«La corrupción y la incompetencia son las columnas sobre las que se erige toda
kaquistocracia. No gobiernan para construir, sino para perpetuarse;
no administran recursos, sino botines; y no rinden cuentas,
porque en su mundo nadie responde por nada.»
Más de un cuarto de siglo buscando culpables
A pesar de haber controlado la Ciudad de México por casi veintiocho años, el grupo político en el poder
mantiene la misma estrategia: culpar a gobiernos anteriores y eludir responsabilidades. Desde
Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, López Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, hasta Miguel
Ángel Mancera, José Ramón Amieva, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Clara Brugada, la línea es la
misma: impreparados, corruptos e incapaces. Administraron una capital con presupuestos récord y
recursos crecientes, pero la condujeron a un deterioro visible en sus servicios y en su infraestructura,
mientras vendían la narrativa de que todo es herencia de otros.
Cifras récord en un entorno degradado
En 2024, la Ciudad de México cerró con un ingreso total cercano a 308 mil millones de pesos, un récord en
su historia reciente y un 15 % más de lo previsto por la Ley de Ingresos. A primera vista, esta cifra podría
interpretarse como señal de una administración sólida, capaz de incrementar la recaudación en un
entorno económico incierto. Sin embargo, detrás del aparente éxito fiscal se esconde una paradoja
inquietante: nunca se recaudó tanto… y, sin embargo, nunca fue tan evidente el deterioro de la
infraestructura y los servicios que sostienen la vida urbana.
El peso desproporcionado del Predial y el ISN
Los ingresos locales, que representaron alrededor del 40 % del total, se sostienen sobre dos pilares que
hoy cargan con un peso excesivo: el Impuesto Predial y el Impuesto Sobre Nóminas. El primero aportó en
2024 unos 23.7 mil millones de pesos, impulsado por actualizaciones catastrales y ajustes tarifarios que
para muchos hogares significaron un incremento significativo de su carga fiscal. El segundo, con alrededor
de 35.5 mil millones, depende directamente del dinamismo laboral formal y de la capacidad empresarial
para absorber incrementos sin trasladarlos a despidos o reducciones de inversión. Juntos, concentran
buena parte de los ingresos tributarios, revelando una estructura impositiva que exprime a contribuyentes
residenciales y a la economía productiva, mientras deja intactas amplias zonas de informalidad y privilegio
fiscal.
El oxígeno federal y la asfixia local
La paradoja se vuelve más aguda cuando se observa que más de la mitad del presupuesto capitalino —159
mil millones en 2024— provino de transferencias federales. Aportaciones, participaciones e incentivos
fiscales que, lejos de traducirse en mejoras visibles, parecen diluirse en un gasto público donde la prioridad
política ha desplazado al mantenimiento urbano y la inversión en infraestructura esencial. Las cifras no
mienten: con este nivel de recursos, el deterioro del transporte público, la crisis de abastecimiento de
agua, la saturación hospitalaria y el abandono de espacios públicos no pueden justificarse únicamente en
términos de “limitaciones presupuestarias”.
Seis años de deterioro acelerado
Desde 2018, el deterioro es visible en cada tramo de la ciudad: fugas y cortes de agua más frecuentes,
calles que acumulan baches durante meses, unidades de transporte que se convierten en chatarra en
movimiento, luminarias que dejan barrios enteros en penumbra. La infraestructura estratégica, como el
Metro, ha enfrentado episodios de colapso y fallas graves, a pesar de que su mantenimiento requeriría
apenas una fracción del incremento real de ingresos observado en los últimos años. Los hospitales
públicos, que recibieron recursos adicionales durante la pandemia, vuelven hoy a operar al límite, con
insumos escasos y personal insuficiente.
La brecha entre lo que se cobra y lo que se vive No se trata, por tanto, de un problema de escasez fiscal, sino de asignación política de los recursos.
La administración local ha mantenido un gasto creciente en programas de transferencia directa de efectivo y
proyectos de alto perfil propagandístico, mientras posterga inversiones que requieren continuidad,
planeación y supervisión técnica. El resultado es un modelo de ciudad donde los números de la haciendapública mejoran, pero la calidad de vida se degrada.
El Impuesto Predial, por ejemplo, se ha justificado bajo el argumento de financiar infraestructura y
servicios. Pero el ciudadano que cumple puntualmente descubre que su pago no se traduce en un mejor
drenaje pluvial, en calles más seguras o en parques mejor cuidados. Del mismo modo, las empresas que
sostienen el ISN no encuentran en el gobierno local un socio que reinvierta lo recaudado en seguridad
pública, movilidad o competitividad urbana.
En otras palabras, la Ciudad de México vive una desconexión entre su recaudación récord y su estado físico
y funcional. El deterioro desde 2018 no puede explicarse por falta de dinero, sino por un ciclo de
prioridades políticas que privilegia lo inmediato y visible para el capital electoral, y que sacrifica lo
estructural y lo invisible —aunque esencial— para la operación de una metrópoli de más de nueve millones
de habitantes.
Conclusión: la capital como espejo de un régimen
La conclusión es inevitable: no estamos ante un problema técnico o contable, sino ante una decisión
política sostenida durante varias administraciones consecutivas y bajo un mismo proyecto partidista que
ya lleva casi veintiocho al mando. Desde 1997, el modelo de gobierno de la capital ha optado por canalizar
recursos crecientes hacia esquemas de visibilidad electoral, mientras posterga la renovación y el
mantenimiento de la ciudad real. Este patrón no es accidental; responde a una lógica de control político
que asume que la ciudadanía tolerará el colapso gradual de los servicios a cambio de transferencias
inmediatas o discursos triunfalistas.
La Ciudad de México es hoy el retrato vivo de la corrupción y la incompetencia de la Cuarta
Transformación: una capital con ingresos históricos, pero con servicios y espacios públicos al borde del
colapso; un territorio gobernado por quienes, con todo el tiempo y recursos a su alcance, eligieron
administrar la decadencia mientras vendían la ilusión de cambio.
El costo de esta estrategia ya se mide en
agua que no llega, trenes que no funcionan, calles que se vuelven intransitables y hospitales que dejan de
curar. Y ese costo, tarde o temprano, será más alto que cualquier cifra de recaudación récord.
