Cada año, el paquete fiscal desata pleitos y debates que hasta pareciera que existe una real vida parlamentaria.
Los especialistas coinciden en que el primer año de Gobierno es el mejor momento para impulsar reformas que fortalezcan el financiamiento de los programas públicos.
El sistema tributario suele dividirse en dos grandes rubros: impuestos directos e indirectos. En México, se suman los ingresos derivados de la actividad petrolera y de las empresas del Estado.
Los impuestos directos gravan los ingresos de personas y empresas, de acuerdo con su capacidad económica (ISR). Los indirectos, en cambio, se aplican al consumo de bienes y servicios, como el IVA y el IEPS.
Contrario a lo que se afirma, la propuesta del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum parece que afectará a la población de menores ingresos, dado que es regresiva porque no toma en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes.
La aprobación del paquete fiscal se hizo casi sin debate. Las oposiciones fueron muy débiles ante Morena. Tampoco se tomaron en cuenta las opiniones de los grupos de la sociedad civil. Se vio una verdadera aplanadora, como en los viejos tiempos del PRI.
La reforma fiscal mayormente arrojó un incremento en las tasas de los impuestos ya existentes, sobre todo en los impuestos al gasto. Éstos se aplican de manera general a todos los consumidores o usuarios de ciertos bienes y servicios, con la excepción de alimentos y medicinas. El gasto se grava con IVA o IEPS, o con ambos.
A mediados del siglo 20, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en los países desarrollados se debatía cuál era la mejor fuente para conseguir recursos y atenuar los destrozos de esa conflagración.
Nicholas Kaldor, al inicio de su obra «Impuesto al gasto» (FCE, 1961), explica: «Los impuestos a los individuos deben basarse en su gasto. Esta idea no es nueva en absoluto… el argumento respecto a la equidad que significa gravar a las personas de acuerdo con lo que consumen, más bien que por lo que ganan, fue presentado sucintamente hace 300 años por Hobbes».
Los promotores del neoliberalismo proponen reducir los gravámenes al ingreso y elevar los aplicados al consumo, bajo la lógica de que los ingresos altos se destinan a inversión privada, más productiva para la economía.
En los países de mayor desarrollo, la tendencia es reducir los impuestos al ingreso y aumentar los impuestos al consumo de bienes y servicios. Un ejemplo muy extendido es la creación del IVA en Francia para superar los gastos de la posguerra.
En México, la tasa del Impuesto sobre la Renta es más alta que en muchos países. Esto se debe a que la mayor parte de la población económicamente activa -más del 50 por ciento- se encuentra en el sector informal de la economía, lo cual complica la recaudación del ISR.
La cifra aprobada en la Ley de Ingresos para 2026 en la Cámara de Diputados, el fin de semana pasado, es casi 900 mil millones de pesos más de lo avalado para 2025.
Los impuestos al gasto afectan a toda la población y pueden anular el efecto positivo de los aumentos salariales. El consumo de los sectores más pobres será el más golpeado, pues los bienes y servicios gravados son básicos e ineludibles. El alza alcanzó a 26 productos sin considerar el nivel de ingreso de los consumidores.
Con esa aprobación llegaron los gritos de júbilo de los Diputados de Morena. Afirman que ahora sí el Estado podrá ayudar a los pobres. Otra vez decretaron la muerte del neoliberalismo, como lo hacen desde 2018.
El Gobierno sabe que elevar la tasa del impuesto empresarial ahuyentaría inversiones y complicaría la renovación del tratado con Estados Unidos, principal promotor del modelo neoliberal.
En nombre de los pobres, se repite la historia: más carga tributaria, menos justicia fiscal.
sergioegsalazar@gmail.com
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