La reforma electoral está redactada de acuerdo al legado lopezobradorista para reducir la pluralidad de la representación, romper con la equidad en las contiendas electorales y terminar por controlar la organización de las elecciones.
La semana pasada inició el foro sobre la reforma electoral, mismo que pasó prácticamente desapercibido. El cúmulo de evidencias que se acrecientan día con día sobre la corrupción y los probables vínculos de funcionarios morenistas con el crimen organizado opacó no solo eso, sino incluso la visita del primer ministro canadiense.
Así, la remisión ipso facto de Bermúdez Requena —a la manera en que el gobierno mexicano entregó 59 presos a los EU— y las implicaciones, ya sea por acción u omisión, que sus declaraciones podrían tener para el hoy coordinador del bloque de la 4T en el Senado, ocuparon la mayor atención pública. No podía ser de otra manera, ya que se trata de quien, como gobernador o secretario de Gobernación o aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República, debió al menos haberse percatado y haber iniciado investigaciones sobre funcionarios que estuvieron bajo su tutela; al menos así procedió el exsecretario de Marina.
Por otro lado, el llamado huachicol fiscal amenaza con implicar a gobernadores e incluso a quienes tuvieron altas responsabilidades en la dirección de Morena y en la organización de las elecciones del 2021 y del 2024, ya que el tema no solo es el origen ilícito de los recursos, sino que el destino, al parecer, no solo fue a los bolsillos de algunos, sino al financiamiento de campañas.
Y sigue la mata dando. Ahora una diputada de la “nueva mayoría” y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, es imputada directamente por el gobierno norteamericano por sus vínculos con el crimen organizado. Recordemos que ya antes a la actual gobernadora de aquel estado y a su esposo les fueron retiradas las visas requeridas para el cruce fronterizo. Sin duda, algo no solo huele muy mal en aquella entidad, como también en Sinaloa, Tamaulipas y otros estados del país. Lo relevante en este caso es que ya no se trata de los gobiernos neoliberales, sino de aquellos emanados de “la honestidad valiente y la austeridad republicana”.
Destapar todo esto y además las sospechas de que miembros de la familia de López Obrador hayan utilizado ese carácter para hacer cuantiosos negocios le viene bien a la sociedad mexicana; es parte de lo que podríamos llamar la necesaria salud pública, el no tener ni ceguera ni oídos sordos ante el abuso de posiciones y recursos públicos para beneficios privados. El problema es para la actual presidenta de la República, quien se juega su liderazgo entre “administrar” estos hechos o profundizar en los mismos, aunque eso ponga en tensión a los grupos que emanan de su antecesor y que hoy siguen ocupando importantes posiciones necesarias para la operación y reproducción de la 4T.
Pero además, no estamos solo frente a un problema doméstico; la presión del gobierno de Donald Trump respecto de lo que el crimen organizado en México significa para la seguridad de los Estados Unidos será una bandera que mantendrá en lo alto como parte de su campaña hacia las elecciones intermedias del próximo año. Lo que está quedando claro, y así lo deja ver la reciente visita de Marco Rubio y otros funcionarios norteamericanos, es que para ellos no se trata de un tema de coyuntura al que se le puede bajar volumen con uno u otro acto mediático, sino que se trata de una política estatal y electoral.
De manera tal que el gobierno de la Dra. Sheinbaum enfrenta una fuerte presión externa y, por otro lado, los límites de su gobernabilidad. Sobre esto último, la realidad está a la vista: el senador Adán Augusto López está perdiendo el control de su bancada y el diputado Ricardo Monreal ha bajado el volumen a su protagonismo; se trata de dos de los principales operadores legados por López Obrador.
Si bien estos hechos describen la coyuntura y cómo se resuelvan definirán en buena medida la viabilidad y el alcance de la presidencia de la Dra. Sheinbaum, no podemos dejar de ver un poco más allá, y me refiero a la reforma electoral y a la reciente visita del premier canadiense; ambos acontecimientos tienen que ver con lo estructural.
En el primer caso, se trata de las reglas de acceso al gobierno y a los cargos de representación política. Si como iniciaron los foros en la materia va a indicar la tónica de lo que sigue, estamos ante un empobrecido escenario en donde la oposición es prácticamente inexistente y aquello se convertirá en una cámara de eco para el proyecto que busca perpetuar al gobierno de la 4T.
Desde la forma misma se puede ver la consideración que los organizadores tienen sobre el foro. Si bien la invitación es abierta para que cualquier ciudadano pueda participar, su exposición se reduce a cinco minutos y no se propicia un debate que contraste diagnósticos, evaluaciones y propuestas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos ante una simulación, pues seguramente el proyecto está ya redactado de acuerdo al legado lopezobradorista para reducir la pluralidad de la representación, romper con la equidad en las contiendas electorales y terminar por controlar la organización y calificación de las elecciones.
Ante esta simulación, llama la atención que, por lo que hace a la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, el coordinador de la mayoría en el Senado negó la posibilidad de abrir un foro bajo el argumento de que la reforma urgía y señaló que la propuesta será presentada a la brevedad para ser aprobada a más tardar la primera semana de octubre.
En el primer caso, se trata de las reglas de acceso al gobierno y a los cargos de representación política. Si como iniciaron los foros en la materia va a indicar la tónica de lo que sigue, estamos ante un empobrecido escenario en donde la oposición es prácticamente inexistente y aquello se convertirá en una cámara de eco para el proyecto que busca perpetuar al gobierno de la 4T.
Desde la forma misma se puede ver la consideración que los organizadores tienen sobre el foro. Si bien la invitación es abierta para que cualquier ciudadano pueda participar, su exposición se reduce a cinco minutos y no se propicia un debate que contraste diagnósticos, evaluaciones y propuestas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos ante una simulación, pues seguramente el proyecto está ya redactado de acuerdo al legado lopezobradorista para reducir la pluralidad de la representación, romper con la equidad en las contiendas electorales y terminar por controlar la organización y calificación de las elecciones.
Ante esta simulación, llama la atención que, por lo que hace a la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, el coordinador de la mayoría en el Senado negó la posibilidad de abrir un foro bajo el argumento de que la reforma urgía y señaló que la propuesta será presentada a la brevedad para ser aprobada a más tardar la primera semana de octubre.
