes de prevención oportuna, pues este tipo
de crisis no es fácil “administrarla”, menos con 66 muertos y decenas de
desaparecidos, además de los múltiples daños a los pobladores.
Se perdieron los fideicomisos y ahora se tiene una crisis más.
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