La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, Alias “El Mencho”, como resultado de una operación de Fuerzas Federales, abriendo nuevamente la puerta para que se intensifique el latente debate sobre la participación de miembros de la Clase Política o de instancias gubernamentales en esa actividad ilícita.

Esa participación, por sí misma dañina, es real y constatable. Sin embargo, resulta preciso dimensionarla. Distorsionar ese nocivo fenómeno se ha convertido en un mecanismo para que factores de poder interno o países hegemónicos presionen a gobiernos nacionales legítimos durante la negociación de asuntos que pueden incluso ser ajenos al Narcotráfico o la Seguridad.

Cuando un político o funcionario se involucra en el narcotráfico lo hace como subordinado. No como líder. Por lo menos en América Latina así es. Porque la naturaleza del negocio lo impide. Imaginar que las organizaciones del narcotráfico se sientan en las piernas de un ventrílocuo es más entretenido. Como suele pretenderlo el guión de cualquier espectáculo. Pero es irreal.

Si las organizaciones criminales tuvieran una direccionalidad política poseerían capacidad para llegar a acuerdos estables y duraderos sobre aspectos como la distribución del mercado, el acceso a cadenas de suministro, el manejo de canales de distribución o el arbitraje de conflictos, sin que cada disputa se convirtiera en un enfrentamiento armado.

En su transcurso, este empleo sistemático de la violencia tiene por lo menos las siguientes 7 consecuencias dañinas para todos los que participan de ese negocio ilícito:

1. Los hace vulnerable frente a su adversario común, las Fuerzas de Seguridad del Estado.
2. Incrementa su gasto en lo que podríamos llamar convencionalmente seguridad o defensa (armamento, equipo, planeación, inteligencia, personal profesional o no). Aunque la capacidad de fuego suele ser el símbolo del Narcotráfico, es preciso no olvidar que administrativamente constituye un renglón de costo. No es la fuente de ingresos.
3. Entorpece sus procesos de comercialización, provocando inestabilidad en los precios de sus artículos o incumplimiento de plazos de entrega, con consecuencias que pueden derivar en la apertura de otros frentes de conflicto.
4. Genera desequilibrios financieros que se agregan a los que constituyen las contingencias de cualquier emprendimiento.
5. Tensa sus relaciones de complicidad en el ámbito institucional. El margen de operación para sus colaboradores en dependencias policíacas o judiciales se estrecha o se torna más riesgoso. El Estado Mexicano ha fortalecido en los últimos años los mecanismos de control sobre el acceso de aspirantes a las áreas de Seguridad y sobre su desempeño.
6. Desestabiliza sus operaciones legales. Hay nerviosismo por parte de los socios de sus negocios en la esfera empresarial legítima, quienes ven amenazadas su posición social y la rentabilidad de los proyectos compartidos que se encuentren en curso.
7. Origina la pérdida de recursos humanos en cuyo reclutamiento, capacitación y generación del sentido de pertenencia, pretensión de casi cualquier empresa, se han aplicado tiempo y recursos considerables. Entre mayor sea el grado de especialización del personal eliminado en cada conflicto es desde luego más cuantioso el quebranto.

“Con un balazo en la espalda, él todavía se reía”, contaba sobre Chito Cano su propio Corrido. La irracionalidad no está en la naturaleza de la Política ni del Gobierno, sea cual sea su signo o su ética. Pero sí está en el alma de la violencia del Narcotráfico. ¿Puede haber algo más disparatado que no saber de qué te ríes?

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