Como en los viejos tiempos, la Presidenta Claudia Sheinbaum se festejó el domingo en la Plaza de la Constitución, alias el Zócalo, con el pueblo reunido.
El pretexto fue el comienzo de su segundo año de ejercicio constitucional, iniciado por primera vez el 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre, como fue por muchos años. Además de eso, tuvo lugar el cierre de los Informes al pueblo, que, por primera vez, se realizaron en todos los estados del País.
Este ejercicio no tiene base en ninguna ley. Lo que sí está señalado en el Artículo 69 de la Constitución es: “En la apertura de las Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país”.
Esta obligación es semejante a lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos, que señala que el Presidente de aquel país informará periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión. En esa nación no se señala que ese Informe sea por escrito, como sí lo hace la nuestra.
Desde 1917, el Artículo 69 decía que el Presidente debía asistir al Congreso y presentar un Informe por escrito. Esa obligación se reformó en el 2008 para señalar sólo que lo presentaría por escrito, como sucede desde entonces.
Esto fue por los escándalos en la toma de protesta de Felipe Calderón y en el único Informe en persona ante el Congreso, para evitar los problemas que se presentaron en los años posteriores a la disputada elección de 2006, cuyas secuelas las seguimos padeciendo.
Ahora, la presencia de los Presidentes para rendir su Informe ocurre en el Palacio Nacional, ante empresarios y políticos de curso legal. Nada obliga a ese ritual, pero se ha hecho desde hace años.
Después se presenta otro Informe masivo en el Zócalo, con un «baño de pueblo». Con AMLO, a eso se limitaba, pero ahora la fiesta se hizo a lo largo y ancho del País y, este domingo pasado, se celebró en el corazón de la República.
Pero los problemas continúan. No se van a resolver con discursos, aunque sirven para reforzar la buena imagen de Sheinbaum.
A diario, la Presidenta dice –y lo repitió el domingo– que en México gobierna el pueblo. Eso no es cierto ni en las democracias populares, como se autodenominan algunos países.
El Gobierno conduce los asuntos públicos del País, no podría ser de otra manera. Ella misma lo reconoce al señalar que ya se recuperó la rectoría del Estado.
La verdadera rendición de cuentas, de la que poco sabemos, es la que se señala en la Constitución y que corre a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, establecida en el Artículo 79 y ubicada en la Cámara de Diputados.
En todos los Estados existen esos órganos de fiscalización, que revisan las cuentas públicas de todos los Gobiernos del País, Federación, entidades y municipios.
No obstante, el gasto público del País es ejercido de manera discrecional. No se respetan los presupuestos aprobados en ninguno de los Gobiernos. Los órganos fiscalizadores revisan muy poco del gasto y quizá recuperan mucho menos de lo que cuesta esa fiscalización.
Ejemplos hay muchos: mucha propaganda en medios masivos de todos los alcaldes, gobernadores y poderes federales; ésta puede ser superior a la propaganda privada comercial.
Pocos resultados palpables se ven de la fiscalización de las 33 Auditorías Superiores del País. Al estar ubicadas bajo la dirección de los Congresos, carecen de plena autonomía y con frecuencia están cooptadas por los partidos.
En la reforma política de 1976-77 se reforzó, en el Artículo 74, la fiscalización de las cuentas públicas, lo que no se ha desarrollado como las otras reformas políticas.
Por lo pronto, a nadie conviene dar autonomía a esos órganos, como sucede en países desarrollados. Mientras no se ejerza racionalmente el gasto y sin apego a la política, no se acabará el despilfarro ni la pobreza.
Se habla mucho de una reforma fiscal eficiente, pero ésta empieza por gastar bien los recursos, como lo dispone la misma Constitución.
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