Cada vez que algo no funciona -la seguridad, la educación, el campo, la economía- la respuesta suele ser la misma: expedir una nueva ley o reformar una existente. Como si el simple acto de publicarla bastara para resolver el problema.
Por su parte, los legisladores suelen celebrar su aprobación con gran alboroto, muchas veces sin conocer a fondo su contenido ni prever sus efectos reales.
Para dimensionar esta tendencia basta revisar el volumen normativo que se ha acumulado en los últimos años.
En el sitio de Internet de la Secretaría de Gobernación, ordenjurídico.gob.mx, se encuentra el registro de las reformas constitucionales federales, las leyes y reglamentos federales, así como las leyes de las 32 entidades federativas. La propia página aclara que el órgano oficial de publicación es el Diario Oficial de la Federación y los estatales.
Otra fuente relevante es el sitio de la Cámara de Diputados. Ahí se informa que, del 1 de octubre de 2018 a la fecha -periodo que coincide con la llamada 4T-, la Constitución ha sido reformada en 48 ocasiones.
Según el sitio Orden Jurídico Nacional, existen 302 leyes federales: nueve son códigos. El más antiguo es el Código de Comercio de 1889, expedido por Porfirio Díaz; el más reciente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de 2023, cuya vigencia iniciará en 2027.
Las otras 293 leyes son de todo tipo: reglamentarias de la Constitución, orgánicas, sustantivas, procesales. La primera en ser expedida fue la Ordenanza de la Armada de México, publicada por Francisco I. Madero el 12 de diciembre de 1911, a pocos meses de su llegada al poder, con nada menos que mil 868 artículos.
En fechas recientes, y desde el inicio de su gestión, el ex Presidente López Obrador justificó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas civiles al afirmar que había encontrado una administración pública inoperante, «como un elefante echado en medio de la sala».
También amagó con desaparecer la mayoría de las dependencias federales y reubicar las sobrevivientes en distintas ciudades del País. A Nuevo León, dijo, le correspondería la Secretaría de Economía. La mudanza no ocurrió, pero sí desaparecieron o se redujeron numerosas delegaciones federales.
En el actual sexenio, presentado como el «segundo piso de la transformación», la expedición de leyes se ha acelerado, muchas de ellas derivadas de reformas constitucionales recientes.
Varias de estas reformas tienen un impacto directo en la economía. Es el caso de la Ley de Minería, que complica el otorgamiento de concesiones si no se satisfacen determinadas demandas sociales.
Algo similar ocurre en el sector energético, donde se ha limitado la participación privada, pese a que el Estado carece de capacidad suficiente para cubrir la inversión requerida.
A ello se suma la eliminación de apoyos al campo, que ha provocado protestas de productores de alimentos básicos, quienes incluso amenazan con suspender actividades. Lo mismo sucede con la nueva Ley de Aguas Nacionales, cuyos efectos aún no han sido evaluados a fondo.
La expansión legislativa no siempre es eficaz para atender los problemas públicos. En muchos casos sería más útil diseñar y aplicar políticas públicas bien estructuradas, aprovechando el marco legal ya existente.
Los especialistas en políticas públicas coinciden en que el primer paso debe ser un diagnóstico claro del problema. Después vienen las alternativas de solución.
La etapa más compleja, sin embargo, es la implementación, donde suelen fracasar los mejores diseños normativos.
En las escuelas de Derecho poco se enseña sobre sociología jurídica, indispensable para entender por qué las leyes no siempre se cumplen. Quizá convendría pausar la vorágine legislativa y empezar a medir con seriedad su eficacia.
Basta ver el nivel de impunidad en materia penal, que roza el 100 por ciento, para entender que legislar no es lo mismo que gobernar.
Como dijo el príncipe de Lampedusa: hacer cambios para que todo siga igual.
sergioegsalazar@gmail.com
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