El Fetiche del bloqueo de cuentas bancarias: Juan Marcos Gutiérrez González-Irigoyen
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos acaba de inyectar una terrible dosis de pudrición y estulticia, en materia de Justicia Constitucional. La Corte ha engendrado un nuevo protegido, un nuevo ente sujeto de sus preciados objetivos justicieros, su nueva razón de ser: la protección y empoderamiento del gobierno. No más límites.
Ya no es solamente la ya a estas alturas, natural tendencia del poder legislativo de MORENA de seguir dotando al Estado de más y más facultades para atentar contra el ciudadano. La Corte, a quien le tocaba moderarlas, suspenderlas, anularlas y preferir derechos humanos; en sus primeras resoluciones nos dicta el ritmo y pautas de como van a ser las cosas de hoy en adelante. La Justicia al revés.
La justicia constitucional es la más delicada porque no solo se encarga de los aspectos constitucionales de la organización de los poderes del estado y sus relaciones con los ciudadanos. Le toca decidir la ponderación de lo que debe prevalecer, cuando las facultades del gobierno chocan con los derechos humanos.
En esta primera prueba, entraron en conflicto por un lado, la necesidad de que el Gobierno a título de indicios de lavado de dinero por el mismo calificados, pueda bloquear e intervenir cuentas bancarias SIN CONTROL DE UN JUEZ. Por otro lado, contienden los derechos humanos a la presunción de inocencia, la audiencia y defensa ante tribunales independientes, a la seguridad jurídica y no se diga al principio de derechos ganados (progresividad).
Y es que los mexicanos ya habíamos construido la regla de que, para meterse a tu casa, detenerte, ver tus datos, intervenir tus comunicaciones o molestarte en tus bienes, tenía que ser ampliamente justificado y con control de un juez.
Hoy la Corte, se apresta a validar esta y cualquier otra sin razón autoritaria hecha ley o reglamento que, en otros tiempos nuestra Corte o cualquier otra Corte del mundo, medianamente comprometida con los estándares internacionales de respeto a derechos humanos, invalidaría. Esta claro que nuestra nueva Corte no es de esta categoría.
El ejercicio de ponderación sobre qué debía prevalecer entre la necesidad del Estado de congelar cuentas para combatir el lavado de manera exprés y sin controles efectivos, frente a derechos de audiencia, seguridad jurídica, principio de inocencia y debido proceso, debió decantarse por estos últimos. Les doy una razón muy simple: existían alternativas jurídicas para lograr el propósito, por ejemplo, jueces especializados para autorizar y controlar esos bloqueos.
A este ritmo, luego de la ley espía, de biométricos y ahora de facultades omnipotentes de la UIF, el estado mexicano consagra el momento de mayor poder autoritario del gobierno mexicano, que ni el más sádico de nuestros anteriores dictadores pudo tener.
Espero que esta prueba de desempeño de la nueva Corte, sea motivo suficiente para iniciar un cambio de régimen urgentemente, con cita en 2027, para cambiar de entrada la Camara de Diputados, enviando mucha mejor gente que pueda incidir en corregir esta desgracia, recuperando una Corte digna y comprometida con derechos humanos. Al tiempo.
About The Author
