En los últimos veinte años, México ha estado viviendo una intensa lucha contra el crimen organizado, con resultados que no han sido satisfactorios.
Los ciudadanos han visto cómo la delincuencia organizada crece día con día adueñándose de espacios públicos, extorsionando, imponiendo prácticas al comercio al señalar a quién comprar y a qué precio; los casos más conocidos han sido el de agricultores en la cosecha del aguacate o el limón, en la venta de materiales de construcción, a las líneas de autobuses o taxis y en la imposición de cobros a comercios en varias regiones del país.
Ante la negativa de los ciudadanos a esas prácticas, se les imponen las agresiones físicas, la quema de sus locales comerciales, el asesinato vil. Las personas ven con temor cómo los delincuentes corrompen instituciones de justicia, imponen autoridades en los municipios o amenazan y ponen a su servicio a autoridades locales. El país se ha estremecido ante las ejecuciones de ciudadanos valientes que creyendo en las denuncias ante la autoridad han ofrecido nombres, pruebas y complicidades para que se actúe y sólo reciben la muerte por respuesta.
La desaparición de personas, asaltos y robo de mercancías en las carreteras, se repiten cada vez con mayor frecuencia. Pero, es el reclutamiento de jóvenes el crimen más grande, ya no sólo mediante el engaño, sino que a través de la fuerza son llevados para entrenarlos y ponerlos al servicio de los distintos cárteles.
Gran parte del incremento de estos problemas se dio en el gobierno anterior, que mediante la demagogia y el cinismo, uso a las fuerzas armadas y policiales de palabra pero les impidió actuar y enfrentar a la delincuencia.
Estados Unidos declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha presionado por la realización de acciones más decisivas contra ellos, al mismo tiempo que ha ofrecido su apoyo para combatirlos. Representantes de ese país han declarado que casi el 30 por ciento del territorio nacional está controlado por los delincuentes.Ante ese panorama, la autoridad mexicana, con apoyo norteamericano, dijo, se realizó la captura el pasado 22 de febrero, del líder de uno de esos cárteles tan despiadados. El país entero vio la reacción del cártel con bloqueos a carreteras y el incendio de negocios.
Dicha acción fue recibida con esperanza y apoyo de la ciudadanía, incluso ello aumentó la aceptación de la titular del Ejecutivo en la medición de febrero.
Sin duda que en el combate a la delincuencia se requiere de una estrategia multidimensional y permanente. Para lo cual hay que fortalecer instituciones de procuración de justicia, combate a la corrupción política y policiaca, reducción del flujo de armas y dinero. Es necesario que a las acciones realizadas contra el jefe de ese cártel, se continúe por las autoridades hacendarias las acciones de congelamiento de cuentas bancarias, de identificar sus métodos sofisticados de lavado de dinero, de revisión a sus negocios disfrazados, al decomiso de sus bienes y al castigo de los funcionarios públicos que le daban protección o actuaban en complicidad. Si la autoridad sólo se queda con el descabezamiento del cártel y permite que dicha organización siga actuando y reconfigurándose no habrá resultados, pues es de todos conocido que cuando se corta una cabeza de la delincuencia 10 más surgen de inmediato para ocupar su lugar.
Debe aprovecharse la cooperación que ofrece el gobierno norteamericano para exigir por parte de México, un real control en el tráfico de armas desde ese país, pues debe tenerse presente que más del 70 por ciento de las armas que usan los cárteles provienen de Estados Unidos.
Hacer uso de la fuerza por parte del Estado es algo básico, hacerlo para defender la tranquilidad de la mayoría de los ciudadanos, para que estos puedan caminar libremente, emprender la actividad económica que deseen, proteger su integridad y sus bienes es algo que debe apoyarse. No actuar decididamente en esta materia puede llevar a México a otros veinte años sin resultados concretos
About The Author
