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En La Silla Rota, Julio Castillo López plantea una tesis incómoda en “El narcogobierno del narcopartido”: México no enfrenta solo inseguridad, sino un colapso democrático. Cuando el ciudadano ya no distingue si el poder aplica la ley o la administra para los violentos, el Estado deja de proteger y comienza a negociar. Con base en investigaciones periodísticas y una acumulación de indicios –narco-pactos electorales, asesinatos de alcaldes, huachicol y violencia política–, Castillo advierte que la soberanía se subasta y la última frontera es cívica: no aceptar la normalización ni el silencio.
Un reporte de Latinus, firmado por Héctor Gordoa y basado en datos de Causa en Común, documenta una violencia cotidiana que dejó de ser excepcional. En 2025 se registraron 4,783 atrocidades y 6,707 víctimas: tortura, mutilaciones, masacres, feminicidios con crueldad y fosas clandestinas. El promedio de 13 atrocidades diarias revela una persistencia estructural y un riesgo mayor: que el horror repetido se vuelva paisaje y pierda su carácter inadmisible.
Desde Excélsior, Pascal Beltrán del Río utiliza el revuelo por los conciertos de BTS para ir más allá del espectáculo. En “Una carta a Seúl”, contrasta a México y Corea del Sur, países que partieron de condiciones similares y tomaron rutas opuestas. La lección no está en el K-pop, sino en la apuesta coreana por educación, innovación, ahorro y Estado de derecho frente al rezago mexicano. El problema, sugiere, no es cultural, sino de proyecto nacional.
En El Imparcial, Sergio Sarmiento analiza la masacre de Salamanca –once personas asesinadas tras un partido de futbol– como síntoma de una violencia persistente que el discurso oficial minimiza. En “Masacre en la cancha”, critica la brevedad con la que el poder abordó el caso y la desconexión entre la gravedad de los hechos y una agenda pública ocupada en gestos simbólicos. Los comunicados de condena, advierte, no sustituyen a la justicia.
Desde El País, David Marcial Pérez expone el deterioro de la embajada de México en Londres: hostigamiento laboral, uso indebido de recursos, parálisis operativa y nombramientos sin trayectoria diplomática. Más que un episodio aislado, el caso revela un patrón de improvisación y clientelismo que erosiona la política exterior y debilita la presencia internacional del país.
En Aristegui Noticias, Mario Luis Fuentes describe la extorsión como un mecanismo estructural que destruye economías locales. Más corrosiva que otros delitos patrimoniales, opera como un “impuesto ilegal” permanente que desalienta la inversión, empuja a la informalidad y vacía la legalidad. El problema se agrava cuando la corrupción institucional replica prácticas extorsivas desde el propio Estado.
Finalmente, en Persuasion, Francis Fukuyama advierte que el repliegue de Donald Trump tras sus amenazas sobre Groenlandia no es un ajuste táctico, sino un síntoma de ruptura del orden internacional. La política exterior basada en impulsos personales erosiona la credibilidad de las alianzas y abre el riesgo de escaladas mal calculadas. Ante ese vacío, Europa –plantea– deberá asumir mayor autonomía estratégica si quiere sostener el multilateralismo.
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